La Comunidad de Madrid ejercitará la acción popular en situaciones donde se ataque el patrimonio natural, se perjudique el patrimonio histórico-artístico o se realicen delitos que obstaculicen la celebración de eventos y espectáculos públicos. Este miércoles, el Consejo de Gobierno ha conocido, como parte del trámite previo de audiencia, el Anteproyecto de Ley que incluye estos tres nuevos ámbitos de competencia. El objetivo es fortalecer la protección de ciertos bienes y eventos públicos de interés general frente a conductas delictivas de gran gravedad.
Se añadirán estos tres nuevos ámbitos competenciales a los casos de violencia contra la mujer y terrorismo, en los cuales el Gobierno regional ya actúa para proteger los intereses de las víctimas, sus familias y la sociedad en general. Se espera que la ley sea aprobada antes de verano y se aplicará sin efecto retroactivo.
Con el propósito de permitir el ejercicio de la acción popular en los procesos penales relacionados con delitos de incendio y ataques a los recursos naturales y al medioambiente, que presentan un impacto territorial notable y una gravedad considerable, el Ejecutivo autonómico llevará a cabo modificaciones en la Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid.
La adaptación de la Ley 17/1997, del 4 de julio, que regula los Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, también se llevará a cabo para facilitar la participación en los procesos penales relacionados con delitos de desorden público. Estos delitos han obstaculizado o impedido la realización de eventos y actividades de interés general, como la Vuelta Ciclista a España, que en su última edición fue interrumpida en varias ocasiones por grupos de manifestantes, incluyendo la suspensión de la etapa final a pocos kilómetros de la capital. Además, se realizarán modificaciones en la Ley 8/2023, del 30 de marzo, sobre el Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, con el fin de incorporar los delitos relacionados con bienes que poseen un valor histórico, artístico, científico o monumental.
A pesar de que el Gobierno regional se presente para ejercer la acción popular, el texto del anteproyecto establece que la Comunidad de Madrid también puede intervenir en los procesos penales si resulta directamente perjudicada (acusación particular), así como para reclamar el monto de los daños causados por el delito (acción civil) o para llevar a cabo cualquier otra acción que considere pertinente.
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