www.madridiario.es
Las medidas restrictivas en Madrid entran en vigor a las 22 horas
Ampliar
Las medidas restrictivas en Madrid entran en vigor a las 22 horas (Foto: COMUNIDAD DE MADRID)

López critica que el Gobierno de Pedro Sánchez haya decretado un "estado de alarmilla" en Madrid

martes 20 de octubre de 2020, 11:37h

Enrique López, consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, ha vuelto a llamar al Gobierno de la nación que "a la responsabilidad" frente a la Proposición de Ley que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha presentado para modificar la designación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), esperando que este proyecto “se aparte lo antes posible” y caiga en el olvido, ya que lo considera de una “regresión absoluta”. Asimiso, el consejo ha vuelto a crititar el decreto del estado de alarma en la región madrileña, señalando que ha sido "un atropello" a las compentencias regionales y que, más bien, se ha tratado de un "estado de alarmilla".

El consejero ha participado en una nueva edición de Nueva Economía Forum Online, una cita que ha sido mediada por el presidente de la institución, José Luís Rodríguez, y que ha contado con el mecenazgo de las entidades Asisa y Evolutio. Además de las preguntas de los periodistas, el evento ha contado con la participación de delegada del Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz, la consejera de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, así como del decano del Colegio Abogados de Madrid, José María Alonso Puig.

Tal y como ha señalado al inicio de su intervención, López considera que la única forma de salir de la actual situación, que como ha señalado Rodríguez ha creado un clima de “gran agitación y crispación política”, es mediante la “capacidad de acuerdo y diálogo”. El consejero ha indicado que, a su parecer, es el momento de “dejar de cabar trinchera y empezar a construir puentes”, una labor que recae en “los que gobernamos”.

A la oposición, ha dicho, hay que exigirle que sea “constructiva” y que “sin dejar de serlo, en momentos como este se convierta en un elemento activo para remover la situación tan drámatica que estamos viviendo”. Tal y como ha señalado, “es muy difícil que, cuando el Gobierno caba trincheras, la oposicion cnstruya puentes”. En este punto, ha solicitado que sea el Gobierno central el primero en dar gesto de ello, algo que ve complicado por estar formado por “un partido muy radical que cree muy poco, por no decir nada, en la democracia liberal” y que está “radicalizando” al otro partido de la coalición.

Preguntado sobre la causalidad de los traslados de presos de la banda terrorista ETA a cárceles próximas al País Vasco, así como algunas excarcelaciones que se han llevado a cabo a lo largo de los últimos años, López ha señaldo que se trata de un hecho relacionado con la “necesidad del Gobeirno de la nación, que tuvo que contar con el apoyo de Bildo y ERC, en ocasiones directo”. En este sentido, ha indicado que a los “etarras” la sociedad española “no les debe absolutamente nada”, por lo que es “el momento de reivindicar la memoria de nuestras víctimas del terrorismo y no permitir que se perturbe y se corrompa el terrorismo de ETA”.

“No ha habido nunca una lucha armada, como ha señalado hoy el presidente Sánchez”, ha indicado López, que ha añadido que dicho Gobierno “precisa” puntualmente del apoyo de Bildu y, si bien este partido “se ganó el derecho, tal y como dictó el Tribunal Constitucional, de ser un agente político” a día de hoy, lo que “no tiene derecho alguno es a convertir en actor relevante” en el ámbito político español. “Bildu no tendría que tener en estos momentos ningún tipo de responsabilidad en ningún acto que pueda comprometer la actividad política de este Gobierno”, ha sentenciado el consejero.

“Estado de alarmilla”

Por otra parte, López ha explicado que el hecho de que la Comunidad de Madrid ha sido muy beligerante con el decreto de estado de alarma en nueve ciudades de la región radica en que ha sido un “acto de arbitrariedad y de manifiesta ilegalidad”, un motivo por el cual después del decreto de estado de alarma en la Comunidad Foral de Navarra no decaen las razones de crítica de esta medida en la región madrileña, ha indicado. En estos términos, López ha indicado que la “imposición” del estado de alarma tuvo como objetivo “que no se aplicaran las medidas diseñadas por la Comunidad de Madrid, que estaban funcionando, para que se pusieran en marcha las del ministro Salvador Illa”, las cuales ha calificado como “menos eficaces”.

“Esto ha sido un completo disparate legal y, sobre todo, un atropello al autogobierno de la Comunidad de Madrid, una intromisión en toda regla en sus competencias”, ha dicho López después de exponer que el objetivo del Gobierno de la nación era que los madrileños “no salieran el fin de semana, algo que la Comunidad ya estaba consiguiendo con sus campañas de concienciación” y que, además, provocó que “se ampliara la movilidad” dentro de la región debido a que se trató de un cierre perimetral. "Más que un estado de alarma es un estado de alarmilla", ha criticado López durante una entrevista en Nueva Economía Fórum.

En cuanto a qué espera que pase este viernes cuando decaiga en Madrid el estado de alarma, el consejero ha indicado que el Gobierno regional, a través de su autoridad sanitaria, dictará las “ordenes que entida que son adecuadas” para combatir el virus. “Estamos en una situación grave, pero de bajada. No podemos ser optimistas pero sí realistas”, ha dicho López, que ha señalado el descenso en las cifras de la atención hospitalaria y de ingreso en las UCIs de los hospitales de la región. “Tenemos un equipo técnico que se rige por criterios técnicos”, ha incidido el consejero, quien ha hecho hincapié en que tanto el consejero de Sanidad, Enrique Ruíz Escudero, como el viceconsejero Antonio Zapatero, así como la mayor parte de miembros de la dirección de la consejería, son además perfiles sociosanitarios y médicos.

Así, López ha insistido en que la Comunidad de Madrid, una vez decaiga el estado de alarma, "persistirá" en las limitaciones por zonas básicas de salud, tal y como ha venido haciendo el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso en los últimos meses. En estos términos, y pregutado por Inmaculada Sanz sobre el tema, el consejero ha recalcado la necesidad de que haya cooperación entre adminsitraciones, indicando además que “la que tenemos con el Ayuntamiento de Madrid y con otros municipios es excelente”, un hecho que no se ha dado con la Delegación del Gobierno.

“Esta relación ha sido marcada por altos y bajos, sin duda debido al propio perfil del delegado del Gobierno”, José Manuel Franco, con quien ha asegurado que “en lo personal tengo una relación excelente, pero en lo profesional en ocasiones no sabemos si hablamos con el delegado del Gobierno o con el responsable del Partido Socialista en la Comunidad de Madrid”, ha dicho. Igualmente, el consejero ha indicado que en el momento en el que se comenzaron a aplicar las restricciones de movilidad por áreas de salud, el 21 de septiembre, no solo no tuvieron “buenas palabras” por parte de la institución, sino que “no tuvimos ningún aporta de Policía Nacional y Guardía Civil para el control de nuestras medidas”.

Cambio en el CGPJ

Sobre la situación de enfrentamiento en temas relacionados con la Justicia, “la abogacía madrieña representa más de un tercio del total de la abogacía española, por lo que los problemas que se puedan plantear a nivel general tienen un especial impacto en la abogacía de Madrid”, ha dicho Puig, quien ha señalado que están viendo “con extremada preocupación” lo que está sucediendo en torno a la “remodelación del Consejo General del Poder Judicial”. De hecho, el decano ha dicho que este lunes el Colegio de Abogados de Madrid emitió un comunicado al respecto, mostrando su desacuerdo con las medidas que se están anunciando por parte del Gobierno de Pedro Sánchez y el cambio en el status quo “a la hora de designar a los magristrados”.

Además, Puig ha indicado que “se está siguiendo un cauce, como el de la Proposición de Ley, que en un primer momento no está contemplado para que el partido del Gobierno tramite Proyectos de Ley”, puesto que la Proposición de Ley está contemplada para que sea la oposición las haga. “A través de este mecanismo el Gobierno está evitando que órganos tan importantes como el Consejo General del Poder Judicial o el Consejo General del Estado emitan su informe en este sentido”, ha dicho el decano. “Como defensores de los ciudadanos, como los que tenemos que hacer valer sus derechos, es totalmente contrario a la seguridad jurídica que los representantes de la Judicatura sean designados por el Gobierno de turno, no solo el actual, sino cualquiera que pueda venir en el futuro y goce de mayoría absoluta en el Parlamento”, ha indicado.

En estos términos, el consejero de Interior, Justicia y Víctimas ha vuelto a "llamar a la responsabilidad del Gobierno" para que retire la reforma presentada como Proposición de Ley por los grupos parlamentarios de PSOE y Podemos dirigida a rebajar la mayoría necesaria para designar a los vocales del CGPJ. Frente a dicha propuesta contrapone la reforma presentada ayer por el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, para que los vocales judiciales sean elegidos por los propios jueces.

La propuesta que sustenta la coalición de Gobierno, ha señalado, va en contra de lo que dice Europa tanto en la Convención de Venecia como el Grupo de Trabajo contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa, y además ha sido cuestionada por la inmensa mayoría de las asociaciones de jueces y por varios tribunales superiores de justicia. "Espero que este proyecto se aparte lo antes posible y pensemos que nunca existió, porque es una regresión absoluta, nos acerca a la Venezuela de Chávez y a países a los que se ha abierto expediente como Polonia", ha señalado.

López ha reiterado que más del 95 por ciento del los jueces deben su puesto a su esfuerzo personal, la antigüedad o la especialización que han realizado, mientras que el 4 por ciento restante son nombramientos del CGPJ en la cúpula judicial. "De ahí la importancia de que este organo esté exento de esa imagen de politización", ha añadido. Por ello, apuesta por la propuesta presentada por Casado, que va en la línea de las exigencias de Europa y de lo que señaló el Tribunal Constitucional cuando en 1986 validó que los vocales fueran elegidos por el Congreso y el Senado "pero con la cautela de la mayoría de tres quintos" de los apoyos. Además, ha insistido en que la reforma planteada tres quintos por esta reforma "debe ser expulsada cuanto antes del Parlamento".

Por otro lado, López ha rechazado que el Partido Popular esté bloqueando ningún acuerdo porque en realidad se estaba trabajando en él sólo desde el pasado mes de junio, con independencia de que los vocales se encuentren en funciones desde diciembre de 2018. "Se intentó alcanzar acuerdo en 2018 y fue una revelación por parte del entorno de la ministra Dolores Delgado sobre el candidato a la presidenta la que acabó con ese acuerdo, y en 2019 hubo dos elecciones generales no se podía renovar nada", ha explicado, para añadir que desde enero sí que se intentó de nuevo renovar el CGPJ .

"Pero lo primero que nos encontramos es que se nombra a la ministra fiscal general, y después en estado de alarma era imposible negociar nada por lo que no estamos en situación de empezar hablar hasta el pasado mes de junio", ha añadido López. En este punto a defendido la propuesta del PP y ha rechazado que pueda calificarse de estrategia para justificar la falta de acuerdo con el PSOE. A su juicio, Casado "fue muy claro" en su exposición y dijo que el PP está dispuesto a cumplir con su obligación constitucional, si bien " puso condiciones llenas de sentido común".

La primera sigue siendo que Podemos no participe en las negociaciones, por ser un partido "radical que pide la abdicación del Rey, que propone marcos jurídicos para la independencia en Cataluña y dice que detener etarras es cuestión del pasado", ha insistido, para señalar que otras condiciones pasan por avanzar en la despolitización del órgano de gobierno de los jueces mediante la búsqueda de "perfiles profesionales e independientes", o vetando que personas que hayan ejercido cargos políticos puedan ser vocales en los siguientes diez años de dejar el cargo. "La tercera es que evidentemente se retire o decaiga la propuesta de reforma , eso es lo que ha propuesto Casado y estamos a la espera de la respuesta del PSOE", ha concluido.

Pago de indemnizaciones a las victimas

López ha indicado en su intervención, asimismo, que la Comunidad de Madrid abonará en esta legislatura las indemnizaciones pendientes a las víctimas del terrorismo "no solo por ser una obligación legal" sino al considerar que se está reparando "el gran sacrificio que de forma involuntaria han hecho las víctimas como consecuencia de la barbarie del terrorismo".

El consejero ha aseverado que el Gobierno regional "todavía no ha llegado al límite de todo lo que pueden hacer por el colectivo", al tiempo que ha señalado que “además de abonar estas indemnizaciones, lo que tenemos que tener muy claro es que la memoria de los fallecidos y el dolor de los vivos tiene que permanecer indeleble en esa que ahora se denomina Memoria Histórica", ha reseñado. López ha subrayado que es "curioso" que algunos parece que olvidan el pasado presente y recuerdan lo que no vivieron, "olvidándose de las víctimas que en estos momentos siguen presentes en la sociedad española como consecuencia del terrorismo".

El pasado 3 de junio, el Consejo de Gobierno autorizó un gasto de 4.952.906 euros para el año 2020, cantidad destinada a la concesión de indemnizaciones por fallecimiento y daños físicos y psíquicos a víctimas del terrorismo, tal y como está previsto en la Ley 5/2018, de 17 de octubre para la Protección, Reconocimiento y Memoria de las Víctimas del terrorismo.

¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)

+

2 comentarios