Leganés se queda solo en su rechazo a aplicar la tasa de basuras

Leganés no da su brazo a torcer en su negativa a aplicar la nueva tasa de basuras, a pesar de que la Ley de residuos y suelos contaminados para una Economía Circular obliga a todos los municipios de España a instaurarla antes del 10 de abril de este año. El resto de pueblos y ciudades bajo el gobierno del Partido Popular en la Comunidad de Madrid han decidido alinearse con la postura del Gobierno regional: acatarla a regañadientes.

Fuentes del Consistorio de Leganés han informado a Europa Press que, por el momento, el alcalde Miguel Ángel Recuenco (PP) no hará más declaraciones sobre el asunto. En un vídeo publicado en la red social X (antes Twitter), el alcalde de Leganés alertó el 2 de enero que su Ayuntamiento no implementaría el tributo estatal. "Ni vamos a aplicar para este 2025 la tasa de basuras de Pedro Sánchez y tampoco vamos a subir ningún otro impuesto. Creemos en una fiscalidad baja y, con eso, prestar el mejor de los servicios", declaró en esa ocasión.

🗓️ En el primer día laboral del año, el alcalde de #Leganés @marecuencopp informa a los vecinos de los planes con el nuevo presupuesto: una mejora de todos los servicios públicos, centrándose en un nuevo contrato de limpieza, y sin subir ni la tasa de basuras ni ningún impuesto pic.twitter.com/6WgYbMRpAA

— Ayuntamiento de Leganés (@AytoLeganes) January 2, 2025

Fuentes del municipio han indicado que "está centrado en sacar los Presupuestos" el Gobierno local, conformado por el PP y ULEG. Este asunto se encuentra en fase de negociación y, según las mismas fuentes, es "lo suficientemente importante como para no pronunciarse" acerca de la tasa de basuras.

Torrelodones "va a cumplir la Ley"

Torrelodones, uno de los últimos municipios en dejar de oponerse al impuesto, confirmó a Europa Press que la tasa "irá al Pleno municipal próximamente" y que la localidad "va a cumplir la Ley".

A causa de las discrepancias entre el Gobierno del PP y Vox, cuyas votaciones son imprescindibles para avanzar en la modificación de las ordenanzas fiscales, el Ayuntamiento se vio obligado a posponer la implementación del nuevo impuesto. En diciembre, Concha Pastor, la concejal delegada de Hacienda del municipio, ya había señalado que "el objetivo es apurar los plazos y conseguir el consenso necesario entre los grupos políticos para aprobar la tasa antes de abril de 2025".

Alcobendas la aplicará "por imposición" de Sánchez

Alcobendas, otro de los municipios que ha manifestado su firme oposición a la medida, cuenta con una alcaldesa comprometida. Rocío García reafirmó hace unos meses su decisión de "no aplicarla hasta la imposición del Gobierno central". La regidora declaró: "En Alcobendas nos negaremos a cobrar a los vecinos salvo que lo imponga la ley.

Si el Gobierno de la nación rectifica y elimina la obligatoriedad de este 'basurazo' de Sánchez, Alcobendas nunca cobrará la tasa de basuras". Hasta ahora, el Gobierno central no ha realizado ninguna modificación en su postura, lo que sugiere que Alcobendas podría verse obligada a implementarla finalmente.

El Gobierno regional insta a los municipios a aplicar el 'sanchazo'

El cumplimiento de la ley fue solicitado por el Gobierno Regional. A principios de semana, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, instó a los ayuntamientos de la región a aplicar "el sanchazo" de la tasa de basuras, a pesar de que no estuvieran de acuerdo con ello. Esta declaración se interpretó como una crítica sutil hacia la postura del alcalde de Leganés. Además, García Martín reafirmó su desacuerdo, pero hizo un llamado a respetar la legislación estatal.

Estas declaraciones se produjeron unos días después de que el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, advirtiera al Ayuntamiento de Leganés y a otros municipios "insumisos" sobre la necesidad de implementar el impuesto municipal. En una entrevista en la Cadena Ser la semana pasada, Martín comentó: "Es llamativo que haya algún tipo de insumisión por parte de ayuntamientos del PP, cuando el propio Partido Popular no se opuso (se abstuvo) a esta ley en el trámite parlamentario, se sostuvo y favoreció su aprobación".

La alcaldesa de Alcalá de Henares y presidenta de la Federación de Municipios de Madrid (FMM), Judith Piquet (PP), opina que representa "una carga directa" para los ciudadanos y un "ataque a la autonomía fiscal municipal", ya que la financiación de la gestión de residuos se traslada únicamente a los ayuntamientos sin proporcionar los recursos adecuados. Sin embargo, también menciona que "todos los alcaldes" tienen la obligación de cumplir con la ley.

En el artículo 11 de la Ley de Residuos y Economía Circular se establece que "las entidades locales establecerán una tasa [...] que permita implantar sistemas de pago por generación y que refleje el coste real de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de los residuos, incluidos la vigilancia de estas operaciones y el mantenimiento y vigilancia posterior al cierre de los vertederos, las campañas de concienciación y comunicación, así como los ingresos derivados de la aplicación de la responsabilidad ampliada del productor, de la venta de materiales y de energía".

Se establece un plazo de tres años para la implementación del impuesto a partir de la entrada en vigor de la norma, el cual concluirá el 10 de abril de 2025.