El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) se ha pronunciado este mismo viernes en torno a las alegaciones presentadas por la Comunidad de Madrid frente a la readmisión del jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) del Hospital Universitario La Paz, Pedro de la Oliva. La justicia ha dado finalmente la razón al los servicios jurídicos del Ejecutivo regional, lo que da vía libre a la suspensión de la medida cautelar que mantenía a de la Oliva en su puesto tras haber sido suspendido de empleo y sueldo durante ocho meses por un proceso de acoso laboral. Fuentes de la Real Casa de Correos han asegurado que, una vez a aceptado el recurso presentado en favor del "interés general", enviará hoy mismo un escrito al juez para solicitar el levantamiento de la cautelar y “que este espacio pueda recuperar su operatividad”.
De acuerdo con lo expuesto por el tribunal, aclaran fuentes de Sol a este digital, "el cese se encontraba perfectamente motivado" al considerar "innegable" la "situación de conflictividad existente en la Unidad". De tal modo resultaría justificado "el cambio de apreciación en las condiciones subjetivas que determinaron el nombramiento de Pedro de la Oliva como jefe de servicio". O lo que es lo mismo, sería procedente que "el director gerente estimara adoptar una medida organizativa, consistente en el cambio de jefatura, no advirtiendo la Sala ninguna intención torticera en esa decisión, sino una valoración y defensa del interés general". En último término el TSJM ratifica la "legalidad del cese, desechando todas las irregularidades denunciadas por el recurrente en su demanda, especialmente la negación de los hechos y la falta de motivación de la decisión". Cabe destacar, no obstante, que la sentencia no es firme, lo que deja la puerta abierta a la presentación de un recurso de casación. En todo caso, concluyen mismas fuentes, "no será posible ninguna readmisión del recurrente mientras se tramita el citado recurso".
"Lo incomprensible es que hayamos tenido que llegar hasta aquí"
La noticia, tal y como cabía esperar, ha sido acogida con gran entusiasmo por parte de los profesionales del centro que, por goteo, habían decidido abandonar su puesto de trabajo -vía baja médica o renuncia- desde que de la Oliva se reincorporase a la unidad hace apenas unas semanas. “Estamos temblando, llorando, gritando”, explica una de las enfermeras del servicio en conversaciones con Madridiario.
Desde el ámbito político las reacciones tampoco se han hecho esperar. Para la líder de Más Madrid, Manuela Bergerot, se trata de una noticia “excelente”. Sin embargo, matiza, “lo incomprensible es que hayamos tenido que llegar hasta aquí por la dejadez del Gobierno de Ayuso cuando tenía que proteger a los trabajadores (...). Han sido cuatro años de maltrato laboral y dejación de funciones por parte de la Consejería. Que tomen nota y que no se vuelva a repetir". Asimismo, Bergerot continúa exigiendo una reparación por parte de la Administración pública hacia aquellos "profesionales que no pudo proteger a tiempo".
Tal y como había avanzado ya el portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García, la Comunidad era “optimista” en cuanto a la necesidad de atender al “interés general” en la resolución del TSJM. “Se ha explicado la situación de los trabajadores y la necesidad de restablecer el servicio. Lo que hemos pedido es que lógicamente se atienda al interés general y se pueda mantener la normalidad en una UCI Pediátrica que presta un servicio tan esencial, tan fundamental (…). Hemos presentado este recurso en defensa de los intereses de los pacientes y usuarios de la Sanidad pública madrileña”, anticipaba el pasado miércoles.
Batalla judicial desde 2020
Lejos de resultar novedosos a ojos de los afectados, el conflicto laboral, derivado a posteriori en crisis sanitaria, colea desde el verano de 2020. Fue en el mes de agosto cuando media docena de médicos de la UCI Pediátrica reclamaron a la gerencia del centro la puesta en marcha del protocolo de conflictos internos por un supuesto caso de acoso laboral, maltrato psicológico y actitudes vejatorias cometidas por de la Oliva. La apertura del expediente disciplinario vino entonces de la mano de una suspensión de ocho meses.
La decisión, en cualquier caso, sería recurrida y la justicia terminaría por fallar en favor del jefe del servicio. El proceso se repetiría hasta en dos ocasiones, acompasado a la renuncia de la práctica totalidad de los profesionales a su cargo, a excepción de su adjunta, dejando el servicio en 'cierre técnico' y a merced de derivaciones hacia otras unidades y traslados a hospitales próximos. Incluso la propia presidenta, Isabel Díaz Ayuso, había llegado a reconocer sin pudor alguno su pesar, y es que “se trata de una cuestión que nos gustaría haber resuelto de otra manera”.
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