El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha ordenado a la Comunidad iniciar los trámites para la creación del Registro de Personas Objetoras de Conciencia para las Interrupciones Voluntarias de Embarazo (IVE), siguiendo el protocolo aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. La medida responde a la negativa de la administración regional a cumplir la obligación legal de elaborar dicho registro.
La resolución judicial, adoptada a raíz de un recurso contencioso-administrativo presentado por la Abogacía del Estado, señala que aunque “la medida cautelar no supone la creación inmediata del registro”, sí obliga a iniciar los trámites administrativos necesarios para su elaboración y aprobación, en cumplimiento de la Ley Orgánica 1/2023, que modifica la normativa sobre salud sexual y reproductiva.
El registro tiene carácter organizativo y busca garantizar tanto el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios como el acceso de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. Según la resolución, “solo una comunidad autónoma se negó a crear el registro de objetores del aborto. Lo que no han querido hacer políticas las buenas lo harán por orden judicial”, destacó el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla.
Tras la decisión, la Comunidad de Madrid ha anunciado que recurrirá la medida, recordando que el TSJM “no entra en el fondo del asunto”. Fuentes del gobierno regional han subrayado que la prestación sanitaria de IVE está garantizada mediante derivaciones a centros autorizados cuando todos los profesionales de un servicio ejercen la objeción de conciencia.
El protocolo de coordinación para la implantación del registro fue aprobado por unanimidad el 16 de diciembre de 2024 y tiene carácter vinculante, según la resolución, con el objetivo de asegurar la planificación sanitaria y la correcta prestación del servicio en todo el Sistema Nacional de Salud.
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha celebrado la decisión como una “victoria judicial por el derecho al aborto”, subrayando que obliga a la Comunidad de Madrid a garantizar el aborto en la sanidad pública.
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