La apuesta del Ejecutivo regional por impulsar la jornada partida en los centros educativos, con clases en horario de mañana y tarde y un descanso intermedio de dos horas, es de sobra conocida. El objetivo, "favorecer la conciliación" de la vida familiar y laboral y, al mismo tiempo, "combatir el fracaso escolar, las adicciones, la soledad y la influencia de las bandas juveniles", así como "mejorar el rendimiento, el descanso y los hábitos de alimentación" del alumnado.
No obstante, el proyecto de decreto que será elevado al Consejo Escolar de la Comunidad "en los próximos días" para regular el modelo de jornada que, "con carácter general", deben adoptar los centros públicos -Infantil, Primaria, Educación Especial y Ceipsos- trae consigo un importante matiz respecto al trasfondo deseado en Sol. La jornada será -sí o sí- partida tanto en centros de nueva creación como en aquellos que hayan abrazado ya tal modalidad, pues el cambio en las normas del juego impediría de facto dar marcha atrás al proceso. La única excepción a este respecto pasa por la posibilidad de recuperar la continuada, eso sí, durante los meses de junio y septiembre. En cambio, serán finalmente las familias quienes, por votación, determinen si los colegios con jornada continua alteran o no su actual sistema. Es, en último término, la herramienta normativa activada para mitigar el veto mayoritario del profesorado.
El método elegido para revocar -o no- la jornada continua y transitar -o no hacerlo- hacia la partida resulta sencillo: democracia participativa. En primer lugar, la cuestión debe ser planteada en el seno del Consejo Escolar propio de cada centro, un órgano compuesto por integrantes de la dirección, profesores, personal administrativo, padres y madres (AMPA), alumnos y representantes municipales. Si un tercio de sus vocales así lo considera, se activará una segunda votación en la que podrán participar todas las familias de modo presencial, telemático o por correo. El resultado final será determinado, en su caso, por mayoría simple. Todo frente a los dos tercios del Consejo Escolar necesarios con anterioridad para cualquier cambio de esta índole.
Diversos sindicatos del ramo, entre los que figura AMPE Madrid, han manifestado ya su rechazo frontal a la iniciativa al considerar que se debe separar "jornada educativa de asistencial". En esta línea argumental, el sindicato estableció como "imprescindible" que las administraciones "garanticen los servicios asistenciales para el cuidado de los menores" en un comunicado remitido meses atrás a Madridiario.
En paralelo a la distinción entre la "jornada asistencial" y la meramente educativa, continuaba el mismo texto, se debe "diferenciar las administraciones responsables de cada servicio" y "los profesionales que deben garantizarlos". Solo así "se contribuye activamente al reconocimiento social de los profesores y su importancia como pilar fundamental de un sistema educativo de calidad".
"La jornada escolar no debe confundirse con la jornada asistencial. Ha de organizarse en base a criterios pedagógicos, mientras que la asistencial debe atender las necesidades de conciliación familiar. La conciliación familiar se debe sustentar en la adopción de medidas que permitan a los hijos estar el mayor tiempo posible con los padres. No somos custodios de los alumnos, somos profesionales", insistían a renglón seguido.
Asimismo, aprovechado la percha, desde ANPE Madrid reivindicaban entonces "la necesidad de hacer menos rigurosos y más flexibles" los requisitos para que los centros educativos "puedan elegir libremente" el modelo de jornada escolar, ya sea partida o continua, "como elemento que se inscribe en el desarrollo y la consecución de su autonomía pedagógica y organizativa".
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