Indemnización de 30.000 euros para Cifuentes por el vídeo de las cremas: Eroski anuncia recurso

La Audiencia Provincial de Madrid ha dado la razón a la expresidenta regional Cristina Cifuentes en la demanda que interpuso contra Eroski por no custodiar las imágenes que forzaron su dimisión en abril de 2018. Los magistrados han determinado que la cadena de supermercados vulneró su derecho fundamental a la intimidad personal.

Eroski interpondrá un recurso de casación contra la sentencia ante el Tribunal Supremo por incurrir el fallo en una infracción procesal, según han informado a Europa Press fuentes de la empresa de distribución.

Los magistrados de la Sección Vigésima han estimado de forma parcial el recurso de apelación interpuesto por Cifuentes contra la resolución de instancia, dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 82 de Majadahonda, que se revoca y dan en parte la razón a Cifuentes en la demanda interpuesta contra Cecosa Hipermercados S.L., filial de Eroski, por vulneración de los derechos fundamentales de la demandante por incumplimiento de los deberes legales de custodiar y destruir la grabación.

La difusión de las imágenes, grabadas en el establecimiento el 5 de mayo de 2011, provocaron la dimisión de Cifuentes en un momento en el que se cuestionaba la legalidad del máster que cursó en el Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) en el curso 2011-2012, un caso del que resultó absuelta por la Justicia.

Los magistrados declaran ahora que la conducta de la cadena de supermercados "es constitutiva de una vulneración del derecho fundamental de Cristina Cifuentes a su intimidad personal, garantizado en el artículo 18 de la Constitución Española".

El tribunal reduce a 30.000 euros la indemnización solicitada por la expresidenta regional por daños y perjuicios a la expresidenta, que reclamaba en la demanda 450.000 euros.

A raíz de este fallo, todo establecimiento comercial, o institución de cualquier tipo, que recoja grabaciones de seguridad, tiene que esforzarse en evitar que las imágenes grabadas se copien y en destruirlas en 30 días, si no las incorpora a una denuncia penal.