La Comunidad de Madrid, a través de su consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, ha aceptado esta mañana la renuncia del Comisionado para la Atención de las Víctimas del Terrorismo, Ignacio García de Vinuesa, exalcalde de Alcobendas, después de que hoy se haya conocido su imputación por su presunta implicación en el caso Púnica.
El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha imputado este jueves a 18 cargos y excargos del Partido Popular en el marco del caso Púnica, concretamente en el marco de la operación que investiga la contratación de informes pagados con dinero público para la mejora de su imagen en internet al empresario Alejandro de Pedro. Se les imputan delitos de malversación de caudales públicos, fraude a la administración, tráfico de influencias y prevaricación entre otros.
Entre los imputados se encuentra Ignacio García Vinuesa, hasta hoy Comisionado para las Víctimas del Terrorismo de la Comunidad de Madrid y alcalde de Alcobendas hasta que sustituyó en el cargo regional a la expresidenta de la Asociación Víctimas del Terorismo (AVT) Ángeles Pedraza tras ser nombrada gerente del organismo autónomo Madrid 112. A través de un comunicado de prensa, el Ejecutivo regional ha agradecido la larga trayectoria al servicio de los ciudadanos de García de Vinuesa, así como su contribución en el apoyo y defensa de las víctimas del terrorismo en su última etapa profesional.
El juez explica en su auto que, según se recoge en el escrito de la Fiscalía Anticorrupción, García de Vinuesa "habría concertado en el año 2011 con el investigado Alejandro de Pedro que cuidase su reputación personal en la red a través de la sociedad Eico, a los efectos de que Internet ofreciese una imagen positiva de su persona que le favoreciese". Tal y como destaca la resolución, "simultáneamente, acordaría con el mismo la estrategia para que fuesen fondos públicos quienes abonasen este trabajo, con conocimiento de que por ser servicios de índole personal tendría que haberlos pagado él".
Añade que "llama la atención" que todas las facturas relacionadas con la contratación de posicionamiento on line fuesen presentadas al Patronato Sociocultural vinculado al Ayuntamiento de Alcobendas, organismo cuyo fin es la ejecución de programas culturales, y que éste las tramitara "como contratos menores, adjudicados por decreto, fraccionando la prestación, lo que impidió la apliación del procedimiento abierto de la contratación pública". A través de estas facturas, se ha podido conocer que desde el año 2011 y hasta 2014 este organismo municipal "vino atendiendo facturas" de las empresas de De Pedro, con "conceptos imprecisos y sin concreción del trabajo realizado, encubriendo indiciariamente el pago de los servicios de reputación personal del alcalde", señala el magistrado.
Reacciones parlamentarias
Las reacciones no se han hecho esperar en la Asamblea de Madrid, donde este jueves se está llevando a cabo el Pleno de la Cámara regional. El portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, ha tachado de "espectáculo bochornoso" la imputación del comisionado al tiempo que ha sostenido que “estamos ante un Gobierno absolutamente a la deriva”.
“Quien no abandona el barco por discrepancias con la presidenta lo hace como consecuencia de una imputación. Me parece un espectáculo bochornoso", ha lanzado Perpinyà, que ha indicido en que la Comunidad debería estar "centrada en afrontar grandes retos" pero parece que a este ritmo de "dimisiones" el único que "va a faltar que dimita es el quiosquero de enfrente de la Puerta del Sol".
La diputada y portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, Pilar Sánchez Acera, ha señalado por su parte que García de Vinuesa tendrá que “dar las explicaciones ante la Justicia y ante los ciudadanos que durante tantos años confiaron en el proyecto del Partido Popular en Alcobendas”, el cual a su parecer ha hecho “tanto daño” a través de una presunta “malversación de fondos públicos municipales”.
El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, César Zafra, ha sostenido que “como en cualquier Gobierno en el que esté Ciudadanos, no puede haber imputados por corrupción”, un hecho que ha recordado que se acordó en el pacto de los 155 puntos entre PP y Ciudadanos para la formación del Ejecutivo y que, por lo tanto, “el señor Vinuesa tenía que dimitir inmediatamente”.
“Nosotros creemos que Ignacio García de Vinuesa tenía que haber dimitido mucho antes, de hecho no tendría que haber aceptado el puesto de Comisionado, como dijimos en su momento”, ha defendido la portavoz del Grupo Vox, quien ha incidido en que “por desgracia, su dimisión ha llegado cuando estaba en todos los medios”.
El portavoz del Partido Popular, Alfonso Serrano, ha asegurado que la dimisión de García de Vinuesa le "honra" y ha animado a otros partidos como a Unidas Podemos a ser también ejemplares. "Vinuesa ha dado un paso atrás, ha presentado la dimisión y le honra, ante la imputación que tiene que ver con sus responsabilidades hace muchos años, no en la Comunidad, y lo respetamos", ha trasladado Serrano en declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Cámara regional.
Esto, ha dicho, forma parte del código ético del Partido Popular y del acuerdo de investidura firmado con Ciudadanos. No obstante, ha indicado que le gustaría que otros partidos fueran también "ejemplares" como Unidas Podemos que mantiene como portavoz en la Asamblea "a una condenada por agredir a una policía" o en el Gobierno de España que hay "imputados por financiación de su partido".
"Nada nuevo bajo el sol en los gobiernos del PP. Pese a los intentos de Cifuentes y Ayuso de desvincularse de la corrupción es el mismo PP de la Púnica el que sigue Gobernando en Madrid", ha lamentado el portavoz adjunto de Unidas Podemos-IU, Jacinto Morano, en declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Cámara regional. Además, se ha preguntado si el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, se ha enterado de este hecho y "por qué sigue sosteniendo a un gobierno con imputados por debajo de las piedras".
Caso 'Púnica'
El juez Manuel García Castellón ha imputado al comisionado del Gobierno de Madrid para la Atención a las Víctimas del Terrorismo, así como a otros cuatro exalcaldes y varios concejales del PP por los trabajos de reputación 'online' que se investigan en el marco del caso 'Púnica', todos ellos investigados por los delitos de fraude, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsificación de documento mercantil y prevaricación.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha dictado un auto, con fecha del pasado 3 de noviembre y al que ha tenido acceso Europa Press, en el que acepta la petición de la Fiscalía Anticorrupción de llamar a declarar en calidad de investigados a exalcaldes del Partido Popular, como es el caso del hasta ahora alto cargo del Gobierno regional presidido por Isabel Díaz Ayuso, por su etapa como alcalde de Alcobendas; a Ana María Kringe (Denia), Juan Alfonso Bataller (Castellón), Raúl López Vaquero (Coslada) y Narciso de Foxá (Majadahonda) por el pago con fondos públicos de los trabajos que habría realizado para ellos las empresas de Alejandro de Pedro.
En este sentido, el juez también cita a declarar --aún sin fecha-- como investigados en la pieza 10 del caso 'Púnica' a concejales y trabajadores de estos consistorios por su participación en la contratación de Eico y Madiva para que mejorara la reputación de los entonces alcaldes a través de diarios digitales creados 'ad hoc', blogs, gestión de redes sociales o campañas de publicidad.
Así, imputa al que fuera jefe de Gabinete del Ayuntamiento de Denia Claudio José Reig; al concejal del Gandía, Víctor Soler; a la asesora del exalcalde de Castellón de la Plana Cristina Querol, la entonces coordinadora de Comunicación del mismo Ayuntamiento, y al concejal Juan José Pérez. También al que fuera jefe de Prensa del Ayuntamiento de Coslada; a la jefa de la campaña electoral de García Vinuesa para revalidar la Alcaldía de Alcobendas; a la exresponsable de prensa del Ayuntamiento de Majadahonda; y el que fuera responsable de Nuevas Tecnologías de este consistorio, Jaime José López Ruiz.
La lista de las nuevas imputaciones la completan el exjefe de Prensa de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, Pablo Balbín; dos empleados de las empresas de De Pedro, Abel Linares Palacios y Víctor Daniel Steinberg Rubin; y el exdirector de la Fundación para el Conocimiento Madrid+D Luis Sánchez Álvarez.
Tabajos para conseguir una "imagen positiva"
Sobre la Consejería de Educación de Madrid, el juez quiere indagar en el concierto que habrían diseñado los investigados para que los "fondos públicos costeasen de forma encubierta los trabajos de índole personal que EICO realizó" entre 2011 y 2014 a la exconsejera Lucía Figar, imputada en este caso.
En el caso de Víctor Soler, el juez pide a las Cortes Valencianas que certifique si mantiene actualmente la condición de diputado en esa cámara, pues de ser así estaría aforado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. El magistrado advierte de que en caso de respuesta afirmativa elevará una exposición elevada para remitir la causa a dicho órgano judicial para que investigue al 'popular' y que si no se encuentra aforado, será él quien le cite a declarar como investigado.
Según explica en el auto, se le investiga por concertar con el exalcalde de Gandía Arturo Torró --también imputado en esta causa-- cómo satisfacer "la deuda pendiente y afrontar el pago de nuevos trabajos de reputación" de las empresas de De Pedro con dinero público. En este sentido, señala que de la información remitida por la Agencia Tributaria se ha podido comprobar que Eico facturó en 2012 al Ayuntamiento de Gandía la cantidad de 13.100 euros y en el año 2013 la de 8.470 euros.
Con respecto al Ayuntamiento de Denia y Coslada, el juez instructor apunta que se sospecha que los trabajadores de EICO y Madiva confeccionaron facturas "mendaces" que recogían conceptos que sabían que "no eran reales". Similar operativa se realizó en Castellón, donde, según explica el auto, los investigados "para ocultar el pago del gasto personal del alcalde por el Ayuntamiento, convendrían adjudicar un contrato que simularía contratar publicidad de cobertura para campañas simuladas a otra de las empresas de la trama, Madiva".
Por último, sobre el Ayuntamiento de Majadahonda también tramitó las facturas emitidas por EICO y Madiva como "contratos menores, fraccionando la prestación de cobertura, que velaría el verdadero trabajo realizado", logrando así saltarse el concurso público o negociado. Apunta que otras facturas abonadas también "simularon" la contratación de publicidad.
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