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Francisco Granados, a su llegada a la Audiencia Provincial para declarar como testigo en el caso Espías
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Francisco Granados, a su llegada a la Audiencia Provincial para declarar como testigo en el caso Espías (Foto: EP)

Granados pide ser exonerado en la 'Púnica' como Aguirre y González

Por MDO/E.P.
jueves 20 de octubre de 2022, 20:50h

El ex consejero madrileño Francisco Granados ha pedido al juez de la Audiencia Nacional que investiga la presunta existencia de una 'caja b' en el PP de Madrid con la que se habrían financiado las elecciones de 2007, 2008 y 2011 que revoque su procesamiento por esta pieza número 9 de 'Púnica'.

En un recurso de reforma de 115 páginas, Granados asegura que su papel como director de campaña era "meramente testimonial", por lo que cree que debería ser exonerado como sus superiores, los ex presidentes Esperanza Aguirre e Ignacio González. Añade que el delito electoral que se le imputa por los comicios de 2011 está prescrito, al igual que los relativos a los de 2007 y 2008.

La defensa del ex consejero sostiene que, como director de campaña, estaba "al margen de cualquier gestión económica o posibilidad de mediar en estos aspectos con proveedores, donantes, y terceros que pudiesen ostentar posición alguna en el PP o en la campaña referida", lo que "imposibilita la comisión de cualquier ilícito".

El letrado de Granados ve una "contradicción" en el hecho de que el juez archive para "la mayoría de investigados, inclusive los que por rango en el partido y en las propias elecciones están en plano muy superior a mi defendido, en base al cargo que ostentaban, y que son los que realmente y por esas mismas circunstancias podían haber gestionado o conocido por entrar dentro de sus facultades".

En este punto, recuerda que el secretario general del PP de Madrid en noviembre de 2011 era González, "que además salió electo como 'número uno' de la lista en esa campaña y presidente, a la vez, del comité electoral, además de vicepresidente del Gobierno y persona que controlaba por su interés en dicha campaña todos los actos derivados de la misma, en unión a la presidenta del partido", Aguirre.

Llama la atención también sobre el hecho de que Aguirre y González eran "los dos máximos interesados en ganar esos comicios", por ser la presidenta y vicepresidente. "Y da la casualidad de que son los beneficiados sobreseídos como personas de rango superior", remacha.

Añade asimismo que "es un hecho no controvertido, objetivo y notorio" que Granados "fue cesado en todos los cargos que ostentaba dentro del partido y en el Consejo de Gobierno y Comunidad precisamente ese año y con posterioridad a esas elecciones" de 2011.

A su juicio, eso demuestra que Granados "ya no era persona de confianza" pero que "lo mantuvieron como director de campaña para evitar malos pensamientos de terceros que pudieran suponer perdidas de votos o perdida de elecciones". "La función que como director de campaña le conservaron lo fue testimonial, decorativa o meramente de pantalla para evitar antes de las elecciones rumores, dimes y diretes o especulaciones políticas que pudieran utilizarse por el partido de la oposición, y que se respiraban en el ambiente político y mediático del Gobierno", indica.

Con todo, afea a García Castellón que usa "un mismo criterio de forma contradictoria" que le lleva a archivar la causa para Aguirre, González o la ex consejera madrileña Lucía Figar mientras que a él le empuja hacia el juicio.

El PSOE recurre el archivo

Por su parte, el PSOE ha recurrido la decisión del juez de archivar la pieza para Esperanza Aguirre, asegurando que la investigación ha revelado "un plan concertado" desde su llegada a la Presidencia que buscaba "conseguir financiación extraordinaria" para el PP regional.

En su escrito, los socialistas apuntan también al sucesor de Aguirre, Ignacio González, al exconsejero Francisco Granados y al exgerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez como las personas que, junto a la expresidenta, se mantuvieron "siempre en las posiciones de toma de decisión" en los años en los que habría persistido esa presunta estrategia delictiva.

"Toda esta pieza debe verse como un plan, ideado desde su inicio, para financiar ilegalmente al Partido Popular. Y financiación ilegal no es sólo falsear las cuentas electorales o sobrepasar el límite de gasto electoral, sino que para llegar a tal fin, debe de recaudarse el dinero, lo que en este caso se hace por distintos medios, mediante adjudicación de contratos sin prestación de servicio, o sobrevalorados, pagos en metálico, facturación falsa, pago con cargo a otros contratos adjudicados a terceras personas a modo de comisión a favor del Partido Popular", denuncian los socialistas.

A juicio del PSOE, ese plan se inició con la llegada de Aguirre a la Presidencia en las elecciones de 2003 y nació de la "necesidad de proceder al pago de los gastos electorales extraordinarios en los que se había incurrido". "Y que se alarga en el tiempo para ir sufragando los sucesivos actos ya fuesen electorales o no, pero para los que no se reparaba en gastos, hasta la intervención policial y la salida de los cargos en la administración madrileña de los distintos participantes", sostiene.

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