La Audiencia Nacional ha acordado sentar en el banquillo al exsecretario general del PP en Madrid Francisco Granados y a otras 40 personas en una nueva pieza del ‘caso Púnica’, centrada en presuntas irregularidades en la adjudicación de suelo público y contratos de transporte en la Comunidad de Madrid.
La decisión ha sido adoptada por el juez Antonio Piña en un auto en el que confirma la apertura de juicio oral por supuestas adjudicaciones irregulares canalizadas a través de la empresa pública Arpegio y de la entidad Mintra, responsables de la gestión de suelo y de infraestructuras en la región.
Entre los procesados figuran también el empresario David Marjaliza, señalado como uno de los principales presuntos intermediarios de la trama, y Javier López Madrid. La Fiscalía Anticorrupción solicita para ellos penas de 42 años de prisión, 17 años y nueve meses, y 15 años respectivamente.
El Ministerio Público acusa a Granados de liderar un entramado que habría manipulado adjudicaciones públicas en distintos ámbitos, desde suelo destinado a vivienda hasta proyectos de transporte, a cambio de supuestas contraprestaciones económicas. En su escrito, también reclama que varios de los acusados indemnicen de forma conjunta a la Comunidad de Madrid con más de 57 millones de euros por daños a las arcas públicas, además de otros pagos vinculados a regalos y atenciones sufragados con fondos de Arpegio.
Proyectos relacionados con el Metro
La investigación sitúa parte de las actuaciones en proyectos como el Metro Sur, el Metro Norte y la línea de Metro Ligero de Boadilla del Monte, donde se habrían diseñado pliegos de contratación a medida para favorecer determinadas empresas. Según la instrucción, los responsables administrativos habrían tenido un papel decisivo tanto en la fijación de condiciones como en la adjudicación final de los contratos.
El juez instructor de la causa, Manuel García Castellón, ya jubilado, describió en sus resoluciones un sistema en el que la elaboración de los concursos públicos habría estado dirigida desde dentro de la administración, permitiendo encarecer contratos, modificar condiciones y garantizar la adjudicación a determinadas sociedades vinculadas a la red investigada.
Tras la reestructuración del Gobierno regional en los primeros años de los 2000, Granados pasó a tener responsabilidad sobre Arpegio, entidad que gestionaba suelo público, parte de los fondos Prisma y proyectos urbanísticos de la Comunidad. Desde esa posición, según la investigación, habría mantenido el control sobre decisiones clave en materia de adjudicación de parcelas y promociones de vivienda.
Uno de los proyectos bajo sospecha es el desarrollo urbanístico de ‘Ciudad Jardín’ en Arroyomolinos, con miles de viviendas previstas, una parte significativa de protección oficial. Los investigadores sostienen que parte de los contratos de compraventa se habrían cerrado antes de la adjudicación formal.
La causa también recoge presuntas contraprestaciones personales que habrían recibido Granados y su entorno, entre ellas viajes, estancias en hoteles de lujo, safaris, relojes o incluso un piso en Barcelona. Asimismo, se investigan regalos y cestas navideñas sufragadas con fondos públicos destinados a personas del círculo del exdirigente, con un coste que superaría los 100.000 euros.
El magistrado atribuye a los acusados delitos de prevaricación, cohecho, malversación, tráfico de influencias, fraude y falsedad documental, en una de las piezas más relevantes derivadas del macrocaso de corrupción en la Comunidad de Madrid.
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