Desde hace algún tiempo la política educativa que se vive en nuestro entorno estatal y también regional adolece de grandeza, de perspectivas, de ambición. Nos limitamos a hablar de operaciones resonantes y o de actuaciones que redundan en mejoras puntuales para la escuela pública, pero que carecen del carácter vertebrador y estructurante que necesita el conjunto del sistema. Es el caso, por ejemplo, de la limitación del uso de dispositivos -alta visibilidad- o de la gratuidad de la etapa 0-3 en centros públicos de Primaria y de la implantación en éstos de los dos primeros cursos de Secundaria -indudables mejoras, pero sólo para la escuela pública-.
Gozamos del derecho fundamental a la libertad de enseñanza, recogido en el artículo 27 de nuestra Constitución y desarrollado en la LODE. Pero ese derecho, esa libertad, deben ser cuidados, alimentados y apoyados con amplitud y coherencia por los poderes públicos, máxime cuando éstos se apoyan en gobiernos y partidos que sitúan esta libertad en su frontispicio identitario.
Conviene insistir en que el catálogo de derechos y libertades de máxima relevancia encuentra en la libertad de enseñanza una pieza clave, sin la cual difícilmente se sostendrían las de opinión, expresión, credo, reunión, … Y desde luego, los tiempos que corren aconsejan vivamente que nuestra educación sea vivencia y testimonio de pluralidad y de diversidad de formas y principios. Por ello, reiteramos la necesidad de un gran acuerdo de promoción y mejora de la libertad educativa que, respecto de la escuela concertada, actualice plantillas, establezca herramientas para la atención a la diversidad, ahonde en la autonomía organizativa y pedagógica, dignifique su financiación, … En definitiva, que redunde en mejoras que fortalezcan la escuela concertada. Hagamos, pues, una política educativa de verdad, con miras altas… una política educativa con mayúsculas.
Si (
No(
