El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado abrir juicio oral contra el ex consejero de la Comunidad de Madrid Alfredo Prada por las presuntas irregularidades cometidas en el Campus de la Justicia. Se le exige, además, una fianza de 40 millones de euros que deberán afrontar de manera solidaria para hacer frente a las eventuales responsabilidades.
También se sentarán en el banquillo de los acusados Isabelino Baños Fernández, Mariano José Sanz Piñar, Alicio de las Heras Rodríguez y Andrés Gómez Gordo, en sus respectivas condiciones de director general técnico, subdirector general técnico, director financiero y director de Seguridad del Campus de la Justicia, así como Félix José García de Castro.
El anterior titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5, José de la Mata, acordó el pase a procedimiento abreviado por delitos de prevaricación, fraude a las administraciones públicas y malversación de caudales públicos, señalando que los investigados, bajo el liderazgo de Prada, "se pusieron de acuerdo con distintas personas y mercantiles para adjudicar irregularmente a su favor distintos contratos del CJM, elaboraron un plan criminal y pusieron en marcha distintos artificios para llevarlos a cabo".
De la Mata explicó que el ex consejero y los directivos investigados "corrompieron sustancialmente el procedimiento de adjudicación de contratos del CJM, quedando afectada sustancialmente su operativa y los resultados económicos, y menoscabando así los bienes jurídicos que tutela el tipo penal de la malversación de los caudales públicos".
"En este caso no estamos ante autoridades o funcionarios que hayan sustraído para su lucro personal el dinero de la administración en perjuicio del patrimonio público: la conducta aquí perpetrada afecta al sistema de funcionamiento de una entidad pública, que ha resultado deteriorada, dañada y menoscabada, tanto en su imparcialidad, probidad y prestigio, como en su eficacia y en su integridad patrimonial", concluyó De la Mata.
Seguirán en libertad
Pedraz ha decidido que los seis continúen en libertad al considerar que "no existe la necesidad de asegurar la presencia de los acusados en las sesiones de juicio oral con una situación distinta a la que mantienen durante todo el proceso". Sin embargo, ha ratificado su obligación de "comparecer a cuantos llamamientos judiciales sean precisos".
Además, el magistrado, que ha identificado a la Sala de lo Penal de la Audiencia como el órgano competente para juzgar estos hechos, ha dado de plazo hasta el 21 de septiembre a las representaciones de los acusados para presentar sus escritos de defensa.
También les ha instado a que, en el plazo de quince días, entreguen una relación de los bienes y derechos de los que sean titulares para garantizar las futuras responsabilidades civiles y/o pecuniarias, conjunta y solidariamente por un total de 40 millones de euros. A este respecto, ha advertido de que "se procederá a la investigación judicial del patrimonio de los acusados y responsables civiles".
Hasta 13 años de cárcel
La Fiscalía Anticorrupción acusó a los seis procesados de delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos, por lo que pide ocho años de cárcel para Prada y seis para los demás. No obstante, de forma alternativa propuso juzgarlos por delitos continuados de prevaricación y fraude, por los que reclamó cuatro años y seis meses de prisión para el ex consejero y tres años para el resto.
En el caso de los servicios jurídicos de Madrid, plantearon penas más altas. Así, interesaron 13 años y 3 meses de cárcel para Prada; 11 años para los directivos; y 2 años y 3 meses para García de Castro, al que achacaron solo delitos continuados de prevaricación administrativa y fraude a las administraciones públicas.
La Abogacía de la Comunidad de Madrid, por su parte, apuntó a delitos continuados de prevaricación administrativa, fraude a las administraciones públicas y malversación cualificada de caudales públicos.
En lo que se refiere a la responsabilidad civil, el Ministerio Público dejó en manos del Tribunal de Cuentas fijar la cuantía una vez dictada la sentencia del caso. No obstante, la Abogacía de la Comunidad de Madrid exigió una indemnización conjunta y solidaria por el importe total de 40.482.735,78 euros. Es decir, el equivalente a los contratos que se habrían adjudicado ilegalmente en perjuicio de las arcas regionales.
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