La Comunidad de Madrid avanza en su estrategia de ciberseguridad con la implantación del Escudo Digital, un sistema automatizado basado en inteligencia artificial y análisis masivo de datos que permitirá blindar los sistemas informáticos de los ayuntamientos ante posibles ataques. La herramienta, conectada con centros de vigilancia europeos, ayudará a anticipar amenazas y a prevenir intentos de intrusión de los hackers en las administraciones locales.
Según ha informado el Gobierno regional, el Escudo Digital alcanzará a 143 municipios antes de que termine 2025. Se trata de una de las iniciativas de la Agencia de Ciberseguridad, que forma parte de la red europea EU Cybernet, donde los países miembros comparten información para adelantarse a los riesgos digitales.
La Comunidad también ha reforzado su presencia en foros internacionales —como la RSA Conference en San Francisco— y ha organizado encuentros de alto nivel en Madrid, como el CXO Summit junto a Crowdstrike y Mercedes-AMG Petronas F1, para debatir sobre las amenazas globales y las tendencias tecnológicas.
Además, el Ejecutivo autonómico ha suscrito acuerdos con compañías líderes en ciberseguridad como Cisco, Palo Alto o Zscaler, con el objetivo de mejorar la preparación frente a amenazas, impulsar la formación y sensibilización de profesionales, fomentar el talento especializado y desarrollar estudios e investigaciones conjuntas sobre nuevas tecnologías.
El plan incluye la modernización de los Centros de Operaciones de Seguridad (SOC) de instituciones y entidades locales, su integración con plataformas de otros gobiernos y la promoción de iniciativas de innovación. Entre ellas destacan la creación de un laboratorio de investigación aplicada y la organización de hackathones universitarios para atraer a nuevas generaciones de expertos.
La Comunidad también ha constituido un Comité de Ciberseguridad que reúne a profesionales y especialistas para definir políticas alineadas con los estándares europeos. Con ello da cumplimiento al Esquema Nacional de Seguridad y a la Directiva NIS2, reforzando un modelo de protección digital colaborativo y orientado a aumentar la resiliencia de los servicios públicos frente a las ciberamenazas.
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