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Concentración durante el juicio.
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Concentración durante el juicio. (Foto: María Alcaide)

El Gobierno reconoce la responsabilidad del Estado en la muerte de Samba Martine en el CIE de Aluche

Por MDO/E.P.
martes 17 de noviembre de 2020, 22:06h

El Gobierno ha resuelto de forma favorable la demanda de responsabilidad patrimonial interpuesta por la familia de Samba Martine, una mujer congoleña que falleció en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche en 2011.

Samba murió tras pasar 39 días en el CIE donde esperaba su expulsión del país tras pasar por el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de Melilla, donde se le detectó que era portadora de VIH.

La demanda de sus allegados contra el Estado fue presentada al entender que la mujer pasó por diversas consultas de los servicios médicos del CIE con dolores, pero no fue derivada al hospital y el expediente médico no llegó al centro.

El Juzgado de lo Penal número 21 de Madrid instruyó el caso y el año pasado absolvió al único acusado al entender que sería "injusto" cargar al acusado en exclusiva del fallecimiento de Samba Martine. "Tanto las omisiones de otras personas como las deficiencias burocráticas tuvieron un peso muy relevante en que la interna no recibiera el tratamiento debido", argumentó el juez en su fallo.

Ahora, el Ministerio de Presidencia ha concluido en una resolución administrativa que procederá a indemnizar a la familia porque hubo una "falta de coordinación" de administraciones implicadas: el CIE de Aluche, el CETI de Melilla y de la empresa entonces responsable de la atención médica del citado CIE.

Presidencia expone que de haberse realizado "un simple análisis", se hubiera sabido que era portadora de VIH y se le hubiera dado el "tratamiento adecuado", algo que si bien no puede afirmarse que "hubiera evitado el deceso, sin lugar a dudas habría determinado una mejor asistencia". También detalla que el CITE de Melilla, que conocía la patología que sufría, debía haberse asegurado de que esa información llegaba a la interesada o al centro de internamiento que iba a acoger su traslado. Además, recalca que el CIE de Aluche debería haber reclamado ese informe médica al apreciar que no había sido entregado.

Por otro lavo, ve relevante reseñar que la fallecida no hablaba español y que en su estancia en el CIE solo estuvo asistida por un traductor en una sola ocasión de las diez veces que demandó asistencia médica. En esta línea, "no consta" en la documentación aportada que se ofreciera por parte del centro dicho servicio ni que fuera demandado por los facultativos que la evaluaron.

En cuanto a la empresa encargada de los servicios sanitarios, la resolución del Ministerio de Presidencia determina que hubo una "deficiente actuación" ya que ningún facultativo "interesó realizar un análisis clínico" a Martine "a pesar de las numerosas dolencias que padecía". Todo ello unido a que en ese momento se encontraba "en una relación de sujeción especial" con el CIE de Aluche, dado que la administración tiene el "deber especial de velar por la vida, integridad y salud" de los internos desde el momento en que se encuentran bajo su tutela.

Diversas entidades sociales que han apoyado a la familia han recibido con satisfacción esta resolución y valoran que el Estado haya reconocido su responsabilidad "por cuanto tiene de reparación a la familia de Samba y también a su recuerdo". Aseguran que nueve años después de su muerte "sigue sin existir un protocolo que garantice la correcta derivación de la información médica entre los CIE y los CETI" y esperan que esta resolución "sirva para evitar casos como el de Samba en el futuro".

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