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Educación se respalda en la ley ante las críticas por el cese de convenios de escuelas infantiles
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(Foto: Chema. Barroso)

Educación se respalda en la ley ante las críticas por el cese de convenios de escuelas infantiles

lunes 20 de abril de 2020, 19:37h

El consejero de Educación y Juventud, Enrique Ossorio, defendía este lunes la suspensión de los convenios con los consistorios municipales de la región relativos a las escuelas infantiles de gestión indirecta durante el estado de alarma. Tal y como indicaba el popular, su Consejería se ha limitado a cumplir con la ley que indica que “para pagar a los ayuntamientos los alumnos tienen que estar en los centros educativos".

Sus declaraciones, realizadas durante una entrevista en Onda Cero, hacían referencia a las quejas que el presidente de la Federación de Municipios de Madrid, el socialista Guillermo Hita, y grupos de la oposición, llevaron a cabo señalando que la “dejación de funciones” del Ejecutivo por la suspensión de dichos convenios iba a traer graves consecuencias “a cientos” de trabajadores de la región y a los niños que acuden a los 399 centros de la región madrileña de este tipo.

Desde la federación se ha defendido que dichas competencias deben continuar vigentes, ya que “en ningún caso” son municipales sino de ámbito regional. Asimismo, la organización ha argumentado que “la falta de actividad” de estas escuelas durante el periodo de alarma “no se ajusta a la realidad”, ya que estos centros y las Casas de Niños “siguen funcionando de manera on-line, orientando a las familias y preparando materiales y juegos para los pequeños”.

“Muchos de nuestros municipios además gestionan de manera directa estas escuelas infantiles y los ayuntamientos no pueden aplicar ERTEs, y tienen que asumir de manera completa el pago de los salarios de estos trabajadores, además de los gastos derivados del servicio, como sucede con cualquier otro funcionario del sector educativo”, señalaba la Federación de Municipios de Madrid. Igualmente, la organización defendía que la Educación Infantil, como primera etapa del sistema educativo actual, “ha de ser tratada como cualquier otra etapa y no discriminada ni ninguneada”.

Por su parte, fuentes de Educación han señalado a Madridiario que “la Ley de contratos de las Administraciones Públicas obliga a suspender los contratos de gestión indirecta de los centros de educación infantil si no se presta el servicio”. De la misma manera, indican que “los convenios que mantenemos prohíben pagar si no se presta el servicio y la normativa de subvenciones prohíbe abonar los cheques guardería si los niños no permanecen de manera efectiva en las escuelas”.

Tal y como explica Educación a este diario, “se avisó desde la Comunidad de Madrid a todos los ayuntamientos de que estas eran las normas que se deben cumplir, porque son comunes a todos” y lamentan que “desgraciadamente este sea el escenario en la grave crisis que atravesamos. Nosotros hemos cumplido la Ley, los convenios y la normativa de subvenciones aunque sea duro”.

Debido a las críticas a la Consejería, alcaldes del Partido Popular de Madrid y miembros de la Junta de Gobierno de la Federación de Municipios de Madrid han acusado a su presidente de "la más alta deslealtad institucional". Tal y como aclararon desde el PP madrileño, "la FMM debería ser una entidad que en cada una de sus acciones y declaraciones representase a todos los municipios de la Comunidad de Madrid y ser un ejemplo de diálogo y consenso".

Desde el partido han acusado a Hita de hacer un "uso partidista" de la institución, así como de haber "dejado irresponsablemente de ejercer su labor como representante de una entidad que aglutina a todos los municipios de la Comunidad de Madrid gobernados por alcaldes y alcaldesas de distintas ideologías" para convertirse a su juicio "en una marioneta de su partido".

"Es insólito que quien debe dar ejemplo de estricto cumplimiento de las leyes emita notas de prensa donde parece invitar a la Comunidad de Madrid a que incumpla la normativa aplicable contenida en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y la relativa a subvenciones públicas, así como los propios convenios suscritos con los municipios de la región", señalaron.

Sindicatos

Por su parte, los sindicatos CCOO, UGT, CSIF y CPPM han tachando de "nefasta" la actuación del Gobierno al dejar "a los ayuntamientos sin los recursos necesarios para que puedan prestar la atención educativa en la etapa de 0 a 3 años", al tiempo que han reclamado que se siga aportando la subvención comprometida y se convoque una reunión con la Comunidad de Madrid para plantear soluciones a esta situación.

Según han informado en un comunicado, han incidido en que los profesionales de las escuelas infantiles y casas de niños han seguido desarrollando "desde que se suspendieron las clases presenciales su labor, esta vez de forma telemática y telefónica, en permanente contacto con las familias".

Según alegan, estos centros "se cerraron solo para la asistencia del alumnado. El resto de actividades escolares y educativas, formación, reuniones, informes para las familias, comunicaciones telefónicas diarias con ellas, asesoramiento y prestación de ayuda en el desarrollo de las actividades en casa, atención de consultas, etc., se siguen prestando. Es decir, se hallan teletrabajando como en el resto del sistema educativo", han recalcado.

Por ello, han considerado que suspender "la prestación económica a los ayuntamientos es un escalón más en las políticas de abandono de lo público del Gobierno regional, que dejará a las entidades locales con dificultades para asumir el pago de nóminas y salarios de un personal que vela por la educación y el desarrollo de niños y niñas, mientras en un alarde de cinismo aboga por que se levanten parte de las medidas de confinamiento y estos pequeños puedan salir a pasear".

"La Comunidad presupuesta la subvención en función del alumnado matriculado, no de los niños que asisten cada día a los centros. Por tanto, es injusto y de dudosa moral, que decida no realizar el abono de la misma aduciendo la falta de asistencia. Ninguna familia ha dado de baja de matriculación a sus hijos e hijas", han agregado.

Además, los sindicatos entienden que la Consejería en "una situación de excepcionalidad y fuerza mayor como esta no puede ni debe realizar sus liquidaciones económicas mensuales atendiendo al número de niños asistentes a los centros, sino considerando los realmente matriculados, por cuanto no hay ninguno de ellos que se haya dado de baja de su matrícula, no hay ninguno de ellos ni sus familias que hayan dejado de ser atendidas estos días por sus tutoras y educadoras".

"La retirada de las subvenciones que, por otro lado, ya están presupuestadas es una discriminación con respecto a las demás etapas del ciclo educativo, además de una irresponsabilidad hacia las trabajadoras y trabajadores de este sector. Precarizarán aún más, las ya de por si difíciles condiciones laborales de cientos de profesionales de la educación madrileña", han criticado.

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