Con un volumen de agua embalsada por encima de los 750 hectómetros cúbicos, el equivalente al 73 por ciento de la capacidad regional, la Comunidad de Madrid ha logrado esquivar este verano cualquier emergencia hídrica. Por consiguiente, también las polémicas asociadas a la gestión de este preciado recurso. Vencido el mes de agosto, cabría además esperar que las lluvias regresasen más pronto que tarde, mejorando si cabe un escenario de por sí halagüeño. Pese a lo positivo de los registros estivales, numerosas entidades ecologistas no dudan un ápice en tildar las políticas del Ejecutivo que preside Isabel Díaz Ayuso de “irresponsables” en la medida en que, aseguran, “favorecen actividades con consumos suntuosos de agua”. En el punto de mira los campos de golf, el regadío y los centros de datos.
“El Gobierno de la Comunidad manda señales que alertan sobre un retroceso en la gestión del agua, promoviendo un mayor consumo y apoyando políticas contrarias a los municipios madrileños y a la consecución de los objetivos de la legislación. La actual tramitación de una nueva ley ómnibus modifica 131 artículos de diez leyes, entre ellos diversos que favorecen los intereses empresariales y económicos de sectores con consumos suntuosos e insostenibles del agua”, comienza el comunicado firmado por los colectivos ARBA, Asociación Ecologista del Jarama 'El Soto', Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid, GRAMA, Jarama Vivo y Liberum Natura al que ha tenido acceso Madridiario.
Por un lado, defienden, la pretendida reforma legislativa en el horno del Ejecutivo aspira a modificar la Ley 4/2014 de Medidas Fiscales y Administrativas para “eximir del procedimiento de evaluación ambiental” la construcción de nuevas infraestructuras, tales como campos de golf, en la región: “Esta medida, al eliminar el control previo administrativo y ciudadano, favorecerá la implantación de una actividad no exenta de polémica en décadas pasadas por su gran impacto. Esta situación tiene su correlación en la negación sistemática del Canal de Isabel II en ofrecer información sobre el consumo de los campos de golf madrileños, desoyendo incluso al Defensor del Pueblo (…): Es bochornoso. Una vergüenza”. Por su parte, fuentes de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad consultadas por este digital desmienten tal acusación al afirmar que la legislación no hace mención expresa a los campos de golf en ninguno de sus puntos.
Para más inri, continúan los ecologistas en su misiva, la última ley ómnibus “pretende declarar los regadíos como infraestructuras hidráulicas de interés regional con el objetivo de puentear al Ministerio para la Transición Ecológica en la autorización preceptiva”. A tal fin resultaría necesario reformar la Ley 17/1984 que regula el abastecimiento y saneamiento de agua en la Comunidad. En la práctica, la declaración de tales infraestructuras como de interés regional supondría que pasa a ser competencia exclusiva del Gobierno autonómico. “Se está pretendiendo eliminar los controles estatales sobre un recurso escaso como es el agua para favorecer la implantación de actividades con graves daños ambientales, como puede ser el caso de la plantación de pistachos de Sancorganic, en Valdetorres del Jarama”, apostillan.
Además, los cambios en la Ley 2/2007 que rige el suministro eléctrico en la región “van a agilizar la implantación de centros de datos”. Una actividad que, a su parecer, requiere “ingentes cantidades de agua para sus circuitos de refrigeración”. De acuerdo con datos de DGTL Infra, entidad responsable de infraestructuras de centros de datos, añaden, el consumo promedio de agua de un solo edificio de centro de datos es de aproximadamente 24,9 millones de litros de agua al año y “actualmente hay hasta 59 proyectos previstos”.
Reformas legislativas al margen, los ecologistas cargan también contra la participación de la Comunidad de Madrid en la última “cumbre” de gobiernos Populares, junto a los de Andalucía, Comunidad Valenciana y Murcia, en la que se denunciaron los supuestos “perjuicios” del establecimiento de caudales ecológicos en el río Tajo. Acorde a su interpretación, la postura contraria del Ejecutivo madrileño resulta cuanto menos “sorprendente” puesto que el nuevo plan hidrológico traería consecuencias "muy positivas" para los municipios ribereños. “La postura de la Comunidad al unirse a este frente no responde a los intereses de los madrileños, sino a intereses políticos, a la guerra que mantiene contra el Gobierno central o a otras cuestiones. Pero, desde luego, no al bienestar de los madrileños”, argumenta el portavoz de la Asociación Ecologista del Jarama 'El Soto', Antonio Martínez, en conversaciones con este digital.
“Este encuentro de gobiernos regionales del Partido Popular advierte de los perjuicios que supondrá para sus economías el establecimiento de caudales ecológicos en el río Tajo y, por ende, de la reducción de agua trasvasada a los territorios levantinos. Nada nuevo en las exigencias de los territorios receptores. Pero resulta sorprendente en el caso de la Comunidad de Madrid, cuyos municipios ribereños del Tajo –Aranjuez, Colmenar de Oreja, Villarejo de Salvanés, Villamanrique de Tajo, Fuentidueña de Tajo y Estremera– vienen padeciendo desde hace 44 años la reducción de caudales y la merma en posibilidades de desarrollo social, ambiental y económico debido a las transferencias de agua que se realizan hacia el Levante”, resumen los ecologistas en el texto.
"En Madrid somos solidarios"
A este respecto, desde Medio Ambiente destacan que "los ríos en este país no son propiedad de ningún territorio". Motivo por el cual "en Madrid somos solidarios y nos sumamos a la justa reclamación de regiones que necesitan agua y ven como el Plan Hidrológico se lo quita, dejando pobreza y despoblación". Todas estas políticas que “favorecen y estimulan la demanda de agua”, responden las entidades ecologistas, “suponen un error que puede tener consecuencias a medio plazo en la calidad de vida de la ciudadanía madrileña y en la calidad de nuestros ríos”.
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