La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado ha presentado un recurso ante la Audiencia Nacional por la expulsión "sin fundamentación ni resolución por parte de la Secretaría de Estado de Migraciones" de hasta de 21 migrantes del Centro de Acogida, Emergencia y Derivación (CAED) de Alcalá de Henares. El escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, recoge que esa expulsión se produjo este martes 23 de enero a pesar de que todos tenían reconocida su situación de vulnerabilidad.
La plataforma denunciante pone el foco en que la expulsión habría tenido lugar "sin darles una solución u orientación acerca de su situación jurídica en España", sin información básica al respecto de sus derechos, sin proporcionarles "medio alguno de subsistencia o solución habitacional y aún menos vías para la capacitación laboral tendente a su integración". La única aportación, matizan, pasaría por una cantidad total de 125 euros, algo que consideran del todo insuficiente. Para más inri, relatan, la salida fue "rocambolesca" porque se les llegó a expulsar hasta en dos ocasiones en el mismo día. La definitiva ocurrió por la tarde, en torno a las 16:00 horas, después de haberles readmitido tras una primera salida forzada en horario de mañana.
"Tampoco consta a esta parte que se haya activado derivación a los servicios sociales de referencia en el ámbito municipal o al área competente en materia de servicios sociales y personas migrantes -la Dirección General de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid-", añade. En este sentido, la plataforma lamenta que la Secretaría de Estado de Migraciones se haya desentendido del cuidado de esas 21 personas "expulsándolos sin recursos ni medios de defensa u orientación, sin avisar o proceder a tener arbitrado un procedimiento ante el resto de administraciones públicas (...), avocándolos a tener que sobrevivir sin ayuda alguna y sin aclarar su situación jurídica en España".
Por todo ello, Red de Inmigración solicita ante la Audiencia Nacional que estudie la decisión de la Secretaría de Estado de Migraciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y declare "contraria a derecho", lo que, en la práctica, supondría el regreso de los migrantes al centro. Asimismo, pide que se estudie la situación individualizada de cada uno de los internos y que la Audiencia Nacional acuerde la medida cautelar, sin escuchar siquiera a la parte contraria, de suspender las expulsiones de ese centro.
Reacción política
La polémica en torno a la polémica expulsión de hasta 21 inmigrantes del CAED en la ciudad complutense y, en general, la crisis migratoria han copado buena parte del protagonismo en la primera Junta de Portavoces del nuevo curso político. Las posturas, para todos los gustos. Mientras el Grupo Parlamentario Popular, por medio de su portavoz, Carlos Díaz Pache, ha vuelto a insistir en el "caos" desatado a raíz de las políticas "improvisadas" y la "falta de información" del Gobierno de Pedro Sánchez, los socialistas madrileños defienden que "hay que dejar trabajar a las instituciones" en una cuestión que es "muy complicada".
Las propuestas concretas han sido aterrizadas, no obstante, por parte de Vox y Más Madrid. Los de Rocío Monasterio han decidido estrenar su actividad parlamentaria en 2024 con una iniciativa para cerrar el centro de acogida para menores extranjeros no acompañados del barrio de Batán donde, aseguran, las familias están "atemorizadas". En paralelo, ponen de nuevo sobre la mesa la posibilidad de "repatriar" a "todos los extranjeros que entran de manera ilegal en nuestro país mediante convenios con los países de origen". Una posibilidad que, argumentan, se encuentra en manos de las comunidades autónomas, a pesar de que las competencias en manteria de inmigración recaen, en último término, sobre el Ejecutivo central. "Pasemos de las palabras a los hechos", ha lanzado Monasterio.
Frente a lo que consideran una escalada en la "normalización de las políticas xenófobas" y "una carrera entre las derechas para ver quien es más racista", desde Más Madrid han registrado dos medidas que aspiran a "garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas migrantes". En concreto, Manuela Bergerot ha destacado la necesidad de configurar una "mesa de diálogo" que incluya a representantes de todos los niveles de la administración, así como a instituciones del tercer sector, para "garantizar el acceso de las personas migrantes a los "recursos y servicios primordiales". Esta iniciativa vendría además reforzada con la creación de una "guía de buenas prácticas" encaminada a "prevenir estigmas" sobre la población migrante. "Marlaska tiene dos caminos: garantizar derechos y bienestar o seguir alimentando la escalada racista de Vox y Ayuso. Nosotros estaremos en la defensa de los derechos humanos".
Situación en Barajas
En cuanto a la situación que se está viviendo con los migrantes africanos que esperan respuesta a su solicitud de asilo presentada al hacer escala en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, tras las negociaciones entre Aena y el Ministerio del Interior, la Policía Nacional está acondicionando "de manera urgente" una cuarta sala de 250 metros cuadrados para atender las peticiones de asilo después de semanas con críticas por el hacinamiento en estas instalaciones.
Cuenta con comedor, aseos y una zona de descanso. "El Ministerio del Interior ha agradecido a Aena su colaboración por la cesión de este nuevo espacio asistencial, que se suma a los tres ya existentes en el aeropuerto madrileño, y mejorará las condiciones de estancia mientras se tramitan las solicitudes", ha indicado Interior.
La limpieza de las instalaciones ha sido asumida por la Dirección General de la Policía, que ha ampliado el contrato con la empresa que hasta ahora le prestaba este servicio en sus dependencias, y se han realizado diferentes desinfecciones en las salas ya habilitadas y se está realizando una limpieza integral en la nueva ubicación. También se han adquirido literas y "diverso material para su entrada en funcionamiento".
Este pasado martes Cruz Roja anunció que se retiraba temporalmente de las instalaciones de Barajas debido al caos con la atención a los migrantes y el Gobierno ha impuesto los visados de tránsito a ciudadanos senegaleses y keniatas para tratar de evitar el uso "fraudulento" de las escalas y peticiones de asilo, aunque sindicatos de la Policía piden hacer lo mismo con marroquíes.
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