El delegado del Gobierno en Madrid denuncia narcopisos de titularidad pública y 545 'okupaciones'

La 'okupación' y la violencia asociada a bandas juveniles son dos de los fenómenos criminales que generan una mayor alarma mediática, especialmente en la capital. Atendiendo a las cifras aportadas por la Delegación del Gobierno en Madrid durante la presentación del 'Balance de Criminalidad' del primer semestre del año, sin embargo, ambas cuestiones reflejan un menor impacto al registrado en años anteriores.

Tanto es así, ha asegurado este martes el delegado, Francisco Martín, que la Comunidad acumula en la actualidad un total de 545 denuncias por morosidad, allanamientos y usurpaciones sobre un parque de viviendas que supera las 2.800.000, el equivalente a un 0,02 por ciento del total. Asimismo, ha apuntado, en la región existen narcopisos de titularidad pública sin denuncia ante las autoridades, lo que bloquea de facto las posibilidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de actuar. En cuanto a la violencia callejera, entre marzo de 2023 y septiembre de 2024 no se habría producido ningún homicidio vinculado directamente a la acción de las bandas.

“Las 'okupaciones' son una de las grandes cortinas que aprovechan las derechas para vender alarmas. Sumando la capital y el resto de ciudades más pobladas de la región, hemos registrado 545 viviendas okupadas sobre un parque de más de 2.800.000. Trasmitimos, en cualquier caso, nuestra solidaridad y empatía con los propietarios que se encuentren en esta situación que debe resolverse de la manera más ágil posible”, lanzaba esta mañana el representante del Ejecutivo central en Madrid.

Para mostrar lo que, al menos a su parecer, es una alarma mediática desmedida, el delegado ha puesto el foco sobre otro fenómeno más extendido y al que, sin embargo, se le prestaría una menor atención: la proliferación de pisos turísticos no registrados. “En Madrid hay 25.000 viviendas de uso turístico no registradas. Hay quien apunta incluso a 28.000. Vemos la magnitud de una cosa –las okupaciones– y la otra (…). Vamos a seguir trabajando con mayor intendidad si cae para abordar los allanamientos, las usurpaciones, la morosidad...”, ha apostillado acto seguido. El número total de 'okupaciones' en la Comunidad el pasado curso, según los datos del Ministerio de Interior, fue de 1.516.

“Las 'okupaciones' son una cortina de las derechas para vender alarmas”

A tenor de los problemas de convivencia entre vecinos y toxicómanos en el barrio madrileño de San Blas, Martín se ha referido a los narcopisos como “otro claro ejemplo de situaciones complejas y problemáticas multicausales que debemos abordar conjuntamente con el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid”. La predisposición de ambas administraciones, más centradas en “polémicas” que en “buscar soluciones”, distaría mucho de ser óptima.

“Nos hemos encontrado narcopisos cuyos propietarios no han denunciado y sorpresa: el propietario es la Comunidad de Madrid (…). Es fundamental que se dejen de polémicas y se sienten en la mesa a trabajar, que asuman su responsabilidad y busquemos soluciones”, lanzaba Martín sin precisar más datos en torno a cuántas viviendas se encuentran en esta situación.

Fuentes de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras consultadas por Madridiario niegan tajantemente las acusaciones del delegado, advirtiendo que "no hay ninguna vivienda propiedad de la agencia que haya sido ocupada con casos delincuenciales en la que no esté abierto un expediente administrativo o penal".

En la gran mayoría de casos, continúan mismas fuentes, "la Agencia de Vivienda Social pone en marcha expedientes de recuperación patrimonial, ya que se trata de ocupación de patrimonio público". La fórmula, argumentan, obecede a una menor dilación en los plazos de lanzamiento: "Es un procedimiento que resulta más ágil, a través de la Autorización de Entrada en Domicilio de los Juzgados de lo Contencioso Administrativo, en lugar del desalojo en los procesos penales".

"No hay ninguna vivienda de la Comunidad que haya sido ocupada con casos delincuenciales"

El balance del 'Plan Antibandas' puesto en marcha por la Delegación del Gobierno en Madrid en febrero de 2022 atesora un total de 88.000 actuaciones policiales y hasta 3.581 detenciones hasta julio de 2024. El resultado, una drástica reducción de los homicidios vinculados a la acción de estos grupos, que han pasado de seis en 2022 y uno en 2023 a cero en lo que llevamos de curso.

“Es verdad que algunos comportamientos de estas bandas juveniles son captados por cámaras y hacen que su impacto mediático sea mucho mayor”, pero “la realidad es que en la actualidad actúan con resultados que nada tienen que ver con los de años anteriores a la puesta en marcha del plan. Están dejando de ser el principal problema de seguridad en nuestra región”, aseveraba.

Pese a lo “positivo” de que el número de denuncias por delitos contra la libertad sexual se haya incrementado en 5,2 puntos desde el primer semestre del año pasado, la preocupación del delegado se centra en incorporar al Sistema VioGén para la protección de mujeres víctimas de violencia machista a todos aquellos municipios que aún no lo integran. En la actualidad, son 38 los ayuntamientos adscritos sobre un total de 80 con efectivos policiales suficientes para participar. Entre estos últimos figura el de la capital, cuyo convenio permanece “caducado”.

El objetivo, más allá de que “el alcalde –José Luis Martínez-Almeida– deje de buscar excusas y firme la propuesta de renovación que le han hecho llegar hace algunas semanas”, es alcanzar los 50 municipios a lo largo del mes de septiembre.

Balance general

En el cómputo general, la región registra un incremento del 0,3 por ciento en las infracciones penales con respecto al primer semestre de 2023. Esta pequeña variación viene mediada por el aumento de la cibercriminalidad en hasta 5,7 puntos, el equivalente a 2.030 delitos más. También repuntan las riñas tumultuarias, con 60 más que en los primeros seis meses de 2023, y la sustracción de vehículos, con 40 hurtos adicionales.

En el apartado de buenas noticias, el informe de la primera mitad del año destaca una reducción de la criminalidad convencional en un 0,9 por ciento. O lo que es igual, 1.487 delitos menos. La tasa de criminalidad se sitúa así en 60,1 delitos por cada mil habitantes, un punto por debajo de las cifras de 2019.

"No nos podemos encontrar satisfechos. Siempre debemos aspirar a continuar mejorando, pero estamos convencidos de que evolucionamos en la línea adecuada", ha zanjado Martín.