El Defensor del Pueblo ha vuelto a poner el foco en el funcionamiento de las administraciones públicas en su informe anual, en el que señala a varias comunidades y ayuntamientos por su falta de respuesta a los requerimientos del organismo. Entre ellas figura la Comunidad de Madrid, incluida en el listado de administraciones consideradas “no colaboradoras”.
Según recoge el documento, la ley obliga a las instituciones a facilitar la información solicitada, pero “la contestación ofrecida no es siempre inmediata y en algunos casos, incluso, aunque no sea lo más frecuente, no llega a producirse”. En el caso madrileño, una de las actuaciones abiertas tiene que ver con una petición de información a la Cámara de Cuentas por presuntas irregularidades en la contratación de un ayuntamiento.
Problemas en la gestión del Bono Alquiler Joven
El informe, presentado por Ángel Gabilondo en el Congreso, también presta especial atención a los problemas en la gestión del Bono Alquiler Joven en Madrid. Las quejas de los solicitantes han sido frecuentes, sobre todo por la falta de información y los retrasos en el cobro.
De hecho, el Defensor critica que la paralización de expedientes por falta de presupuesto “no resultaba conocida por los solicitantes afectados” y añade que “hubiera sido deseable que la Consejería notificase esta situación”.
Ante esta situación, la institución recomienda mejorar la planificación de futuras convocatorias y reforzar los recursos técnicos y humanos para evitar demoras excesivas en la tramitación y pago de las ayudas.
Ruido en las fiestas populares
En paralelo, el informe dedica un apartado relevante a la gestión del ruido en las fiestas y eventos, con varias alusiones a municipios de la región madrileña. El Defensor del Pueblo advierte de que la suspensión de los límites acústicos, permitida en ocasiones excepcionales, debe aplicarse de forma “puntual y temporal” y siempre justificada por eventos de especial relevancia cultural o institucional.
En este sentido, ha trasladado recomendaciones a ayuntamientos como el de Madrid o el de Quijorna para que equilibren la celebración de fiestas con el derecho al descanso vecinal. A su juicio, no cualquier evento de ocio puede justificar la relajación de los límites de ruido: “la simple organización de un evento vinculado al ocio, sin mayor justificación, no puede ser considerada como una situación idónea”.
Además, insiste en que los consistorios deben delimitar claramente las zonas afectadas, evaluar previamente el impacto acústico y fijar medidas correctoras, como límites de sonido o restricciones horarias.
El Defensor recuerda también que los ayuntamientos tienen la responsabilidad de vigilar y controlar la contaminación acústica, y advierte de retrasos e ineficacia en algunas actuaciones, incluidas en municipios madrileños. Por ello, reclama más inspecciones, mayor agilidad administrativa y que no se traslade a los vecinos el coste de las mediciones de ruido, ya que esto puede desincentivar las denuncias.
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