La separación de poderes y la independencia judicial, exigencias definitorias de todo Estado de Derecho, tienen como función principal garantizar la libertad y limitar al poder. O, dicho de otro modo, su sentido es asegurar la libertad frenando el ejercicio excesivo del poder. Montesquieu lo vio con claridad en El espíritu de las leyes. “Para que el poder no abuse, y todo poder tiende a abusar -incluso el democrático- es preciso que el poder detenga al poder”.
La semana pasada, el Gobierno de la Comunidad de Madrid anunciaba, a bombo y platillo, que iniciaba la tramitación de una ley que plantea eliminar la potestad de la Asamblea de Madrid para proponer una terna de uno o dos magistrados en la Salas de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que, en todo caso, serán nombrados a propuesta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Este órgano sería el encargado de cubrir el concurso de una de las tres plazas por un jurista de reconocido prestigio, con más de diez años de ejercicio profesional, en la Comunidad. Y las restantes plazas serían cubiertas también por magistrados nombrados a propuesta del CGPJ entre los que lleven diez años en la categoría, en el orden jurisdiccional civil o penal.
El objeto de esta iniciativa legislativa, según el Gobierno de la Comunidad, es el de “profundizar en el proceso de despolitización, imparcialidad e independencia de la Justica”. Además, podría tramitarse una vez se obtuviera en el Parlamento regional la mayoría absoluta, lo que podría conseguirse con el apoyo de los grupos parlamentarios del Partido Popular, Ciudadanos y VOX, para posteriormente remitirse como proposición de ley a la Mesa del Congreso de los Diputados.
La Comunidad de Madrid se embarca en una inadecuada pretensión por situarse fuera del ámbito propio de sus competencias y la intenta justificar con un argumento falaz. En efecto, pretende modificar la facultad delegada en el Parlamento regional, sede de la representación de los madrileños, para proponer una terna de magistrados -no para nombrarlos, lo que depende en última instancia del CGPJ- que se realiza en base a dos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de Demarcación y Planta Judicial, exactamente la establecida en los artículos 330.4 y 13.2, respectivamente. Dichas leyes superan el marco competencial regional. Son leyes estatales de obligado cumplimiento.
Y el argumento es falaz porque nuestra Constitución establece que la justicia emana del pueblo y la Asamblea de Madrid es el ámbito de representación popular de los ciudadanos y ciudadanas de Madrid. Su participación es consecuente con el espíritu constitucional y con la España de las autonomías. Impedir esta participación mediante la propuesta de una terna no despolitiza, sino que deslegitima. Dejarlo todo en manos de las asociaciones de jueces, que pueden tener un comportamiento gremial y que responden a criterios ideológicos o de filiación, no parece muy coherente con una democracia constitucional, sino con un sentido premoderno del Derecho. Estigmatiza la democracia parlamentaria y no tiene en cuenta el Estado de las Autonomías, en lo que quizá es un signo de excesiva proximidad del Gobierno de PP y Ciudadanos con VOX, firme defensor de la supresión de nuestro modelo territorial de Estado.
No debemos olvidar que una de las peculiaridades que derivan del hecho de que las comunidades autónomas tengan definidas y delimitadas sus competencias implica que el cometido se ciñe en trabajar en aquellas ya fijadas. La Consejería de Justicia, Interior y Víctimas, encargada del informe del anteproyecto de iniciativa legislativa, debería estar centrada en resolver los problemas prioritarios en materia de justicia que tiene la Comunidad de Madrid dentro de las competencias reconocidas. Sufrimos desde hace muchos años un déficit de medios materiales y humanos, todavía no se ha producido la apertura del Instituto de Medicina Legal, la implantación definitiva y eficaz del expediente digital ni de un modelo de gestión para una Ciudad de la Justicia. Otros problemas que se deben resolver son el del alto precio del arrendamiento de las sedes judiciales y la formación del personal. Necesitamos un pacto para la justicia que ya se propuso por parte del Grupo Socialista en la primera comisión de Justicia, Interior y Víctimas que se realizó en la Asamblea de Madrid y que, sin duda, es mucho más prioritario que adentrarse en materias para las que no se tienen competencias, y se manda un mal mensaje pedagógico a la ciudadanía sobre el sentido democrático de la Asamblea que la representa.
El Grupo Parlamentario Socialista siempre ha favorecido todos los procesos de despolitización que no incurran en una politización previa o en un regreso a modelos superados. Deslegitimar a la Asamblea de Madrid es una mala idea que no camina en la necesaria dirección de prestigiar la política. Es contribuir a deteriorar la democracia parlamentaria que legitima las decisiones en el espacio público. Lo importante es asegurar que los magistrados elegidos sean juristas de reconocido prestigio, con años de experiencia y solvencia jurídica. Sin duda, esto garantiza mucho más su independencia política que la pretensión de que la propuesta dependa de unas asociaciones de jueces claramente ideologizadas y no de la Asamblea de todos los madrileños y madrileñas. Tampoco está de más pensar en la necesaria igualdad de género y seguramente en otros requisitos que puedan ayudar a fundamentar bien la elección final que corresponde al Consejo General del Poder Judicial. Rousseau, afirmaba que “la libertad es la obediencia a la ley que uno mismo ha diseñado”. No modifiquemos su sentido democrático, cumplamos con las leyes vigentes y respetemos el reparto competencial de nuestra España autonómica.
Si (
No(
