El Gobierno aprueba el anteproyecto de ley que reduce la jornada laboral a 37,5 horas semanales sin afectar el salario, después de resolver las discrepancias entre los ministerios de Trabajo y Economía respecto a su implementación.
En la rueda de prensa que siguió al Consejo de Ministros, los titulares de ambos ministerios, Yolanda Díaz y Carlos Cuerpo, coincidieron con la ministra portavoz, Pilar Alegría, quien describió la aprobación de la reducción de la jornada laboral como un "paso histórico".
La vicepresidenta Díaz ha declarado que la reducción de jornada, una medida que beneficiará a 12 millones de trabajadores, marcará un "día histórico". "Hoy es un día en el que merece la pena formar parte del Gobierno de España (...) Han transcurrido más de 41 años en los no se ha modificado la reducción o la jornada laboral en nuestro país. También es un día histórico en Europa. Hace más de dos décadas que ningún Estado miembro reduce la jornada laboral en Europa", destacó Díaz.
El acuerdo firmado en diciembre por el Ministerio liderado por Yolanda Díaz, junto a CCOO y UGT, dio origen al anteproyecto. Las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme decidieron no participar, argumentando que la regulación de la jornada laboral debe establecerse a través de la negociación colectiva.
La segunda vicepresidenta ha subrayado que "el trabajo es un medio, no una mercancía" y ha afirmado que las personas "no viven para trabajar, sino que trabajan para vivir". Además, Díaz ha afirmado que esta medida representa una de las principales transformaciones del mercado laboral impulsadas por el Gobierno, junto con la reforma laboral y el incremento del salario mínimo. Según él, esto ayuda a "modernizar España", disminuir el absentismo, mejorar la productividad y fomentar la igualdad.
La vicepresidenta considera que la reformulación del control horario es el aspecto más relevante de este anteproyecto, al que ha calificado como la medida "estrella" de la norma. La ministra ha explicado que "el registro horario va a ser modificado, va a ser propio del siglo XXI, va a ser digital, interoperable, con control remoto y en el que la Inspección de Trabajo va a saber en tiempo real cuáles son las jornadas que cualquiera va a hacer".
Derecho a la desconexión
El anteproyecto para la reducción de la jornada laboral destaca, al mismo tiempo, el derecho irrenunciable a la desconexión digital. "Ningún trabajador ni trabajadora española va a tener que responder a un mail, a una llamada, ni siquiera de un ministro o ministra, cuando estén fuera de su jornada laboral", ha señalado.
Aproximadamente a finales de febrero, Trabajo prevé que el anteproyecto, una vez aprobado, regrese al Consejo de Ministros como proyecto de ley tras recibir los informes necesarios del Consejo de Estado y del CES. Posteriormente, en torno a principios de marzo, el texto llegará al Congreso, donde los grupos parlamentarios tendrán la oportunidad de presentar enmiendas antes de que se lleve a cabo su aprobación definitiva.
El propósito del Trabajo es lograr que la norma sea publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) antes de que llegue el verano, lo que permitirá a las empresas contar con unos meses para adaptarse. Según lo establecido, los convenios colectivos que superen un promedio anual de 37,5 horas semanales dispondrán hasta el 31 de diciembre de 2025 para ajustarse a la jornada máxima de 37,5 horas.
La ministra ha señalado que "nuestro país vuelve a hacer historia", destacando que esta norma es "hija" del diálogo social, a pesar de la falta de apoyo por parte del mundo empresarial. Ha remarcado que, aunque el acuerdo sea bipartito, "tiene el marchamo de algo muy importante, del diálogo social".
Carlos Cuerpo, ministro de Economía, Comercio y Empresa, ha señalado que es "muy simbólico" presentar en el Consejo de Ministros un avance en derechos sociales, como lo representa la reducción de la jornada laboral, al mismo tiempo que se mejora las previsiones económicas del Gobierno.
El Gobierno ha señalado que su política económica se centra en dos ejes fundamentales: fortalecer el crecimiento y asegurar que este crecimiento contribuya a lograr avances en conquistas sociales, como las 37,5 horas.
Críticas de Ayuso
Como cabía prever, la medida no ha sido acogida con agrado en el Ejecutivo madrileño. Tanto es así que la propia Isabel Díaz Ayuso no duda en tildarla de "profundamente tirana e insensata": "Estoy en contra de hacerlo como lo ha hecho la vicepresidenta, porque como se va hundiendo las encuestas necesita algún titular. Y entonces dice, que invite la pequeña y la mediana empresa, la empresa familiar, a ver si de esta manera tengo algo que contar durante unos días".
"Me parece profundamente tirano e insensato cómo se ha hecho, puesto que cada empresa es un mundo. No es lo mismo una empresa de tres empleados, dos empleados que una empresa de 500 y, por tanto, siempre sacrificar el trabajo del autónomo, del tendero… Pregunten por ahí a cualquier tendero de esta calle, a cualquier empresa si esto se hace de esta manera", ha añadido a renglón seguido la presidenta
En cuanto a la subida del salario mínimo interprofesional, la máxima mandataria regional critica que se tomen medidas de "brochazo gordo" y alerta de que la pequeña y mediana empresa no va a poder contratar "harta de imposiciones".
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