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CCOO presenta ante el TSJM un recurso contra el convenio de funcionarios por 'restringir derechos a trabajadores'
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(Foto: Roberto Alcolea)

CCOO presenta ante el TSJM un recurso contra el convenio de funcionarios por "restringir derechos a trabajadores"

Por MDO
sábado 25 de enero de 2025, 11:48h
Actualizado: 28/01/2025 21:24h

El sindicato CCOO ha presentado un recurso contencioso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra el convenio de funcionarios de la Comunidad por incluir dos artículos que "restringen los derechos a los trabajadores".

Fuentes del sindicato han comunicado esta información a Europa Press después de que en diciembre se firmara un acuerdo para el personal funcionario y laboral entre la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, y los sindicatos UGT, CSIF, CSIT Unión Profesional y la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC.OO.

El convenio se activó el pasado q de enero, y permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre de 2028. Una de las novedades más destacadas es la incorporación de la carrera profesional para los empleados públicos que trabajan en el sector de administración y servicios. En total, se verá beneficiado un grupo de 40.000 funcionarios.

Desde CCOO han enfatizado que "están de acuerdo con el convenio", aunque han rechazado dos artículos que "restringen derechos". Han subrayado que "no hay que garantizar la paz social amordazando sus derechos. Va en contra de la ley". Además, han iniciado un proceso interno contra la federación que firmó el acuerdo.

El artículo 10 y la disposición adicional décima de este convenio "abren la puerta" a que la administración pueda acordar la "suspensión de la implantación de la carrera profesional horizontal, incluida la interrupción de sus efectos retributivos" del personal a su servicio en caso de que se convoquen huelgas, concentraciones o manifestaciones por parte de los sindicatos firmantes.

En diciembre, CCOO afirmó que, tras conocer el contenido, "se hizo las gestiones encaminadas a que se eliminaran los mismos del texto" y solicitó que "se paralizara o se aplazara la firma de dicho convenio hasta que fuera ratificado por las estructuras correspondientes del sindicato".

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, solicitó el 27 de diciembre a la Fiscalía y al Defensor del Pueblo que intervinieran contra el convenio, argumentando que este "abre la puerta" a la posibilidad de que la administración decida suspender la implementación de la carrera profesional horizontal. Esto incluiría la interrupción de los efectos retributivos para el personal bajo su servicio en caso de que se convoquen huelgas, concentraciones o manifestaciones por parte de los sindicatos firmantes.

Fuentes del Ministerio de Trabajo explicaron a Europa Press que las disposiciones suponen una "degradación de la participación democrática" de los trabajadores, que resulta "todavía más llamativa", dado que se manifiestan en los convenios colectivos que regulan las relaciones laborales de los empleados públicos en una comunidad autónoma, específicamente en Madrid.

Se trata, además, de una cláusula de paz que "desborda lo admisible" para este tipo de contenidos obligacionales, según añadió. Esta situación provoca efectos que trascienden a las organizaciones firmantes y produce, de manera "asombrosa", consecuencias negativas para los trabajadores, más allá de lo estipulado en el artículo 5 de la Ley Orgánica de libertad sindical.

La Comunidad de Madrid defiende el acuerdo

La Comunidad, no obstante, defiende el acuerdo. La consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, expresó que "es una intromisión intolerable y un atentado contra los acuerdos, la negociación y contra la paz social. Algo que ella no conoce y que no ha conseguido hasta ahora". La consejera madrileña criticó a la ministra por "querer boicotear un convenio firmado por unanimidad con todos los sindicatos que tienen representatividad", en respuesta a la solicitud de Díaz. Además, destacó que "el acuerdo cumple con todos los trámites legales previstos para el mismo".

"Más de 40.000 trabajadores públicos que tienen la posibilidad de mejorar sus condiciones laborales y aumentar sus sueldos hasta un 50% podrían verse perjudicados por esta situación. Albert denuncia un acuerdo entre dos entidades: la Administración y las Organizaciones Sindicales. '¿Quién es la ministra para tutelar la acción de los sindicatos que han firmado?', cuestionó Albert."

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