Los acusados del asesinato de Iván Toribio han sido condenados a 18 años de cárcel cada uno tras ser declarados culpables de un delito de asesinato. De acuerdo con el veredicto del jurado, ha quedado probado que los dos acusados se pusieron de acuerdo el pasado mes de febrero de 2019 para dirigirse a la vivienda de Anchuelo en la que vivía Iván Toribio. Su intención principal era que la víctima abandonara el domicilio y que fuera otro familiar quien lo ocupara.
En los hechos probados, se asegura que los dos condenados por un delito de asesinato "siguiendo el plan previamente concertado, entraron en la vivienda, discutieron con el joven y para asegurarse el propósito de causarle la muerte o, al menos, representándose esa posibilidad, Adolfo y Libertad, de forma súbita y sorpresiva, descolgaron unos machetes que había en la pared”. Además, tal y como se ha confirmado, ambos le propiciaron varios golpes y cortes que acabaron con su vida media hora después del inicio de los hechos.
Según la sentencia, la alevosía con la que se perpetró el delito ha sido el detonante para considerarse un asesinato, hecho que se acompaña además "del ánimo de conseguir la muerte sin ofrecer a la víctima posibilidad alguna de defensa" y sin que haya "resultado de riesgo" para quien realiza la acción.
"Atacar de forma repentina y dentro del recinto de la casa de su amigo a quien está desarmado y no se espera la agresión, comporta inexorablemente una situación de inferioridad a la víctima que se agrava cuando los agresores utilizan dos machetes de grandes dimensiones", establece el fallo. Tal y como han añadido los magistrados, ambos han sido condenados culpables porque la "coautoría no requiere que cada uno de los coautores ejecute en su integridad el verbo de la acción descrita como delictiva".
"Cualquiera puede entender -manifiesta la sentencia-, que el empleo por parte de Adolfo de uno de los machetes, con el que golpeó la cabeza de Iván, o la utilización del otro por Libertad para herirle en el tórax con afectación del corazón, (los convierte) en coautores del delito en virtud del principio de imputación recíproca".
El fiscal solicitaba quince años de cárcel para Libertad M. y Adolfo V. por un delito de homicidio, mientras que la acusación elevaba los años de condena a 25, entendiendo que lo ocurrido tenía un encaje penal en un delito de asesinato al estar premeditado y producirse por la espalda.
El fiscal encargado de llevar el caso, Ignacio Stampa, mantenía la teoría de que detrás del crimen había una mafia okupa que tenía intención de quitarle el piso en el que vivía de forma ilegal y por el que había pagado para dárselo a un vecino del mismo edificio.
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