La Comunidad de Madrid ultima ya los trámites para la aprobación definitiva del primer reglamento regulador de los vehículos de transporte con conductor, más conocidos por sus siglas VTC. Entre las novedades incorporadas al texto destaca el tope al incremento de los precios a los que deberán hacer frente los usuarios en episodios de alta demanda, como festivales o conciertos. Aunque en el borrador inicial se había establecido un aumento máximo a la tarifa regular del 50 por ciento, este se eleva ahora hasta el 75.
El porque de este nuevo techo, ha explicado el propio consejero de Vivienda, Transporte e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, radica en un intento del Ejecutivo regional por alcanzar el deseado “equilibio entre la oferta y la demanda, entre los ciudadanos y las plataformas” proveedoras del servicio. Aunque aún resta el visto bueno por parte de la Comisión Jurídico Asesora, fuentes de Sol aseguran a Madridiario que no se prevén nuevas modificaciones.
Más allá de este cambio, el documento regulará aspectos que afectan tanto a las empresas y vehículos como a los conductores, e incluso a los propios usuarios. Así, para obtener y conservar las licencias, las compañías deberán contar con un número de profesionales equivalente al 75 por ciento de las acreditaciones dadas de alta. Serán, además, las propias empresas las que asuman la responsabilidad civil en relación a posibles accidentes y, por ende, daños materiales y humanos, ocasionados durante el servicio. La formación continua de los trabajadores jugará un papel clave a este respecto. Por último, se prohíbe la captación activa de clientes, ya sea en plena circulación o estacionados en algún punto de gran afluencia, como el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas o la Estación de Atocha.
En cuanto a los vehículos, se habilitará la posibilidad del alquiler, apoyándose en mecanismos como el renting o el leasing. La antigüedad de los coches no podrá exceder en ningún caso los 10 años, cumpliendo además con la normativa estatal en materia de accesibilidad -al menos uno de cada diez vehículos estará adaptado para sillas de ruedas-. Todos ellos deberán portar asimismo el distintivo ambiental ECO o Cero Emisiones. Aquellos que tengan permiso cuando la norma entre en funcionamiento y dispongan, a la par, de etiqueta C, sin embargo, podrán seguir prestando servicio con fecha límite diciembre de 2027.
Los nuevos conductores, por su parte, acreditarán estar en posesión de permiso de conducción tipo B, con al menos dos años de antigüedad. También enfrentarán una prueba para demostrar sus conocimientos en torno a la ubicación de los lugares más emblemáticos de la región, así como en el uso del castellano y el manejo de los dispositivos móviles necesarios para el desempeño de su labor. Será necesario, del mismo modo, acreditar estar libre de delitos de índole sexual.
Para los usuarios, se habilitará la posibilidad de compartir trayecto con reserva previa, así como una línea telefónica de ayuda y soporte, adaptada además para personas con discapacidad auditiva. Está previsto que la nueva normativa entre en vigor a principios de 2024.
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