Sanidad insiste: "No hemos pagado nada que no esté fiscalizado"

Aunque pueda continuar la polémica con la pareja de la presidenta regional, no lo es en menor grado la de la esposa del presidente Pedro Sánchez o el “infumable” caso Koldo. A raíz de las informaciones publicadas en los últimos días por eldiario.es, en las que se apunta a un importante incremento del dinero adjudicado por el Gobierno autonómico a Quirón Prevención desde 2021, año en el que González Amador y Díaz Ayuso comienzan su relación, fuentes de la Consejería de Sanidad han querido desligar sus acuerdos con la compañía de los negocios que esta pueda efectuar con otros particulares, asegurando asimismo que el aumento del gasto en los hospitales de gestión indirecta –de 970 millones presupuestados en 2023 a 1.200 en 2024– bebe exclusivamente de las variaciones en la demanda asistencial.

Mismas fuentes ponen asimismo el foco en lo “transparente” y “garantista” de los procedimientos de liquidación derivados del modelo de gestión público-privada, con hasta tres niveles de auditoría diferentes (aseguramiento, datos y actividad), además de la labor que desempeñan tanto la Intervención General de la Comunidad como la Cámara de Cuentas, para garantizar la “fiscalización de cada euro” que sale de las arcas públicas madrileñas. “La Comunidad de Madrid no ha realizado ningún pago a ninguna de las empresas concesionarias de los hospitales que no haya pasado por todo los filtros”, sentencian.

En caso de producirse “discrepancias” entre ambas partes, matizan en cualquier caso desde Sanidad, se recurre a los tribunales para que sean estos quienes terminen por dirimir las cantidades que serán finalmente abonadas. Es precisamente lo complejo del proceso lo que, continúan, da lugar a dilaciones en los tiempos de ejecución administrativa, acumulados desde el año 2016. El montante total de la deuda acumulada a día de hoy no ha trascendido puesto que se trata de procedimientos judiciales "vivos". Para poner fin a los retrasos y, de paso, evitar posibles cobros adicionales fruto de los intereses asociados, el Ejecutivo trabaja ya en la mejora de los recursos humanos e informáticos disponibles.

En la Consejería de Sanidad justifican finalmente sus acuerdos con el Grupo Quirón apuntando hacia el resto de otras administraciones públicas del Estado que contratan servicios con la multinacional. Para muestra, argumentan, la inversión del Gobierno de España en Quirón Prevención por valor de 159 millones en los últimos cuatro años. También el acumulado del resto de regiones: hasta 57 millones desde 2019. En el caso de la Comunidad de Madrid esta cantidad, destinada fundamentalmente a brindar a los trabajadores públicos la posibilidad de disfrutar de revisiones médicas, es de nueve millones.

Durante su comparecencia en el Pleno de la Asamblea de Vallecas del pasado jueves, la titular del ramo, Fátima Matute, defendía ya el “modelo de éxito” de la Sanidad madrileña al ratificar que “no hemos pagado nada que no esté fiscalizado”. La intervención de la consejera tuvo lugar a petición del Grupo Parlamentario de Más Madrid. Los de Manuela Bergerot vaticinan que este tipo de políticas terminarán por conducir a la “privatización” del servicio de la mano de Quirón, el “niño bonito” de Ayuso.