Enésimo desencuentro entre la Administración autonómica y central en las últimas semanas. Tras el estallido de la conocida como ‘Guerra del Agua’ y la polémica en torno a la reducción de la participación del delegado de Gobierno en Madrid, Francisco Martín, en el acto de homenaje a la Constitución española por su 45 aniversario, el Consejo de Gobierno de la Comunidad ha acordado este martes enviar un requerimiento al Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030 al considerar que el nuevo servicio de captación de familias acogedoras “invade competencias recogidas en el Estatuto de Autonomía”.
En concreto, se trata de un escrito que aspira a suspender, sin necesidad de recurrir a la justicia, el contrato aprobado ya por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para que el Ministerio de Juventud e Infancia, encabezado por Sira Rego, de Izquierda Unida, cree un servicio nacional de búsqueda y formación de familias aspirantes a la acogida de menores tutelados. Es, de facto, el paso previo a la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional.
En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, el titular de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, ha explicado que la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad de la Comunidad envío el pasado 14 de noviembre una carta al Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030 para mostrar su oposición al considerar que el servicio se había ideado “sin tener en cuenta a las comunidades autónomas”. En caso de no atender el escrito, ha confirmado el propio Viciana, “estudiaremos la forma de acudir a los tribunales”.
"Es una interferencia unilateral, indeseada y perturbadora"
La postura expuesta por el consejero viene respaldada por la Abogacía General de la región. Este órgano considera que el servicio de “captación, sensibilización, fidelización y formación de familias interesadas en el acogimiento de niños, niñas y adolescentes cuya tutela la tienen las Administraciones Públicas” es “competencia exclusiva de la Comunidad” al vincularse a la “protección y tutela de los menores”, prevista en el artículo 26.1.24 del Estatuto de Autonomía y en el artículo 93 de Ley 4/2023 de Derechos, Garantías y Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid. Es por ello que tildan la medida puesta en marcha por el Ejecutivo de “interferencia unilateral, indeseada y perturbadora del buen funcionamiento institucional”.
Aludiendo a lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, el Consejo de Gobierno solicita al Ejecutivo nacional que “anule el contrato por incompetencia material”.
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