Así se fraguó la denuncia de Ayuso y el Canal de Isabel II contra el Plan Hidrológico del Tajo

Muchos son los componentes conocidos en la bautizada meses atrás por la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, como la “estrategia de la carcoma”, una hoja de ruta liderada por Pedro Sánchez y que aspira, en palabras de la propia regidora, a “minar las instituciones” hasta terminar por “doblegar a Madrid”. De la “traición” a la nación que suponen los pactos con las fuerzas independentistas al "fin del Estado de Derecho" y las “garantías constitucionales”, pasando por “control” del poder judicial. El día de ayer, no obstante, sirvió a Díaz Ayuso para introducir un nuevo elemento en la ecuación: la ya conocida como ‘guerra del agua’ -denuncia ante el Tribunal Supremo mediante- entre el Gobierno central y el Ejecutivo madrileño. Mientras en Sol interpretan lo recogido en el Plan Hidrológico del Tajo como un “nuevo ataque” que “modifica de manera unilateral las reglas del juego” y “pone en serio riesgo el abastecimiento a casi siete millones de madrileños”, desde el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico se muestran sorprendidos por estas “agresivas” acusaciones y defienden que “nunca jamás se había invertido tanto en el Tajo para garantizar la buena calidad del agua y de los ecosistemas fluviales en la Comunidad”. Consideran además que la demanda vulnera la Ley de Aguas y no garantiza la biodiversidad de los ríos.

El desayuno con la prensa celebrado este martes en la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, ha servido al titular del ramo, Carlos Novillo, flanqueado por varios representantes del Canal de Isabel II, para desgranar los pormenores de la denuncia contra el Plan Hidrológico del Tajo, elevada el pasado 4 de octubre, y que, sin embargo, no ha sido anunciada por la presidenta hasta este lunes, coincidiendo con la publicación del acuerdo entre la Junta de Andalucía y el Ejecutivo central para desbloquear la situación en Doñana. La decisión de judicializar la cuestión, asegura el consejero, se ha tomado tras haber sido rechazadas “la inmensa mayoría de las alegaciones presentadas” meses atrás y nada tiene que ver con el pacto alcanzado para incrementar la inversión en este parque natural. En concreto, la empresa pública encargada de la gestión del agua en la región solicita a la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo la anulación de diversos apartados del texto referidos a los permisos necesarios para la movilización de agua en los sistemas de explotación de la Demarcación, principalmente en lo referido al Alberche, un incremento “injustificado” de los desembalses obligatorios hacia los caudales ecológicos y un “cambio drástico” en materia de depuración y calidad del agua que obvia las “características singulares de Madrid”. Todo ello, dicen, genera "incertidumbre", "inseguridad jurídica" y “pone en peligro” las inversiones necesarias para el correcto mantenimiento de las instalaciones.

"Pone en riesgo el suministro de agua en Madrid"

El descontento en el Gobierno de la Comunidad radica, en primer lugar, en el establecimiento de una autorización previa para realizar trasvases en el sistema Alberche. Tal permiso debería, además, solicitarse mes a mes, imposibilitando, a su juicio, la planificación a medio y largo plazo. A través de una concesión acordada en 1997, el Canal de Isabel II venía operando con total autonomía en embalses como Valmayor, condición que consideran imprenscindible mantener para un planeamiento óptimo y que permita aportar, como hasta ahora, 220 hectómetros cúbicos anuales, el equivalente a un 40 por ciento de la demanda madrileña, próxima a los 500 hectómetros. Tal concesión se prolonga, salvo que el Plan Hidrológico lo impida de facto, hasta 2061. Para más inri, añaden los servicios jurídicos del Canal, el permiso queda supeditado a “una serie de requisitos y condiciones que la propia norma no aclara”. A su entender, esto supone que sean “criterios arbitrarios” los que terminen por determinar si se pueden o no efectuar los trasvases necesarios para “garantizar siempre la disponibilidad del agua” en los 13 embalses de los que dispone la región. A pesar de que la autorización en liza ya ha sido solicitada -y concendida- con anterioridad, las autoridades madrileñas ponen el foco en la "incertidumbre" que genera el propio trámite: "¿Quién nos dice que de repente nos dicen que no podemos trasvasar?".

En materia de caudales ecológicos, desde la Consejería de Medio Ambiente tildan de “punto controvertido” la “indefinición” en cuanto a los niveles mínimos que estos deben mantener. Como consecuencia directa del “carácter estacional” de los ríos y la pluviometría madrileña, los técnicos consideran que los caudales deberían establecerse atendiendo a tales condicionantes, sin necesidad de incrementar el vertido de 60 a 90 hectómetros, tal y como recoge el Plan. Solo así, afirman, es posible garantizar “el adecuado abastecimiento de la población” y “la conservación de la fauna y la flora de los embalses”. La reducción del agua disponible para el consumo humano y la actividad económica, anticipan, se agravaría, en escenarios sobrevenidos, como pueden ser los periodos de sequía. Asimismo, ponen de manifiesto que la modificación del nivel de los cauces ecológicos requiere “un estudio previo que analice el impacto sobre los usos preexistentes”, un informe que “no está y entendemos que no existe”.

"Pedro Sánchez vuelve a atacar a Madrid"

La tercera pata en la denuncia bebe de la ausencia de consideración del Plan en cuanto a las “características singulares” de Madrid y sus sistemas de depuración. Desde el Canal de Isabel II ponen en valor que en la actualidad gestionan un total de 155 depuradoras, instalaciones que califican de “muy complejas” en la medida en que deben adaptarse periódicamente a los objetivos medioambientales de calidad de vertido. Todo ello, concluyen, implicaría la pérdida de una inversión próxima a los 55 millones de euros: “Si nos cambian las reglas del juego de un día para otro y sin excepción para las grandes urbes, tiran abajo y hacen inviables las inversiones que hemos hecho”. El nuevo texto tampoco daría cabida a la excepcionalidad vigente hasta la fecha en materia de calidad del agua. Puesto que Madrid cuenta con “grandes aglomeraciones urbanas” y, sin embargo, “no le corresponden grandes ríos receptores”, la legislación europea permitía hasta ahora adaptar sus requisitos a las singularidades propias este tipo de casuísticas. El Plan Hidrográfico del Tajo, aprobado en febrero de este año, pondría también fin a esta opción al fijar idénticos requisitos ambientales para todos los cauces receptores.

“El Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a atacar a Madrid. Muchos aspectos del nuevo Plan suman agravios hacia la Comunidad y su población que, además de tener importantes repercusiones económicas, penalizan un modelo eficiente y responsable, que optimiza infraestructuras para prestar a los madrileños un servicio de calidad y cuidadoso con el medio ambiente (...). El recurso que presentamos no es un capricho. Consideramos que el texto no se ajusta a derecho, modifica artículos que afectan exclusivamente a Madrid e introduce más burocracia. Han creado un problema donde no lo había. Creemos necesario hacerlo para defender los derechos de los madrileños”, zanjan.