El exconsejero de Presidencia y Justicia Salvador Victoria ha sido llamado a comparecer sobre la gestión de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM) en la próxima sesión de la comisión de investigación de la Asamblea.
Junto al exconsejero del Gobierno madrileño también han sido llamados a comparecer el empresario Alejandro de Pedro, el exconsejero delegado de la empresa pública Cándido Cerón, y la exdirectora general de Medios de la Comunidad Isabel Gallego, como han acordado todos los grupos en la reunión de la Mesa y los portavoces de la Comisión celebrada este miércoles. Las comparecencias se celebrarán el próximo 18 de diciembre.
De esta forma, se espera que Alejandro de Pedro atienda al requerimiento que ya se le hizo para la sesión del pasado martes pero que no se tramitó en tiempo y forma, por lo que su comparecencia fue aplazada por la propia comisión, al tiempo que se inician las comparecencias de carácter político en cuanto a la gestión de ICM, investigada en la Operación Púnica.
Prada pide amparo a la Asamblea
Por otra parte, el exdiputado del PP y exconsejero de Justicia de la Comunidad de Madrid Alfredo Prada ha remitido una carta a la presidenta de la Asamblea de Madrid, Paloma Adrados, en la que le pide amparo por las "injurias" recibidas al no comparecer en la Comisión de Estudio de la deuda que se celebra en el Parlamento madrileño y donde, entre otras cosas, se está tratando la situación del Campus de la Justicia.
En la misma carta expone que se encontraba fuera de España y se ofrece a comparecer de manera voluntaria a partir del 6 de enero. Prada, que declinó concurrir como candidato en los comicios del 20D, expone que a su "regreso a España" ha visto con "estupor" las reacciones contra su persona, que califica de "desmedidas, insultantes y presuntamente injuriosas y calumniosas", realizadas por algunos miembros de la Asamblea de Madrid, debido a su "ausencia justificada" que provocó "declinar" su "comparecencia voluntaria" en la citada Comisión de Estudio.
En opinión del exdiputado popular, "se conculcan los principios básicos de un Estado de Derecho si una persona es objeto de graves descalificaciones por el simple hecho de declinar una invitación de comparecencia voluntaria en una Institución del Estado". "El mismo derecho tienen los parlamentarios a invitar a comparecer como los ciudadanos a asistir o no", apostilla en su carta.