Colectivos y oposición, frente a la modificación de la Ley Trans: "Ayuso se ha subido al carro de la extrema derecha"

Aunque las prioridades en la hoja de ruta del Partido Popular para los primeros compases de la XIII Legislatura pasan, en materia económica y fiscal, por el diseño de los Presupuestos 2024 y la aprobación de la futura norma relativa a los incentivos fiscales a inversores que provengan del extranjero, uno de los objetivos que más revuelo ha levantado entre la opinión pública madrileña es la ya prometida modificación de la Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid, más conocida como Ley Trans. Inmersos en plena festividad del Orgullo, miembros del colectivo, así como los principales partidos con representación en la Asamblea de Entrevías, Más Madrid y PSOE-M, han mostrado ya su firme oposición frente a una posible revisión de la norma. En caso de ostentar el poder, Vox optaría por derogarla.

Anunciada por la propia presidenta, Isabel Díaz Ayuso, en el cierre del pasado mandato -solo lo ajustado de los plazos parlamentarios impidió que se llevara a cabo con anterioridad a las elecciones del 28 de mayo- y confirmada -”ya está redactada y preparada”- tras la primera reunión del renovado Consejo de Gobierno, la intención es que la reforma legislativa, sin resultar del todo urgente, se lleve a Pleno en “el primer periodo de sesiones”. Esto es, antes de que finalice el año en curso. Una vez en el Parlamento, su aprobación será coser y cantar para la bancada azul, que cuenta con incontestable mayoría absoluta.

El fin último de la reforma, tal y como ha expuesto la máxima mandataria regional en su discurso de investidura, no es otro que dotar de mayor seguridad jurídica a la vigente normativa. "Debemos seguir haciendo eficazmente aquello en lo que la Comunidad de Madrid ha sido pionera: proteger a las personas transexuales, pero garantizando en todo momento la calidad legislativa, la constitucionalidad de todos los artículos de la ley, la igualdad de oportunidades de las mujeres en el deporte y en todos los ámbitos de la vida, la protección de los menores, la libertad educativa y de cátedra y la seguridad jurídica". En cualquier caso, apostilla Díaz Ayuso, la modiciación no traerá consigo “desamparo en los legítimos derechos” del colectivo. Se trata, por el contrario, de “corregir las deficiencias en este ámbito” y “seguir protegiendo a las personas transexuales y al resto de la sociedad”.

Coincide a este respecto, como no podía ser de otra manera, el nuevo portavoz del grupo parlamentario popular, Carlos Díaz-Pache, quien pone el foco sobre el papel de Madrid como ciudad pionera en cuanto a la lucha y la defensa de los derechos de las personas trans: "Madrid ha sido pionera en defensa de los derechos trans, de los homosexuales y, en definitiva, de la libertad, y va a seguir siéndolo". Sin embargo, no existe a su entender contradicción alguna entre este papel y la intención de su partido de "mejorar" la norma pues "todas las leyes tienen margen de mejora. Siempre hay aspectos que se pueden modificar para equilibrar derechos en cuanto a la libertad de expresión, de prensa, de cátedra...".

En la misma línea, fuentes del PP explican a Madridiario que la pretendida “adecuación” de la ley vendría a “corregir” una serie de puntos” para que no se produzcan “choques” con “los derechos de las personas no trans”. Tales matices, añaden, se relacionarían con ámbitos tan variados (y polémicos) como la participación de las mujeres trans en competiciones deportivas femeninas. Tal y como apunta el diario El Mundo, a tales cuestiones habría que sumar además la recuperación de los informes psicológicos y médicos para que los menores de edad puedan someterse al tratamiento de hormonación, así como a las operaciones de cambio de sexo. Este supuesto ya aparecía contemplado en el texto original, aprobado por el propio Partido Popular de Cristina Cifuentes en el año 2016- pero, tras la entrada en vigor de la normativa nacional, había caído en saco roto.

Frente a la convicción en el seno del Partido Popular, las dudas por parte de las personas trans. En conversaciones con este digital, integrantes de COGAM, el colectivo LGTB+ de Madrid, manifiestan su temor a que las posibles rectificaciones que se apliquen sobre un texto que “apenas se ha desarrollado en la práctica” se traduzcan en una posible supresión de derechos ya consolidados en la legislación estatal: “Hasta que lo hagan público no sabemos lo que va a pasar (...). Hay que esperar, pero pensamos que van a recortar más que añadir en leyes que eran buenas (...). Aunque ya llevamos siete años no cumpliendo con lo establecido en el texto. Hay gente que no sabe ni que existe porque ha estado en un cajón”.

Presas del pesimismo, desde el COGAM sospechan que este tipo de “actualizaciones” puedan terminar por extenderse a otras regiones como consecuencia de la proximidad a las elecciones generales del 23J. “Creemos que seguirán. No se producirá únicamente en la Comunidad de Madrid. A ver por donde sale la liebre...”, advierten. La voluntad de los ciudadanos, reflejada en su voto, determinará si finalmente hay vuelco en La Moncloa, dando el poder a Alberto Núñez Feijóo, o, por el contrario, permitiendo que Pedro Sánchez revalide su papel protagonista al frente del Ejecutivo. De la respuesta popular a tal incógnita dependerá, en gran medida, la profundidad de la reforma y, lo que es aún más importante, su aplicación práctica.

“Ser trans no es moda ni capricho”

Puesto que llevan "años solicitando reuniones sin éxito", desde la Asociación de familias de Infancia y Juventud Trans Chrysallis, exigen a Sol diálogo y consenso antes de tomar cualquier decisión: “Ser trans no se elige. No es una moda ni un capricho de nuestra infancia y juventud”. En paralelo, le piden a la presidenta que no modifique la ley regional actual ya que “nunca ha sido cuestionada jurídicamente, ni tiene ningún elemento de inseguridad jurídica ni de inconstitucional”. Sería, dicen, “una irresponsabilidad”. En caso de “querer mejorarla”, apostillan, “lo único que tendrían que hacer es dotarla de presupuesto y recursos suficientes para poder aplicarla”, ya que, al menos hasta la fecha, “el único desarrollo efectivo que ha tenido esa ley ha sido la existencia de un Protocolo de actuación para los Centros Educativos y un Protocolo Sanitario. Son estas las "únicas herramientas que tenemos las familias y los propios profesionales para aplicar la ley y poder defender a nuestras niñas, niños y niñes de los incumplimientos, agresiones y de la transfobia. A la sociedad no hay que protegerla de la diversidad, sino de la ignorancia y el desconocimiento”.

Oposición en minoría desde Entrevías

“Su legado será dolor, sufrimiento y odio”

Con aún mayor contundencia, los principales partidos de la oposición en la Asamblea de Vallecas, Más Madrid y PSOE-M, cargan contra una medida que tildan de “falta de sentimiento, empatía y que produce una profunda y absoluta vergüenza”. Con especial rotundidad se manifiesta la diputada Carla Antonelli, quien será además la primera senadora -por designación autonómica de Más Madrid- transexual en la historia democrática del país: “Es una indecencia. La derecha nos han deshumanizado (...). En los siete años desde la aprobación de la ley no ha habido ningún problema, pero la señora Ayuso se ha subido al carro de la extrema derecha. Va a tener el dudoso honor de ser la primera mujer política en la historia de nuestra democracia en recortar derechos civiles. Su legado será dolor, sufrimiento y odio". El resultado, advierte, "años de transfobia y estigmatización”.

A juicio de la parlamentaria, bajo este tipo de “políticas efectistas” que “no les cuestan ni un euro” subyace un interés mediático, ya que “les da titulares en prensa”. También de ratificación ante el votante popular “más extremista”. Todo ello a costa de “la vida, la felicidad y el bienestar de una parte de los madrileños”. “Son solo cortinas de humo para tapar sus miserias. ¿Qué mejor manera de arrancar esta legislatura?”, se pregunta. En último término, Antonelli carga contra el supuesto viraje en el discurso de la regidora: “Lo que ahora dice de forma pellorativa, antes lo decía en defensa del colectivo. Cuando aún no era presidenta, defendía que la ley aprobada en el 2016 venía a dar derechos a una serie de personas. En el discurso de investidura alegó todo lo contrario al señalar que se trata de una ley ideológica y de ingeniería social”.

“El avance de derechos nunca resta derechos a otros”.

En la bancada socialista, a través de la voz de su diputado Santiago Rivero, comparten el fondo de la línea argumental expuesta por Más Madrid, aunque se muestran más moderados en la crítica. Tras pedir prudencia hasta “ver qué es exactamente lo que van a registrar”, el parlamentario pone de relevancia la imposibilidad de legislar contra el marco estatal: “Estaremos alerta para que la reforma no contradiga lo recogido en la ley estatal. Asimismo, defenderemos la ley aprobada en 2016. Entendemos que pueda adaptarse y modificarse, pero el problema es que la Comunidad no la ha desarrollado”. Al igual que ocurrió en su día con el matrimonio igualitario, continúa, “el avance de derechos nunca resta derechos a otros” porque “este tipo de leyes solamente las utilizan las personas que de verdad lo necesitan”. De ahí que desde el Ejecutivo autonómico “sean incapaces de decir qué es lo que falla, lo que está mal”. Lejos de plantear cambios para "avanzar y mejorar", apostilla el portavoz y líder regional del PSOE-M, Juan Lobato, la iniciativa que preparan desde el Partido Popular viene a "recortar algo que estaba funcionando en un Madrid abierto y moderno. Viene a retroceder".

Abonados, una vez más, a la prudencia, carta que la formación viene jugando con asiduidad en las últimas semanas, en Vox optan por guardar silencio y no emitir juicios de valor antes de revisar a conciencia el futuro reglamento: “Solo podremos opinar cuando tengamos acceso a la reforma”. A través de su portavoz adjunto en la Asamblea de Entrevías, Íñigo Henriquez de Luna, los de Rocío Monasterio refuerzan su firme convencimiento de que "este tipo de leyes idelógicas hay que derogarlas" o, en caso de no hacerlo, "modificarlas sustancialmente".

Orgullo y bandera arocoíris

Como viene siendo norma, las fiestas del Orgullo, un mix entre celebración y reivindicación, vienen acompañadas este curso del ya clásico debate acerca de si la bandera LGTBI debe o no ondear en los balcones de los edificios de titularidad pública. Frente a la tesis de Vox, partido que defiende el “cumplimiento de la ley de banderas” y, por ende, “que solo ondeen la de España y, en su caso, las propias de cada territorio: comunidades, municipios...”, las duras críticas de la izquierda, que acusa en bloque al PP de “retroceder 20 o 30 años” con su decisión de “retirar este símbolo de los ayuntamientos”: “Es la decisión del miedo al ver que la sociedad avanza”.

Pese a la ofensiva, los populares continúan defendiendo que, un año más, el Orgullo se celebra con absoluta normalidad "en todos los lugares donde gobiernamos". En cuanto a la política de gestos, desde el equipo de Díaz Ayuso no dudan en tildarlo de "debate artificial”, y es que, afirman, “se ponen banderas y se iluminan edificios enteros. Si ponemos banderas, piden iluminación o una bandera más grande. Si iluminamos, quieren bandera. Es un debate artificial de la izquierda. Quieren enrredarnos”, zanja Díaz-Pache.