La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este martes que con la suspensión de la actividad en la central nuclear de Almaraz, en Extremadura, se llegará incluso a "comprometer la seguridad nacional".
Así lo ha trasladado, en declaraciones remitidas a los medios de comunicación, tras acercarse a la misma en una visita institucional con la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, donde ha vuelto a alertar de que el cierre supondría "un daño irreversible a España y la pérdida del 15 por ciento de la energía eléctrica madrileña".
Las presidentas firmaron ayer, en Mérida, una declaración institucional reclamando la prolongación de la vida útil de esta infraestructura ante la decisión del Gobierno central de apagarla en 2027.
Entre los argumentos esgrimidos por la presidenta se encuentra que el cese de operaciones de la central "causará un daño irreversible a España", al no contar con la infraestructura tecnológica necesaria y no estar "preparada para reemplazar a la energía nuclear".
Además, alerta de que la suspensión de actividad en Almaraz pone en riesgo el suministro en zonas de alta demanda como la Comunidad de Madrid, teniendo en cuenta que genera el 15 por ciento de la energía en la región, "con una necesidad cada vez mayor por la creciente apertura de centros de datos".
La jefa del Ejecutivo madrileño ha expuesto estos días que algunos estudios constatan que el fin de estas centrales provocaría "un aumento del 23 por ciento de la factura de la luz para hogares y pequeñas y medianas empresas, con un coste de 22.500 millones de euros".
"Supondrá una pérdida de alrededor de 30.000 puestos de trabajo, la mayor parte en municipios rurales en riesgo de despoblación, a los que se privaría del 70% de sus ingresos", asegura.
La energía nuclear, considerada en 2022 por la Unión Europea como energía verde, es clave para España y representa el 21 por ciento de su generación eléctrica, evitando la emisión de alrededor de 30 millones de toneladas de CO2 al año y contribuyendo la reducción de los gases de efecto invernadero, ha incidido.
Además, ha alertado de que en los últimos cinco años se ha incrementado en torno al 70 por ciento la carga fiscal a las empresas "para desincentivarlas y que no inviertan en energía nuclear, decisión que va en contra de la industria, el empleo, las familias, la digitalización". "En caso de cierre, España sería más dependiente de los combustibles fósiles, sobre todo del gas proveniente de Rusia", ha afirmado.
Por ello, la presidenta reclama emular la continuidad de dos nucleares en Bélgica, "que cuentan ahora con el beneplácito de la comisaria europea Teresa Ribera y ayudas de 32.000 millones de euros para que sigan abiertas", además de exigir al Gobierno central que aplique "una política exenta de ideología, con rigor científico y técnico y que cuide del medio ambiente, la industria, el empleo y la autonomía energética de España".
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