Avanza el expediente para declarar Lugar de Memoria Democrática la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. El Gobierno central defiende que señalar este espacio, que fue centro policial durante la dictadura franquista, no infringe las competencias autonómicas, a pesar de la oposición del Ejecutivo madrileño encabezado por Isabel Díaz Ayuso.
La ministra portavoz, Pilar Alegría, ha comunicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el Gobierno ha aprobado la respuesta al requerimiento de incompetencia presentado por la Comunidad de Madrid en relación con el expediente sobre el edificio de la Puerta del Sol que albergó la Dirección General de Seguridad franquista, ha recordado la portavoz del Gobierno, quien también ha destacado que allí se llevaron a cabo maltratos.
El expediente para declarar lugar de memoria sigue en manos del Gobierno que sostiene que "no hay vulneración ni invasión de competencias autonómicas". Además, ha señalado que "de hecho, la propia Ley de Memoria Democrática recoge que es compatible esa figura con el uso institucional y de servicio público que tiene actualmente la Real Casa de Correos".
La declaración de un lugar de memoria, según ha señalado Alegría, "lo que conlleva, entre otras cosas, es sencillamente la colocación de una placa en la fachada para recordar las personas que allí fueron detenidas y maltratadas en ese lugar durante la dictadura".
El Gobierno ha recibido una exigencia por parte de la Comunidad de Madrid para que se anule la resolución que da inicio al expediente, y no se ha descartado la posibilidad de llevar el asunto a los tribunales para evitar que el edificio se convierta en "un aquelarre".
El requerimiento de la Comunidad, según el Gobierno, sostiene que se está produciendo "una importante y grave injerencia y perturbación en el derecho de propiedad y en la posesión del inmueble". El Ejecutivo afirma que las alegaciones "carecen de fundamento", puesto que "no se realiza alteración, por mínima que sea, en el inmueble objeto de la incoación".
Desde el Gobierno central destacan que la Comunidad de Madrid "nunca ha cuestionado la constitucionalidad" de la Ley de Memoria Democrática, que establece la figura del lugar de memoria y lo hace ahora después de más de dos años desde que la norma entró en vigor. Además, enfatizan que no ha legislado sobre este tema, a diferencia de otras comunidades que han implementado sus propias leyes autonómicas. Asimismo destacan que el hecho de que la Real Casa de Correos sea considerada un Bien de Interés Cultural (BIC) "no es óbice para que, además, dicho inmueble pueda ser declarado lugar de memoria".
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