La Asociación Cultural Tabadol, la PAH de Vallekas y el colectivo La Laboratoria han convocado una marcha para el próximo 31 de enero desde Vallecas al sector 6 de la Cañada Real para reclamar el derecho del vecindario a permanecer en el territorio y exigir la cesión del suelo como única alternativa a las políticas de derribo impulsadas por las administraciones. Bajo el lema ‘Cañada se queda’, la movilización pretende resolver uno de los conflictos urbanos más prolongados de Madrid.
“Ese suelo es de los residentes de la Cañada Real, que han construido allí sus casas con sus manos o las de sus familiares”, ha trasladado Carol Vacas, miembra de PAH Vallekas, a Madridiario. Las organizaciones convocantes han sostenido que la situación de este barrio no corresponde a un “asentamiento ilegal” sino a décadas de “estigmatización” y "racismo institucional”.
Según ha relatado Vacas, la presión de derribos de las viviendas del sector 6 de La Cañada Real durante estos últimos meses se ha intensificado. En noviembre, el Ayuntamiento de Madrid reactivó órdenes de derribo que afectan a viviendas habitadas. El vecindario ha denunciado que estas actuaciones vulneran la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid y que se han llevado a cabo “sin ninguna solución real”. “Quieren acabar con todo el sector 6 de Cañada Real para impulsar Planes Urbanísticos del Sudeste”, han subrayado desde PAH Vallekas.
Más de 30 familias permanecen bajo la amenaza directa de perder sus casas, en un contexto que afecta a cientos de viviendas a lo largo de todo el sector 6. Desde las agrupaciones convocantes han denunciado que el Pacto Regional por la Cañada Real es un instrumento excluyente, que ha priorizado la lógica de reordenación urbana frente a la garantía de derechos. “Las opciones de realojo son terribles, todas fuera de Madrid. No tienen en cuenta los puestos de trabajo de las personas de Cañada Real ni tampoco donde tienen a sus hijos escolarizados”, ha explicado la portavoz de PAH Vallekas.
“Las opciones de realojo son terribles, todas fuera de Madrid. No tienen en cuenta los puestos de trabajo de las personas de Cañada Real ni tampoco donde tienen a sus hijos escolarizados”
El cruce de competencias entre los ayuntamientos de Madrid y Rivas ha reforzado esa desconfianza vecinal. Desde el tejido social se ha denunciado que estas decisiones facilitan futuros desarrollos urbanísticos en el sureste mientras mantienen la incertidumbre sobre el destino de las viviendas existentes. Frente a esta coyuntura, las vecinas han defendido “la cesión del suelo como única vía para una solución estable”. Se trata de una propuesta que permitiría regularizar la situación de las viviendas de las familias que viven en Cañada Real.
Vacas ha contado que, en la actualidad, el marco normativo de la ordenanza municipal establece que aquellas familias que puedan corroborar su estancia en la vivienda desde 2011 podrán seguir alojándose en sus viviendas; mientras que todas aquellas que no acrediten su permanencia serán desalojadas.
En entredicho la política de derribos
Las organizaciones convocantes también han señalado que las recientes resoluciones de los juzgados de lo contencioso-administrativo han suspendido la ejecución de varios derribos. Las órdenes estaban firmadas por el jefe del Departamento de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Madrid, que “continúa en su cargo pese a haber sido condenado a nueve años de inhabilitación por la Audiencia Provincial”. “Es un peligro que esta persona siga en su puesto cuando se ha demostrado que no le tiembla la mano para cometer derribos ilegales”, ha denunciado Vacas. Por su parte, el Consistorio ha explicado que “no hay una sentencia firme”.
La movilización concluirá en el sector 6, una de las zonas más castigadas por la falta de suministros y la presión administrativa. “Esta marcha va más allá que el resto de movilizaciones organizadas, va más allá de la falta de luz en la Cañada Real”. Allí, reiterarán su rechazo a los desplazamientos forzosos y a las soluciones impuestas, reclamando “una defensa del territorio”.
Por su parte, fuentes de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior han señalado que el sector 6 de la Cañada Real es un "terreno público no urbanizable y de especial protección", que además "no cumple los requisitos necesarios para alojar viviendas". Desde la Comunidad de Madrid han indicado que el realojo se realiza tras el "cumplimiento de una serie de requisitos" como la acreditación del domicilio. Asimismo, han manifestado que las reubicaciones de los vecinos del sector 6 de Cañada Real se producen en cualquier parte del territorio de la Comunidad de Madrid, a través de mecanisimos de alquiler asequible. En este sentido, han asegurado esta solución es la correcta porque es una manera de "integrar socialmente" al vecindario.
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