La Comisión Europea ha determinado este viernes que sea el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el encargado de determinar quién debe investigar el contrato vinculado al hermano de Isabel Díaz Ayuso. De este modo, se resolverían las diferencias de criterio entre la Fiscalía Europea y la Fiscal General del Estado (FGE), Dolores Delgado.
"En caso de duda, correspondería en última instancia al Tribunal de Justicia decidir; y debe existir un mecanismo que permita que las preguntas preliminares lleguen al Tribunal", ha explicado a Europa Press el portavoz de Justicia del Ejecutivo comunitario, Christian Wigand.
A principios de esta semana, la Fiscalía europea ya expuso su malestar por las trabas que estaba encontrando para investigar el caso, del que se considera competente por estar en juego los fondos comunitarias. Un malestar acrecentado también por la falta de entendimiento con la Fiscalía española.
El comisario de Justicia, Didier Reynders, examina ya una carta firmada por la fiscal jefe europea, Laura Codrua Kövesi, en la que se informa de la situación a Bruselas, según ha confirmado Wigand, quien ha precisado que la queja tendrá respuesta cuando sea analizada.
Tal y como ha señalado el ejecutivo comunitario, la Fiscalía europea es un órgano independiente y es por ello por lo que se resiste a tomar posición sobre casos individuales.
"Debe haber un mecanismo que permita que las preguntas preliminares lleguen hasta la Corte", ha añadido el portavoz comunitario. Fuentes jurídicas europeas consultadas por Europa Press recalcan que la EPPO no puede dirigirse directamente al Tribunal con sede en Luxemburgo para remitir la cuestión, sino que debería haberlo planteado Delgado.
Fuentes fiscales apuntan, además, que el TJUE debe resolver si una fiscalía puede ser considerada autoridad judicial al resolver una cuestión de competencia de acuerdo con el Reglamento de la Fiscalía europea y el Derecho de la unión.
Del mismo modo, la Comisión Europea ha incidido en que están plenamente comprometidos con garantizar que los Estados miembro cumplan con sus obligaciones de acuerdo a las reglas de la EPPO.
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