La Asamblea de Madrid ha dado luz verde definitiva a la reforma tributaria conocida como la ‘Ley Mbappé’, que ha salido adelante gracias a los votos de la mayoría absoluta del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, que no ha aceptado ninguna de las enmiendas de los grupos parlamentarios de la oposición y que ha obtenido los votos en contra de todos ellos. En la misma votación también ha salido adelante un paquete de incentivos fiscales para evitar la despoblación en los pequeños municipios de la región, aquí, el PP ha contado con el voto favorable de Vox.
La iniciativa legislativa permite a los nuevos residentes en Madrid deducir el 20 por ciento de las inversiones realizadas en productos financieros, tales como acciones, bonos y fondos de inversión, durante su primer año de residencia. Esta medida podría traducirse en una significativa reducción del IRPF a pagar, incluso llegando a representar la mitad del impuesto que se aplicaría sin esta deducción. Una medida económica que ha unificado el rechazo de toda la oposición, de Más Madrid y PSOE hasta Vox, donde la izquierda acusaba al Ejecutivo regional de beneficiar a las élites.
De acuerdo con expertos en fiscalidad, no hay un tope máximo en cuanto al dinero que puede ahorrarse mediante esta deducción, lo que supone una gran oportunidad para personas con altos capitales. Uno de los requisitos para acceder a esta deducción es mantener la inversión durante un período de seis años y no haber residido en Madrid en los cinco años previos. Así, también podrán beneficiarse ciudadanos españoles procedentes de otras regiones del país. La norma contempla un incentivo fiscal del 20 por ciento en el IRPF autonómico para los inversores extranjeros que establezcan su residencia fiscal en la Comunidad de Madrid, siempre que hayan pasado un mínimo de cinco años fuera de la región. Con esta medida, el PP concluye la tramitación de una norma que quedó pendiente de la anterior legislatura, después de que Vox la bloqueara en el Pleno cuando era un socio necesario.
Para la oposición "favorece a los grandes millonarios extranjeros"
El proyecto de ley sobre rebajas fiscales ha sido rechazado por la oposición en su totalidad, calificándolo de "aberración fiscal" al favorecer a "los grandes millonarios extranjeros", que "ni siquiera reconocen a los españoles", según expresó el diputado del PSOE Fernando Fernández Lara, quien también criticó que no se exija que las inversiones se realicen en Madrid. Los socialistas consideran que esta iniciativa es "un insulto fiscal a la inteligencia de los madrileños", ya que, según han señalado, "reducirá los ingresos destinados a sus servicios públicos para dárselos a millonarios extranjeros a cambio de nada", con una pérdida estimada de 60 millones de euros en recaudación para las arcas públicas.
Eduardo Gutiérrez, parlamentario de Más Madrid, también ha reprochado al PP el otorgamiento de ventajas fiscales a millonarios que establezcan su residencia fiscal en la región e inviertan "en cualquier lugar del mundo", solo por creer que traerán inversiones a la comunidad, mientras se "reduce" el dinero que podría destinarse a servicios públicos.
Por su parte, la diputada de Vox, Ana Cuartero, ha opinado que el impacto económico de esta medida será "intrascendente" y ha criticado que el gobierno de Díaz Ayuso ofrezca rebajas fiscales a extranjeros sin extender el mismo beneficio a los españoles.
Incentivos para municipios en riesgo de despoblación
Con el objetivo de frenar la despoblación en municipios rurales con menos de 2.500 habitantes y para incentivar a los menores de 35 años a trasladar su residencia habitual allí, se ofrece una deducción de 1.000 euros, ya sea para la compra o el alquiler de una vivienda. Además, se podrá deducir el diez por ciento del precio de adquisición de la vivienda, con un tope anual de 1.546 euros, durante un periodo de diez años. Se estima que esta medida beneficiará a alrededor de 1.200 personas, con un ahorro total de 1,6 millones de euros.
Adicionalmente, los beneficiarios podrán disfrutar de una bonificación del 100 por ciento en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) en el caso de compra de viviendas de segunda mano y en el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD) para viviendas nuevas. Se calcula que el impacto de estas bonificaciones supondrá un ahorro de siete millones de euros para los ciudadanos madrileños.