La presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, había declarado meses atrás la guerra al cannabis y sus derivados al considerar que provocan “efectos demoledores” sobre los consumidores, especialmente en el caso de los más jóvenes. Una cruzada y una declaración de intenciones que, más allá de la pretendida reforma de la ley sobre drogodependencias y otros trastornos adictivos, se ha concretado este miércoles mediante la presentación de su 'Plan regional contra las Drogas'. Una batería de 50 medidas, diseñada de la mano de las consejerías, que gira en torno a cuatro ejes: la prevención y la información, la asistencia y la atención, la reinserción y la vigilancia y la monitorización.
Entre las iniciativas recogidas figura la ya anunciada limitación de la venta de derivados del cannabis a menores en establecimientos destinados a tal fin que pasarán a exigir un documento identificativo previo a la adquisición que acredite la mayoría de edad del comprador. Del mismo modo, se intensificarán las inspecciones y se pondrá freno a la libre adquisición de estos productos en máquinas expendedoras y dispensadores móviles. Estos deberán incorporar un sistema para comprobar la identidad y edad del usuario.
En colaboración con los distintos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, informan desde el Ejecutivo, hasta la fecha se han llevado a cabo más de 60 inspecciones en una veintena de municipios. Los registros se han saldado con la inmovilización de casi 100 kilos de productos con derivados del cannabis y 25.000 envases de bebidas que contenían su extracto. Además, se han investigado más de una docena de páginas web asociadas a la venta y distribución de productos tales como gominolas, piruletas, galletas, aceites de semillas, tés o vapeadores con extracto de cannabis.
En materia de publicidad, se establecerán restricciones a la libre promoción de los derivados del cannabis, con especial énfasis sobre los videojuegos que se comercializan actualmente en la región. Tampoco se podrán patrocinar estos productos a una distancia inferior a 300 metros de cualquier centro educativo de enseñanza no universitaria ni se permitirá asociar su consumo a mejoras en el rendimiento físico, beneficios para la salud o actividades de riesgo y aventura. Todo ello acompañado de campañas de sensibilización en lugares públicos, tales como Metro o centros deportivos.
En cuanto a la prevención, se pondrá en marcha un servicio móvil e itinerante que recorrerá los espacios de la región más transitados por jóvenes y adolescentes para informales y sensibilizarles sobre los efectos perjudiciales del consumo de drogas y, en general, de las adicciones. En esa línea, la Comunidad colaborará con las entidades locales para realizar actividades en materia de promoción de la salud. Ejemplo de ello serán los talleres de sensibilización y prevención a través de los Centros de Formación para el Empleo.
También se creará una aplicación móvil con un asistente virtual que informará y aconsejará sobre los riesgos del consumo, promocionando los recursos para buscar ayuda en el caso que resulte necesario. Idéntico fin perseguirán los nuevos servicios disponibles en la Tarjeta Sanitaria Virtual, con actividades formativas dirigidas a las familias en temáticas muy variadas. Entre ellas, los hábitos de vida saludable, los perjuicios del consumo de alcohol y drogas o el uso responsable de las pantallas.
En el ámbito escolar, el Plan regional contra las Drogas reforzará las actividades en los centros educativos, incluyendo formación sobre drogodependencias para el personal docente. Se creará además una Cátedra de I+D+i sobre la prevención del uso de estupefacientes en colaboración con las universidades madrileñas, así como un nuevo programa de prevención del uso inadecuado de las tecnologías de la información y la comunicación para alumnos de Primaria. También se reforzará la figura el agente tutor mediante un curso para policías locales en el Instituto de Formación Integral en Seguridad y Emergencias (IFISE). El objetivo no es otro que fortalecer las capacidades de los agentes en la prevención del consumo de sustancias adictivas.
Los trabajadores sociales de la Agencia de Vivienda Social, por su parte, pondrán en marcha el servicio 'Tu casa libre de drogas' para informar a sus inquilinos y, en su caso, detectar situaciones irregulares de consumo o venta. Igualmente, se formará a instructores y guías caninos para mejorar la capacidad de las Fuerzas de Seguridad en la detección y lucha contra el tráfico de drogas.
Red de detección y asistencia
El Plan regional contra las Drogas promoverá la creación de una red de atención integral sobre las adicciones. Así, se crearán dos nuevos centros de Prevención, Tratamiento e Investigación del Trastorno por Juego, y se extenderán los servicio que prestan en la actualidad tanto la Unidad Ambulatoria de Patología Dual para tratar problemas de trastorno mental y adictivo como la Unidad de Ingreso y de Hospital de Día de Desintoxicación para adolescentes y jóvenes, que brinda atención psiquiátrica, psicológica, médica y de enfermería.
En el ámbito social, se van a seguir desarrollando programas de atención a personas sin hogar. A su vez, se regularán las obligaciones y condiciones técnicas para la contratación del servicio de atención residencial para menores con adicciones graves. También se llevarán a cabo itinerarios y planes personalizados de empleo para personas con algún tipo de adicción mientras continúa en marcha el programa 'Enlace' para menores infractores internados en los centros de la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor (ARRMI).
En paralelo, se activará un novedoso programa de asesoramiento en las Oficinas de Asistencia de Víctimas del Delito. Estará dirigido a jóvenes agresores y víctimas identificados como potenciales consumidores de drogas. Todo ello acompañado de un impulso a la Red de Atención Ambulatoria a Drogodependientes, compuesta en la actualidad por 24 dispositivos distribuidos por toda la región.
El Plan regional contra las Drogas generará un nuevo sistema de alerta temprana para la detección de nuevas sustancias psicoactivas, un plan de inspección y control de derivados del cannabis, análisis de aguas residuales -como ya se hizo durante la pandemia- y monitorización de las urgencias hospitalarias por consumo de sustancias. Finalmente, se harán estudios poblacionales a personas de entre 15 y 64 años para conocer sus hábitos, a pacientes en tratamiento por adicciones en los centros ambulatorios de la Red de Atención a Drogodependientes y análisis toxicológicos de fallecidos realizados por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Comunidad.
Esta reforma, concluyen desde el Ejecutivo, supondrá la adecuación de la normativa a la Ley autonómica de Derechos, Garantías y Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia aprobada en 2023. Un texto que establece la prohibición de vender a los menores sustancias perjudiciales y nocivas para su organismo, además de incluir la obligatoriedad de informar de manera visible de la composición, características y uso de artículos orientados a este colectivo.
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