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Juzgados de Violencia contra la mujer
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Juzgados de Violencia contra la mujer (Foto: Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo)

Aumentan un 4,9% las denuncias de violencia de género en los juzgados de Madrid

Por MDO/E.P.
viernes 13 de octubre de 2023, 19:42h
Actualizado: 17/10/2023 08:17h

Según el 'Informe trimestral sobre Violencia de Género' dado a conocer hoy por el Observatorio de Violencia Doméstica y de Género, se ha producido un nuevo repunte interanual de casos en Madrid durante el segundo trimestre de este año. Entre abril y junio hubo en Madrid un total de 7.216 mujeres víctimas de maltrato y se presentaron 7.303 denuncias. El número de víctimas aumentó un 4,9% con respecto al mismo periodo de 2022 y el número de denuncias lo hizo en un 5%. El incremento se ha producido también con respecto a los tres primeros meses de 2023 con un 9,4% más de víctimas y un 7,1% más de denuncias presentadas.

El estudio muestra también un aumento interanual del 2,4% en el número de órdenes de protección acordadas por los juzgados de violencia sobre la mujer y por los juzgados en funciones de guardia; en cuanto a las sentencias dictadas, la cifra apenas varió al alcanzar las 1.746, incluyendo los juzgados de menores. Más de ocho de cada diez sentencias, el 83,5 por ciento, contenían un fallo condenatorio para el agresor.

Un trimestre más, algo más de la mitad de las víctimas (el 55,70%) tienen nacionalidad española, mientras que el 44,3% restante proceden de otros países. Este último trimestre, no se ha contabilizado ninguna víctima menos, ni española ni extranjera.

La tasa de víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres volvió a experimentar un aumento interanual al situarse la media nacional del segundo trimestre del año en 19,2 frente a las 18,4 de hace un año y las 16,6 del primer trimestre de 2021.

Menos mujeres renuncian a declarar

El porcentaje de víctimas que se acogieron a la dispensa de la obligación legal de declarar descendió de nuevo significativamente en la región de Madrid, al situarse en 657 casos, un 19,6 por ciento menos que en el periodo de referencia, una tendencia que empezó a apreciarse en el año 2021, cuando el número de casos fue un 15,93 por ciento menor al de 2020, y en 2022, con un 11,7 por ciento también de menos casos que en 2021.

En el trimestre analizado, de las mujeres víctimas que renunciaron a declarar contra su agresor, 340 (el 51,75 %) eran españolas y 317 (el 48,24 %) tenían otras nacionalidades.

Entre abril y junio de este año se solicitaron en los órganos judiciales un total de 1.609 órdenes de protección, un 2,4 % más que hace un año. De ellas, 1.508 fueron incoadas por los juzgados de violencia sobre la mujer y 161 por los juzgados en funciones de guardia.

Las órdenes de protección adoptadas sumaron en total 722, un 8,9 % más que hace un año. Es decir, se acordaron prácticamente una de cada dos órdenes de protección solicitadas. Los juzgados de violencia sobre la mujer adoptaron 660, el 46,05 % de las solicitudes que recibieron, mientras que los juzgados de guardia acordaron 103, el 63,97 de las solicitudes registradas.

Órdenes de protección

Los órganos judiciales madrileños acordaron también, derivadas de las órdenes de protección y de otras medidas cautelares, un total de 1.573 medidas judiciales penales de protección de las víctimas (mujeres y menores), un 7,15 por ciento más que en 2022.

En el ámbito penal, las más frecuentes fueron las órdenes de alejamiento (621), que representaron el 39,47 % del total de órdenes de protección y medidas cautelares acordadas, y la prohibición de comunicación (618), un 39,28 por ciento del total.

Asimismo, los órganos judiciales de la región dictaron 567 medidas cautelares civiles (-18,5 por ciento), cuya finalidad es la protección de la mujer y de los menores en tanto se resuelve el proceso penal. Las más frecuentes fueron las relacionadas con la prestación de alimentos (152), que representaron el 26,80% del total de medidas civiles adoptadas, y las relacionadas con la atribución de la vivienda (189), el 33,33% del total.

Durante el segundo trimestre de este año también se acordaron 110 medidas civiles de suspensión del régimen de visitas. Este tipo de medidas, que representaron el 19,40 % del total de las medidas civiles adoptadas, fueron un 23,61% menos que en el mismo trimestre de 2022.

Los órganos judiciales adoptaron 55 medidas civiles consistentes en la suspensión de la guardia y custodia, cifra que representa el 9,7% del total de medidas civiles acordadas en el periodo analizado; asimismo, acordaron ocho medidas específicas de protección del menor para evitar un peligro o perjuicio y, en nueve casos, suspendieron la patria potestad.

Teléfono 016

El Ministerio de Igualdad, por medio de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, presta el Servicio telefónico de información, de asesoramiento jurídico y de atención psicosocial inmediata por personal especializado a todas las formas de violencia contra las mujeres.

Canales:

Más información en la página web del Ministerio de Igualdad y en la del Ayuntamiento de Madrid.

Sanciones: prisión y multas

La pena por violencia de género en España puede variar dependiendo de la gravedad de los hechos y de las circunstancias específicas del caso. La Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género establece que la violencia de género es cualquier acto de violencia física o psicológica que se produce por razones de género y que tenga como resultado el sufrimiento o daño físico, sexual o psicológico de la víctima.

En España, la violencia de género se considera un delito y está castigada con penas que pueden ir desde la prisión hasta la prohibición de acercarse a la víctima o a su entorno. Las penas pueden variar en función de la gravedad de los hechos y de las circunstancias específicas del caso:

- Prisión de seis meses a tres años.
- Libertad condicional con la obligación de seguir un tratamiento psicológico.
- Prohibición de acercarse a la víctima o de comunicarse con ella por cualquier medio.
- Retirada del derecho a la tenencia y porte de armas.
- Suspensión o privación de la patria potestad o tutela sobre los hijos menores.
- Inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo público relacionado con la violencia de género.

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