El pasado 30 de julio, el Ministerio de Sanidad presentaba al Consejo de Ministros un nuevo anteproyecto de ley con el que se busca la protección de la salud de los menores en relación al consumo de alcohol, al igual que la promoción de un consumo responsable en la sociedad.
A partir de este martes, 6 de agosto, y hasta el viernes, 6 de septiembre, cualquier ciudadano puede enviar, a través del correo electrónico [email protected], alegaciones al conocido como 'Anteproyecto de Ley de prevención del consumo de alcohol y de sus efectos en las personas menores de edad'.
"Además de someterse al trámite de audiencia e información pública, el texto debe recabar los informes del resto de ministerios, así como de otras instituciones y organismos en la Administración con competencias en los ámbitos que se regulan en el anteproyecto de ley. Además, se dará trámite de audiencia a entidades cuyos fines asociativos, derechos o intereses pudieran verse afectados por la normativa. Una vez finalizados dichos trámites, el texto volverá a la mesa del Consejo de Ministros para su aprobación como proyecto de ley e iniciar su tramitación parlamentaria", señalan desde el Ministerio.
Según los datos del último informe del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA) del Plan Nacional de Drogas del Ministerio de Sanidad, el alcohol sigue siendo la sustancia psicoactiva más consumida. Entre los 15 y los 64 años, el 76,4 por ciento ha ingerido alcohol en los últimos 12 meses, el 64,5 por ciento en los últimos 30 días y el nueve por ciento, diariamente en los últimos 30 días.
La edad promedia en la que se empieza a consumir alcohol se sitúa en los 14 años, a pesar de que a esta edad está prohibida su venta. Además, con la llegada de las vacaciones, se incrementa la tendencia entre los adolescentes de consumir estas bebidas. El problema llega cuando su consumo se convierte en adicción: “El joven siempre tiene conciencia de control, de que lo puede dejar cuando quiera y de que no es tan grave, pero nada más lejos de la realidad”, manifiesta a Madridiario Mercedes Rodríguez, directora general de Proyecto Hombre Madrid.
Las claves del anteproyecto
"Este anteproyecto de ley, que fue presentado el 30 de julio al Consejo de Ministros, busca crear un marco integral para proteger la salud de los menores y promover un consumo responsable de alcohol en la sociedad. Se centra en los menores de edad, ya que el Ministerio de Sanidad considera que el consumo precoz de alcohol aumenta el riesgo de desarrollar adicción y afecta negativamente al desarrollo cerebral", explican desde Sanidad.
"El objetivo, por tanto, es prevenir el consumo de alcohol, retrasando la edad de inicio, proteger las consecuencias del consumo y reducir los episodios de consumo intensivo en este grupo vulnerable", añaden.
Para lograrlo, se han establecido diferentes pautas a seguir. Una de ellas es involucrar a las demás administraciones públicas en materia de educación, sanidad, cultura, deporte, investigación, seguridad vial, ámbito laboral y familiar para conseguir alcanzar el objetivo.
Otra de las medidas que establece el anteproyecto es la prohibición de consumo de alcohol para todas las personas en centros docentes; centros de protección de menores y residencias de estudiantes que admitan a personas menores de edad; en otros centros de menores o destinados a su uso; y en centros deportivos, de ocio o espacios dedicados a espectáculos públicos cuando haya sesiones que se hayan concebido expresamente para personas menores de edad.
Asimismo, el texto también regula la venta de alcohol, limitando la exposición de bebidas alcohólicas, así como en publicidad y comunicación comercial y su emplazamiento. Este tipo de publicidad, por ejemplo, no podrá ubicarse a menos de 200 metros de los accesos a zonas frecuentadas por menores como colegios, centros sanitarios, de servicios sociales y sociosanitarios o parques y lugares de ocio infantil. Ello también incluye a cualquier mobiliario de hostelería que haga alusión a una marca de bebida alcohólica, y transporte público, marquesinas o sedes de administraciones públicas. Lo mismo ocurrirá con la publicidad de bebidas 0.0 o sin alcohol.
El anteproyecto contempla también que puedan llevarse a cabo pruebas de alcoholemia en lugares donde su consumo esté prohibido. En cuanto a sanciones, pueden ir de una multa de 60 a 600 euros si son leves -conmutables por programas de concienciación o rehabilitación-; de 601 a 30.000 euros si son graves y de 30.001 euros hasta 600.000 si son muy graves.
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