Almeida aprueba su primera promesa electoral, que Más Madrid llevará a los tribunales

Primera promesa electoral cumplida. Y primera traba legal que interpondrá la oposición al recién estrenado Gobierno en solitario del Partido Popular. José Luis Martínez-Almeida ha impuesto su mayoría absoluta para aprobar una de las grandes medidas del mandato: la modificación puntual del ya obsoleto Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1997. El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha logrado consumar el primer encargo que le encomendó el alcalde: certificar la validación en Pleno de este expediente diseñado la pasada legislatura. Si entonces no pudieron sacarlo adelante por la negativa determinante de la izquierda y Vox, ahora han hecho valer sus 29 concejales para dar el ok definitivo a un texto que regula por primera vez las cocinas fantasma, mantiene las restricciones colocadas por Manuela Carmena a las pisos turísticos e introduce requisitos en la edificabilidad como no permitir que se construyan viviendas de menos de 40 metros cuadrados. Más Madrid ya ha adelantado que llevará a los tribunales el documento al considerarlo un "fraude".

El expediente se ha aprobado con los votos favorables del PP y la abstención de Vox, que ya resulta prescindible. No ofrecieron tal cortesía los de Javier Ortega Smith cuando los 'populares' sí necesitaban su apoyo para dar luz verde a la actualización del PGOU. Hasta en dos ocasiones requirieron de sus 'síes', en diciembre de 2022 y abril de 2023, pero la formación que lidera Santiago Abascal optó por sumarse al bloqueo de las fuerzas progresistas. Elecciones mediante, Vox ha cambiado su posición de voto -que no sus argumentos- y no ha querido responsabilizarse otra vez de "paralizar" el cambio normativo. "Cumplimos con el compromiso adquirido en campaña y en la sesión de investidura. Apenas un mes después de la toma de posesión hemos sido capaces de aprobar esta modificación que introduce novedades importantísimas que desde el punto de vista económico y de la creación de empleo van a ser fundamentales para la ciudad", ha destacado el primer edil al término del Pleno.

Denuncia de Más Madrid

El portavoz adjunto de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Eduardo Fernández Rubiño, ha anunciado que llevará a ante los tribunales el "fraude" y el "atropello" que suponen las nuevas normas urbanísticas para evitar que el Gobierno municipal "se salte la ley". “Son unas normas que empeoran el mayor problema de Madrid: El encarecimiento del precio de la vivienda”, ha señalado el concejal.

Rubiño ha pronosticado que las nuevas normas ahondarán en la línea seguida por el PP de “Ley de la jungla” en cuanto a la vivienda. “Continuando en la senda de la mano invisible del mercado que no ha arreglado ninguno de los problemas y que nos ha llevado de burbuja en burbuja”. Además denuncia que estas modificaciones “no resuelven ninguno de los problemas” con las cocinas industriales, tampoco da solución a la proliferación de locales de apuestas en barrios como Usera y "se lavan las manos" con plataformas logísticas como la de Villaverde.

"Ustedes (al PP), que están tan preocupados por la natalidad, deberían saber que para formar una familia primero hay que tener un techo", ha lanzado a la bancada 'popular' durante el pleno. Todo ello unido al incremento de la turistificación, que hace que la vivienda entre "en el terreno de la ciencia ficción".

Críticas de la oposición

Los otros grupos políticos de la oposición también han cargado contra las normas aprobadas. Tras el pleno, la portavoz socialista, Reyes Maroto, ha acusado al alcalde de "iniciar su mandato gobernando contra el interés de los madrileños" con unas normas "sin ambición y que favorecen a promotores inmobiliarios y especuladores".

Además, Maroto ha criticado que estas normas sean la herencia del anterior delegado de Urbanismo Mariano Fuentes del que recientemente se ha conocido su inminente incorporación a la promotora inmobiliaria Vía Ágora. “No hemos escuchado al alcalde ninguna explicación sobre esa puerta giratoria que hemos denunciado en la Oficina Antifraude y Corrupción del Ayuntamiento para que se investigue un caso claro de incompatibilidad", ha señalado Maroto.

Por su parte el concejal de Vox Ignacio Ansaldo no ha mostrado su apoyo a la modificación de las normas porque incorporan "la religión de la Agenda 2030 y la perspectiva de género" pero ha decidido abstenerse "por responsabilidad". "¿Cómo se aplica la perspectiva de género en la reforma de un portal? Me imagino que sirve para pagar chiringuitos", ha criticado al PP durante su intervención en el pleno. Tampoco han podido apoyarlas porque "no han hecho caso" a sus propuestas. No obstante VOX ha tendido la mano al PP "para mejorar el Plan General de Ordenación Urbana”, y porque son un "partido responsable", ha indicado Ansaldo.

Líneas clave de la modificación normativa

-Cocinas fantasma. El reformado PGOU regula por primera vez una actividad no contemplada en el ordenamiento normativo: las cocinas fantasma que han proliferado al compás del aumento de la demanda de la comida a domicilio y que están generando problemas de convivencia vecinal. Con la entrada en vigor del nuevo reglamento, el Consistorio madrileño no concederá licencias a nuevas cocinas industriales ubicadas en entornos residenciales cuyo local supere una superficie máxima de 350 metros cuadrados. Además, en un único establecimiento no podrán instalarse más de ocho. El Ayuntamiento obligará asimismo a los titulares a habilitar dentro de la instalación un espacio para carga y descarga. De esta forma, los camiones y furgonetas de suministro deberán bajar la mercancía en el interior y no en la vía pública. Lo mismo ocurrirá con los ‘riders’, a quienes se exigirá que entren con sus motos o bicicletas a recoger los pedidos.

-Pisos turísticos. El Gobierno en coalición de PP y CS propuso en 2021 una nueva fórmula para acabar con las miles de viviendas de uso turístico que operan de forma ilegal: autorizar su implantación solo en las plantas baja y primera de los edificios. Sin embargo, en 2022 renunció a esta medida y decidió mantener la regulación que aplicó Manuela Carmena en el año 2019: el Plan de Hospedaje que exige el acceso independiente al inmueble. El Gobierno con mayoría asboluta del PP alega que este modelo está avalado por los tribunales.

-Urbanismo verde. El consistorio dará incentivos a las iniciativas privadas para que pongan en marcha acciones para la mejora de la movilidad desde una perspectiva sostenible. Por ejemplo, los cuartos o anclajes para guardar vehículos de movilidad sostenible o bicicletas no computaran edificabilidad. Tampoco la instalación de balcones o terrazas y el ajardinamiento de fachadas y cubiertas vegetales que se compensará con mayor superficie de edificabilidad permitida.

-Viviendas de alquiler en suelos de uso dotacional. Otra de las novedades que introduce la modificación urbanística es la posibilidad de que en los suelos de uso dotacional puedan construirse viviendas residenciales en régimen de alquiler tutelados por la administración pública.

-Nuevos modelos de convivencia. El texto aborda también la regulación del cohausing o el coliving, dos opciones alterntivas de vivienda en las que el inquilino solo dispone de habitación y cuarto propios y comparte las zonas comunes, e incluso gimnasio o lavandería, con el resto de vecinos.

-Prohición de los pisos de menos de 40 metros. El consistorio marca para las nuevas construcciones una superficie mínima que no podrá ser inferior a 40 metros cuadrados. Para ello, se incorporará un programa mínimo de vivienda, que establecerá "unas condiciones mínimas, adecuadas", desplazando a la Orden Ministerial de 1944, utilizada hasta el momento.