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Cataluña, año 2025

jueves 13 de febrero de 2020, 19:07h
Alicia y Marc son una pareja de treintañeros sin hijos de Barcelona que buscan a la desesperada un piso de alquiler social de la Generalitat. La escasez de vivienda asequible es dramática en toda Cataluña. Los propietarios se niegan a sacar pisos al mercado y deciden ocuparlos con miembros de su propia familia para evitar las otras “okupaciones”, fomentadas desde muchos ayuntamientos de la izquierda radical.

El Govern está presidido por Esquerra Republicana con el apoyo externo de la CUP. El PSC se ha diluido y la mayoría de sus miembros se han integrado en ERC. Los partidos constitucionalistas fueron prohibidos por ley tras la proclamación de la República Independiente de Cataluña en el año 2024. La economía se hunde sin remisión y la región ha dejado de ser un referente internacional de apertura, progreso e innovación.

¿Cómo hemos llegado a esta situación? A los pocos meses de ser investido en 2020, el presidente del Gobierno de España negoció con los partidos independentistas una reforma del Estatut que consagraba el “derecho a la autodeterminación”. La oposición elevó un recurso de inconstitucionalidad, pero la división de los miembros del Tribunal Constitucional nombrados por el bipartidismo frenó la sentencia.

En el verano de 2023, el Parlament convocó un referéndum de independencia del Estado español. La votación fue custodiada por los Mossos d´Esquadra, tras la salida de la Guardia Civil y la Policía Nacional de Cataluña ordenada por el Gobierno central. El resultado fue de lo más ajustado (52% a favor y 48% en contra), a pesar de lo cual el Govern decretó la separación inmediata.

En las Navidades de ese mismo año, la nueva Constitución catalana reconoció los Països Catalans. Las presiones políticas sobre las Comunidades Autónomas colindantes para imitar el proceso de separación y romper los vínculos con España fueron ‘in crescendo’, sobre todo hacia las provincias limítrofes como Castellón, la franja aragonesa en Huesca y el conjunto de las islas Baleares.

La independencia supuso la salida fulminante de Cataluña de la Unión Europea y, con ello, una depresión inmediata de la economía local que hizo que el Govern se lanzase a una carrera por repartir subsidios, al tiempo que subía todos los impuestos. El resultado fue la asfixia de las familias, empresas y autónomos y un recorte brutal de los servicios públicos básicos, como la sanidad y la educación.

El euro fue sustituido por el “catalín”, la moneda patriótica, con un efecto devastador: la inflación se disparó un 100% en un año y el Govern no encontró financiación en los mercados internacionales. Las multinacionales asentadas en Cataluña empezaron a emigrar, entre ellas la emblemática SEAT de Martorell, que se trasladó a Madrid atraída por las facilidades administrativas y fiscales de la primera economía de España.

Los ERE empezaron a extenderse entre las grandes empresas y el desempleo se duplicó durante el fatídico año 2024, hasta alcanzar la escalofriante cifra de un 35%. Muchos trabajadores fueron jubilados de manera anticipada y el Govern no les garantizó una pensión digna por haber cotizado al Estado español (y no al catalán) durante su vida profesional. El Mobile World Congress abandonó la Ciudad Condal y celebró su congreso anual en Oporto.

Las protestas sociales y la inseguridad se extendieron por todas las poblaciones del cinturón obrero de Barcelona, donde la mayoría de la población sin ascendencia catalana, o directamente no nacionalista, fue forzada a retornar a sus lugares de origen, como Andalucía, Aragón o Valencia…

No se alarmen en exceso. Todo este relato es la descripción de una mera distopía, pero podría empezar a ser una realidad si el Gobierno de Pedro Sánchez sigue cediendo ante el separatismo y negándose a escuchar a la mayoría constitucionalista en Cataluña. La unión de quienes defendemos el Estado de Derecho, como ha propuesto Inés Arrimadas, es la única vía para poner fin a la espiral destructiva del nacionalismo excluyente.

Cataluña y el resto de las Comunidades Autónomas se acercan poco a poco a un precipicio que nos amenaza a todos, pero estamos a tiempo de evitarlo. Y si alguien piensa que esto es una exageración, solo un dato más, un dato real: desde el 1 de octubre de 2017 se han marchado más de 5.000 empresas de Cataluña, y la inversión extranjera ha caído un 17%. Sólo la unión de los constitucionalistas podrá detener esto. El tiempo apremia.

Elena Álvarez Brasero

Diputada de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid

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