Estadísticas y políticas públicas de seguridad

• Derecho de información frente al deber de información.
• Estadísticas como herramienta de evaluación y cambio en el ámbito local frente a herramienta política.
• Las políticas públicas de seguridad locales con perspectiva de género no deben ser una opción, deben ser una obligación de los poderes públicos.

Recientemente se han publicado por el Ministerio del Interior los datos estadísticos del “Balance de Criminalidad” para el año 2018 para todos los municipios con población superior a los 30.000 habitantes. No han tardado los responsables políticos del Ayuntamiento de Alcorcón en sacar pecho sobre los mismos, publicando una nota de prensa en la página web del Ayuntamiento en la que se expresa que “se muestra el trabajo realizado por los Cuerpos de Seguridad de la ciudad sirve para seguir consolidando buenos resultados...” o que “Alcorcón sigue mejorando los datos en materia de seguridad en 2018” para posteriormente exponer los datos estadísticos que son de su interés. No cabe duda que la ciudadanía del municipio de Alcorcón debe estar informada. Con estas líneas no intento sustraer el derecho del Ayuntamiento de Alcorcón de informar a sus vecinos y vecinas del trabajo realizado, intento hacer ver que el Ayuntamiento, ejerciendo su derecho a informar, debe cumplir su deber de hacerlo de forma total y no partidista.

Lo primero que quiero hacer es agradecer el esfuerzo que los funcionarios de seguridad en Alcorcón realizan cada día. Me consta el gran valor humano y profesional de los hombres y mujeres que cada día se esfuerzan por dotar al municipio y a sus gentes de seguridad, elemento indispensable para el desarrollo de nuestra sociedad municipal. ¡Enhorabuena por vuestro trabajo!

Este artículo no se dirige a ellos, se centra en los responsables de las políticas públicas de seguridad y en el uso imparcial que realizan de los datos estadísticos. Utilizar las estadísticas oficiales con el único propósito de “vender” tu presunta buena gestión obviando otros datos de las estadísticas que no te benefician políticamente supone, entre otras cosas, sustraer información importante a la ciudadanía que puede usar para mejorar su autoprotección frente a figuras delictivas concretas. A modo de ejemplo se menciona que “El descenso se refleja también en los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones, que desciende en un 7,6 % en 2018” No se menciona que ese indicador se nutre de la media para Alcorcón que se consigue de otras figuras delictivas similares, como pueden ser los “Robos con fuerza en domicilios” que han subido un 10,7% en el año 2018. No es una cuestión de alertar, es una cuestión de informar de forma veraz, derecho absoluto de la ciudadanía.

En la nota de prensa tampoco se hace ninguna referencia al aumento brutal en nuestro municipio que en el año 2018 supusieron los denominados “Delitos contra la libertad e indemnidad sexual”, con una subida del 100% de los delitos denunciados. Se pasó de 19 delitos denunciados en el año 2017 a los 38 delitos del año 2018. En este indicador, el mayor aumento supone el incremento de un 133% de los delitos “Agresión sexual con penetración”. Estas cifras colocan a Alcorcón como el tercero por la cola (tras Tres Cantos y Pozuelo) de los 26 municipios evaluados en este tipo de indicadores delictivos y que supone estar muy por encima de la media, ya que en la totalidad de la Comunidad de Madrid se incrementa un 13,6%, algo que debería preocupar a los responsables de implementar políticas de seguridad.

No supone que la bajada en el resto de los delitos contemplados sea poco importante, que no lo es. Supone que obviar la gravedad de este tipo de figuras delictivas y no trasladarlo a la ciudadanía es una forma de engaño que no debe ser admitida por la gravedad de los delitos, por su repercusión en las víctimas y por el respeto a las mismas, ya que hay 38 personas que desgraciadamente han vivido momentos extremadamente dolorosos y determinantes para el desarrollo de sus vidas. Echeburúa en el año 2004 estableció que entre el 60% y el 70% de las víctimas de agresiones sexuales sufrirían los efectos del trauma y alteraciones emocionales relevantes en su vida cotidiana. Este tipo de información puede suponer una nueva victimización.

Sigo escuchando muy habitualmente que la seguridad pública no necesita de un enfoque de género ya que supondría discriminar a hombres con mujeres. Para todos aquellos y aquellas que defienden este mensaje, deben saber que según el “Informe sobre delitos contra la Libertad e Indemnidad sexual en España” del Ministerio del Interior para el año 2017 se determinaba que el 84% de las víctimas de media eran del sexo femenino frente al 16% de hombres, aumentando al 93% los sujetos pasivos del indicador “Agresión sexual con penetración” que pertenecen al sexo femenino, lo que supondría que prácticamente la totalidad de las 7 personas que han sufrido este tipo de delitos en el año 2018 en Alcorcón pertenecen al citado sexo. A todo esto no hay que dejar de lado que numerosos investigadores, entre ellos Echeburúa en el año 2009, ya establecieron que podría existir una infravaloración cuantitativa de la incidencia entre violaciones reales y denunciadas, que podría suponer que por cada denuncia formal en dependencias policiales o judiciales existen 3,5 reales que no se formulan, lo que supondría un problema social de primer orden.

Por tanto, no debe ser una opción potenciar políticas públicas de seguridad con perspectiva de género. Debe ser y es una obligación que debe llevarse a término desde criterios técnicos. El propio informe enunciado anteriormente facilita importantes datos relacionados con el perfil de la víctima, del “responsable”, lugares más habituales de comisión, estacionalidad etc, que pueden ser estudiados adecuadamente para desarrollar políticas públicas de seguridad locales y específicas de lucha contra este tipo de indicadores delictivos. Este sería un ejemplo o forma de implementar políticas de seguridad pública con perspectiva de género dirigidas a eliminar o minimizar los indicadores delictivos. ¿Acaso hay alguien que no lo desea?.

Las administraciones locales deben velar por los derechos de la ciudadanía. Es por ello que según Amnistía Internacional[1] existe una ausencia real de iniciativas por parte de las autoridades públicas, como pueden ser campañas y acciones de prevención, falta de servicios especializados de atención y recuperación de las víctimas, o falta de especialización de todos los agentes que intervienen en todo el proceso de atención a víctimas de violencia sexual, incluidos los policiales.

Las estadísticas deben estar para algo más que fomentar una imagen de solvencia política, deben ser oportunidades para mejorar el trabajo desde una perspectiva crítica y deben suponer una herramienta técnica de evaluación para la implementación de políticas públicas de seguridad que faciliten a cada colectivo lo que necesita. En estos momentos son los “Delitos contra la libertad e indemnidad sexual” los delitos que deben suponer la mayor apuesta y las mujeres, como sujeto pasivo mayoritario del mismo, las que necesitan políticas públicas reales y efectivas con perspectiva de género. ¿Por qué no dar a cada colectivo lo que necesita?

[1] https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/la-violencia-sexual-sigue-siendo-invisible-y-no-prioritaria-en-las-politicas-publicas-en-espana/