La Prisión Provincial de Madrid, más conocida como la cárcel de Carabanchel, fue uno de los mayores símbolos de la represión en la dictadura franquista. Una gran parte de la oposición de la época fue encarcelada y asesinada allí.
Con el objetivo de dar solución a la gran cantidad de condenados en Madrid durante la década de los cuarenta y cincuenta, la cárcel de Carabanchel se empezó a construir en 1940. Fue llevaba a cabo por 1.000 presos políticos procedentes de los Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores Penados (BDSTP); cuatro años después, el entonces ministro de justicia falangista Eduardo Aunós, inauguró la construcción.
Tras la Guerra Civil, la cárcel Modelo, principal prisión para hombres de la época, quedó prácticamente destruida. El general Francisco Franco fue el encargado de tomar la decisión de mandar construir una nueva cárcel donde poder albergar a todos los condenados, en su gran mayoría opositores.
Durante las obras, la cárcel de Porlier, situada en la calle del General con mismo apellido, se convirtió en el mayor destino de presos políticos. La adquisición de una parcela de 200.000 metros cuadrados perteneciente a José Messía y Stuart, duque de Tamams por 700.000 pesetas, fue el inicio de la cárcel de Carabanchel Alto, por aquel entonces el extrarradio de la ciudad.
En el régimen, fueron allí encarcelados ajusticiados como José Marí Jarabo o los anarquistas Francisco Granados Gata y Joaquín Delgado Martínez. En el 1975, varios miembros del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP) como Xosé Humberto Baena y José Luis Sánchez Bravo fueron ejecutados en esta cárcel, convirtiéndose en las últimas víctimas de la dictadura.
La cárcel de Carbanchel sufrió los motines de la Coordinadora de Presos en Lucha, que lucharon por una reforma del código penal, la supresión de la ley de peligrosidad social o la de bandidaje y terrorismo. Uno de sus puntos fuertes en su argumentario fue el autonombramiento como "presos sociales"; en el 1977, mil reclusos se encaramaron a los tejados de la prisión, acto que fue repetido por presos de más de otras veinte prisiones del país.
Funcionó durante más de medio siglo, hasta 1998. José María Aznar y Jaime Mayor Oreja, presidente del Gobierno y ministro del Interior respectivamente, fueron los encargados de ordenar el cierre de la galera, que en aquel momento albergana a 2.000 hombres y 500 mujeres en total.
Desde ese año, el Comisionado por la Memoria Histórica de Madrid contemplaba la cárcel como emplazamiento para ubicar el Museo de Memoria Histórica. En 2008, debido a su abandono, comenzaron las obras de demolición; fue motivada por la mala imagen que la cárcel proporcionaba al distrito. A día de hoy, el terreno sigue sin edificación alguna y guarda bajo tierra algunas de las numerosas galerías.
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