El pasado martes, gracias a la presión del profesorado, se consiguió la firma del Acuerdo Sectorial Educativo, que supone un primer paso por parte del Gobierno regional para poner fin a la filosofía de los recortes padecidos por la educación pública.
Sin duda, este acuerdo mejora las condiciones laborales del sector con la incorporación de profesorado y recuperaciones salariales. Lógicamente, estos avances mejoran el Capítulo I de los presupuestos regionales y, consecuentemente, al aumentar las plantillas mejorarán la calidad de la enseñanza al atender mejor a la diversidad del alumnado y a la compensación educativa. Sin embargo, estos efectos positivos se ven ennegrecidos por unos presupuestos que en el resto de las partidas siguen ahondando en la desigualdad, el desequilibrio y fomentan la privatización.
Quise creerme las palabras de Cristina Cifuentes en el discurso del debate de la región al afirmar que la educación “es el verdadero motor que hace avanzar nuestra sociedad”. A la vista de los hechos, el acuerdo recién firmado puede suponer un punto de luz en el futuro en medio de un mar sombras y tinieblas.
El neoliberalismo es de poco fiar en su apuesta por la educación pública de calidad y, al igual que en sanidad, asistimos a un maquillaje de las cifras. Las cuentas presentadas en educación alcanzan los 4.663,81 millones de euros (aumento del 3,56 por ciento). No podemos obviar que en la remodelación del Ejecutivo se unió la sección “Investigación” a la Consejería de Educación, cuyas atribuciones pertenecían a la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda. Esta circunstancia ha supuesto que el incremento real en el presupuesto educativo haya sido realmente de sólo 103 millones de euros.
También hemos de recordar que, aunque en infraestructuras el incremento es del 26 por ciento (84,5 millones de euros), en 2017 apenas se ejecutó el 50 por ciento de los 66,7 millones de euros presupuestados. Esto supuso que el inicio de curso en colegios e institutos públicos fuera un auténtico caos, en el que más de 10.000 alumnos y alumnas padecieran obras en sus centros cuando no en barracones. Además, mil de estos fueron desplazados a otros centros educativos, la mayoría concertados.
Un análisis pormenorizado de las cuentas demuestra que los presupuestos regionales en educación desde el año 2009 se han retraído casi 3.000 millones de euros. Esta situación que ha afectado a las plantillas, a las ratios, a la atención a la diversidad, a las infraestructuras educativas, al mantenimiento de los centros y a las ayudas, a las familias de los centros educativos de todas las etapas y a las universidades públicas.
Por tanto, es uno de los programas más insuficientes y con la dotación de 2017 en inversiones será imposible hacer frente a la construcción de nuevos colegios e institutos necesarios, y en algunos casos, comprometidos. Por eso, en la misma firma del acuerdo sectorial, hemos reclamado un ambicioso plan de inversiones e intentaremos que sea recogido en el acuerdo educativo que se está proponiendo.
Es decir, el “motor de la sociedad” que asegura Cifuentes, en la región de Madrid está gripado. Y mientras no se corrijan estas carencias quedará en evidencia que la educación no es una prioridad para el Gobierno del Partido Popular en la Comunidad de Madrid.
Los tres pilares interrelacionados de este presupuesto, que esperamos se vayan resquebrajando, son desigualdad, desequilibrio y afán privatizador. Las cuentas regionales mantienen las desgravaciones a las familias que escolarizan a sus hijos en centros privados, mientras las tasas universitarias siguen siendo una fuerte barrera de acceso, a pesar de las reducciones aplicadas. Es algo que se repite en las Escuelas Oficiales de Idiomas, ciclos de Grado Superior de Formación Profesional o escolarización en centros públicos en la etapa 0-3.
En cifras, el presupuesto destinado a la privatización / conciertos de la educación supone ya el 19 por ciento del total presupuestado, alcanzando los 1.012,13 millones de euros. Esto es, 22,38 millones de euros más que el pasado ejercicio.
Con todo, esa luz que ha supuesto el acuerdo sectorial en medio de tanta oscuridad, indica que la posición de CCOO de Madrid ha sido firme en defensa del profesorado, una firmeza que es y será igual de contundente en la defensa de una educación pública de calidad.
Jaime Cedrún
Secretario general CCOO de Madrid
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