El Congreso de los Diputados debate este martes si las personas con discapacidad deben tener o no derecho al voto gracias a una propuesta pactada por los cuatro partidos de la Asamblea de Madrid. Cerca de 100.000 españoles no pueden participar en elecciones por decisión judicial, unos 12.000 en la región. La medida, si sale adelante, acabaría de golpe con los 'exámenes de voto', una práctica denunciada por las organizaciones que emplea la Justicia para devolver individualmente este derecho.
No todo el mundo sabe que no todo el mundo tiene derecho a votar en unas elecciones. El sufragio en España es universal, sí, pero eso no quiere decir que sea absoluto, sin excepción. La legislación actual prevé tres casos en los que un juez puede impedir a un español mayor de edad meter una papeleta en una urna. Entre ellos, los "incapaces" y los "internados en un hospital psiquiátrico". Para la mismísima ONU, dos expresiones preocupantes que dejan fuera a "personas con discapacidad intelectual o psicosocial" en lo que parece más "ser la regla y no la excepción", según las recomendaciones hechas en 2011 a nuestro país por ACNUDH, su comité especializado.
Este martes, tres parlamentarios de la Asamblea de Madrid pedirán al Congreso de los Diputados que suprima el punto de la ley electoral que incluye estas dos excepciones para que, a partir de ahora, no se pueda prohibir el voto a ninguna persona discapacitada.
Cada vez más limitaciones
El texto de esta proposición también comprende un apartado para que expresamente se le devuelva el derecho al sufragio a las cerca de 100.000 que no lo pueden ejercer ya por decisión judicial, según estimaciones del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).
"Pedimos información a la Oficina del Censo Electoral. En Madrid, había casi 11.800 personas sin derecho a voto para las generales del 2015", explica Silvia Sánchez, portavoz de Plena Inclusión Madrid. "Esta cifra ha aumentado considerablemente. En las generales de 2000 eran 1.300", detalla.
Exámenes de voto
Hasta ahora, el derecho al voto se perdía cuando los tutores solicitaban a un juez la incapacidad para sus familiares con algún tipo de discapacidad con el objetivo, normalmente, de protegerles económicamente.
Ahora bien, si una persona quiere recuperar ese derecho, hoy por hoy, debe aprobar un cuestionario elaborado a criterio de cada juzgado en el que se incluyen preguntas que pueden ir desde actualidad a conocimiento de las candidaturas o, incluso, sobre definiciones de términos financieros.
Esta fórmula para determinar si una persona descapacitada puede o no votar ha sido altamente criticada por las entidades sociales. "La Fiscalía ya había pedido su fin. Lo que se está haciendo es someterles a un examen que prejuzga la calidad de su voto", denuncia Sánchez.
Unanimidad política
Aunque lo que se vota es solo la toma en consideración -esto es, el inicio o no del trámite parlamentario-, para las organizaciones es una oportunidad histórica. En España está en vigor desde 2008 la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, que protege expresamente el derecho de este colectivo a participar en los comicios del país.
Alfonso Serrano (PP), Mónica González (PSOE) y Beatriz Gimeno (Podemos) pedirán este martes a sus señorías reunidos en la Carrera de San Jerónimo que apoyen esta pionera iniciativa legislativa parlamentaria que, aunque fue presentada por el PSOE, viene avalada por la unanimidad de todo el hemiciclo de Vallecas.
Este alto consenso político se pondrá a prueba a partir de las 15 horas en una sesión que puede seguirse a través de internet.
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