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El bono social: sin garantías e insuficiente

jueves 02 de noviembre de 2017, 13:16h

El Gobierno ha aprobado recientemente la regulación del llamado Bono Social para los consumidores vulnerables de energía eléctrica y también la regulación de la figura del consumidor vulnerable.

Para la Unión General de Trabajadores tanto la regulación del bono social como la definición de consumidores vulnerables no es la adecuada porque no garantiza el acceso un suministro eléctrico básico.

La larga crisis, la situación precaria en materia económica y laboral para muchas personas, ha hecho que se incremente el número de hogares que sufren pobreza energética y que, con la llegada del invierno y las bajas temperaturas, se van a ver en una situación crítica, imposibilitados de mantener un mínimo nivel de confort.

Recientemente, además, se ha producido el mayor aumento del precio del consumo eléctrico del año, y es probable que se dispare en las próximas semanas y meses, lo que tendrá unas consecuencias catastróficas para miles de personas que no podrán afrontar el pago del recibo de la luz.

Y es que, la regulación del Gobierno del Bono Social es insuficiente y no garantiza que los consumidores puedan acceder al suministro básico de electricidad en condiciones de igualdad, ni protege a las personas más vulnerables.

En primer lugar esta regulación se ha realizado por parte del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, que parece ofrecer garantías a las compañías eléctricas pero que genera dudas respecto a poder atender, desde la sensibilidad de los servicios sociales, las necesidades energéticas de las personas más vulnerables de nuestra sociedad.

Ser consumidor vulnerable no impide el corte del suministro ya que ante un impago la compañía eléctrica informa para que acuda a los servicios sociales en busca de ayuda, pero sin que se garantice el suministro eléctrico si no se abona de forma inmediata al menos el 50% del importe de la factura.

De esta forma se traslada y exonera a las compañías eléctricas de la responsabilidad de garantizar el suministro y se trasladan las cargas asistenciales a los servicios sociales tanto autonómicos como locales que, en muchos casos, están desbordados y que van a recibir la presión añadida de esta demanda social.

Es muy previsible el aumento del gasto destinado a ayudas sociales tanto en la Comunidad como en los distintos ayuntamientos, algo no contemplado en los presupuestos lo que genera aun más dudas, falta de garantías y probable desigualdad territorial del bono social.

Desde UGT no compartimos la definición que realiza el Gobierno del consumidor vulnerable, porque fija criterios basados fundamentalmente en los ingresos, el número de miembros de las familias y el límite de consumo, sin tener en cuenta que la mayoría de estos hogares son energéticamente ineficientes, además muchos de los hogares energéticamente pobres tienen un consumo superior al límite que se ha establecido en la norma.

Se establece como criterio el número de personas que hay en una vivienda pero se olvidan otros criterios, como son los metros de la vivienda, el mayor consumo de los meses de invierno, ni las diferentes zonas climáticas y geográficas de las personas y hogares vulnerables.

Por estas y otros elementos recogidos en la regulación del Bono Social consideramos que no se garantiza el acceso a consumo eléctrico en casos de vulnerabilidad, que debería haber sido el objetivo final de la norma.

Por desgracia sigue quedando pendiente una reforma en profundidad del mercado eléctrico, estableciendo que el precio de Kwh. se fije en función de su coste real de generación, que reduciría este grave y creciente problema y acabando con el actual sobrepago a las empresas eléctricas que los hogares españoles y de la Comunidad de Madrid que tenemos que soportar.

Eva López Simón
Secretaria de Políticas Sociales y Sector Público de UGT Madrid

Eva López Simón

Secretaria de Políticas Sociales y Sector Público de UGT Madrid

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    Últimos comentarios de los lectores (1)

    7280 | roberto - 04/11/2017 @ 12:03:12 (GMT+1)
    Oportunistas y caraduras, miles de extranjeros vienen a España sólo para cobrarlo y no trabajar. Paniaguados y perezosos para siempre. Y por supuesto españoles también, que renuncia a trabajar por no perder el bono perpetuo. Quién paga esta fiesta?

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