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Recreación del complejo Live! Resorts Madrid de Cordish en Torres de la Alameda
Recreación del complejo Live! Resorts Madrid de Cordish en Torres de la Alameda (Foto: Cordish)

La Comunidad "defenderá ante los tribunales los intereses de los madrileños"

sábado 22 de julio de 2017, 21:07h

El Gobierno regional ha respondido al grupo Cordish y ha asegurado que "defenderá ante los tribunales y donde sea necesario los intereses generales de los madrileños".

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha respondido al grupo Cordish en un comunicado que "entiende la decepción pero lamenta la mala aceptación que ha mostrado el inversor ante su decisión de no activar el procedimiento extraordinario de Centro Integrado de Desarrollo para la puesta en marcha de su complejo de ocio con Casino" y anuncia que “defenderá ante los tribunales y donde sea necesario los intereses generales de los madrileños”.

Se trata de una decisión que corresponde al Gobierno amparada por la Ley y sustentada en ocho informes técnicos de distintas direcciones generales y diversas opiniones técnicas requeridas que han realizado un análisis serio y riguroso de la documentación presentada por el grupo inversor, según indica el Gobierno en el comunicado.

Además, el consorcio asegura que "se ha seguido de forma escrupulosa el procedimiento marcado por la ley", por lo que a juicio de la Comunidad el recurso ante los tribunales anunciado carece de sentido.

La activación de un Centro Integrado de Desarrollo y la decisión de aplicar las ventajas que prevé la Ley es "una potestad de la Administración que debe quedar perfectamente justificada en la singularidad y excepcionalidad del proyecto para no crear inseguridad jurídica y favorecer la competencia desleal con otros inversores", explica el texto, y añade que "a juicio de los informes técnicos recabados, este proyecto de inversión con Casino no reúne esos requisitos".

En este sentido, la Comunidad considera que el proyecto presentado carece de la multisectorialidad necesaria, puesto que el 90 por ciento de los ingresos previstos giran sobre una propuesta de Casino y los servicios hoteleros y de restauración que lo complementan, y carece del impacto relevante, efectivo y duradero en el desarrollo económico, social y cultural que requiere la Ley, se detalla.

"El proyecto presentado en su segunda versión no modifica sustancialmente el ya presentado el pasado mes de noviembre por el grupo Cordish y, según los informes técnicos y las opiniones obtenidas por la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, el promotor justifica de forma insuficiente las cifras de visitantes y de empleo que el proyecto podría generar", detalla la Comunidad. Además, el promotor ha aportado de nuevo cifras de ingresos y de demanda del proyecto contradictorias y, en algunos casos, no soportadas suficientemente, lo que conllevaría un elevado riesgo de sobrevaloración de las cifras.

Una región abierta a la inversión extranjera

El Gobierno regional quiere dejar claro que la Comunidad de Madrid es una región abierta a toda inversión extranjera que cumpla los requisitos legales pero para activar un Centro Integrado de Desarrollo, que contempla importantes ventajas fiscales y urbanísticas, debe asegurarse la singularidad exigida en la normativa vigente, es decir un impacto relevante, efectivo y duradero en el desarrollo económico, social y cultural de la Comunidad de Madrid. En este sentido hay que recordar que la decisión de activar el Centro Integrado de Desarrollo corresponde exclusivamente a la Comunidad de Madrid y se refiere únicamente a este proyecto presentado, sin perjuicio de que futuros proyectos, con planteamientos distintos, puedan ser consideradas como Centro Integrado de Desarrollo.

Podría haber supuesto un importante coste para los madrileños

La ubicación de los terrenos, en un lugar sin comunicaciones de transporte dimensionadas para la previsión de visitantes que el inversor maneja ha sido muy cuestionada. Este aspecto "es muy importante, porque podría ocurrir que el menor precio, incluido el pago a los intermediarios del terreno, por la adquisición de unos terrenos no urbanizables alejados de núcleos urbanos relevantes, trasladara el coste en forma de infraestructuras a la Administración", suponen en el comunicado.

Según la normativa, es la Administración la que debe garantizar la conservación de la funcionalidad de las infraestructuras y servicios existentes en los proyectos de alcance regional. En este sentido, la Administración "no analiza intenciones de inversores en comunicados, sino documentos presentados en Registro".

Sin embargo, la imprecisión en el análisis de movilidad presentado impide conocer el alcance de la necesidad de infraestructuras del transporte complementarias a las actuales, lo que podría conllevar cargas para la Administración en forma de nuevas infraestructuras necesarias.

En la documentación presentada, el inversor solo se compromete al desdoblamiento de la M-224 y a la puesta en servicio de lanzaderas de autobuses. Sin embargo, el propio promotor reconoce en sus conclusiones que “la implantación del CID conllevará una alteración del sistema de movilidad en su área de influencia y exigirá por lo tanto actuaciones en el sistema de transportes para que se puedan canalizar las nuevas demandas de desplazamientos en condiciones adecuadas de nivel de servicio”.

Se recibió al inversor y se le comunicó previamente la decisión

"Cabe recordar que el inversor solicitó recientemente a la Comunidad de Madrid una nueva reunión técnica, a la que acudieron los Viceconsejeros y el Secretario General Técnico de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, así como representantes de numerosas direcciones generales en las que se dirimieron algunas cuestiones referidas a la documentación presentada por el inversor", que a juicio de la Comunidad de Madrid, "presentaba numerosas carencias".

Por último, el Gobierno regional quiere aclarar que la comunicación y la recepción de la decisión de no activar el procedimiento de Centro Integrado de Desarrollo fue realizada a los representantes de inversores dos horas antes que a los medios de comunicación. "Se realizó a través de un procedimiento telemático mediante registro a sus representantes legales y hay constancia de que fue abierta antes de informar a los medios el pasado viernes", afirma el Gobierno en el comunicado.

Ventajas del CID

Se debe tener en cuenta que la figura del CID presenta "indudables ventajas para su promotor", lo que hace que la Administración deba comprobar que se cumplen las condiciones establecidas en la Ley, al tiempo que se asegura la seguridad jurídica de otros inversores privados que han acometido, o piensen acometer, proyectos en la Comunidad de Madrid sin las ventajas de un CID. Entre esas ventajas se encuentran las siguientes detalladas en el comunicado:

Se pueden desarrollar en cualquier tipo de suelo, salvo en no urbanizable sujeto a protección especial y su aprobación permitirá la ejecución del proyecto, aún en el caso de que no fuese compatible con la ordenación urbanística municipal.

Desde la perspectiva urbanística el porcentaje de cesión de suelo en concepto de participación de la comunidad de las plusvalías generadas por el planeamiento urbanístico aplicable a los CID es menor que el previsto con carácter general. Se aplica el 5 por ciento del coeficiente de edificabilidad, cuando el porcentaje que se establece con carácter general es del 10 por ciento.

Por su parte, la aprobación de un CID implica el otorgamiento de la autorización integrada de todas las autorizaciones exigibles que sean competencia de la Comunidad de Madrid, así como algunas especificidades en materia de juego como la posibilidad de acceso de menores acompañados de un mayor de edad al recinto y la concesión de créditos a los jugadores, entre otros.

Desde el punto de vista fiscal, el tipo tributario para casinos se reducirá al 10 por ciento en el momento en que se inicien las actividades de juego en los CID, frente a una tarifa actual que oscila entre el 15 y 40 por ciento, y se reducirá la base imponible de aplicación, entre otras medidas.

Además, la decisión adquiere una especial trascendencia por el hecho de que la aprobación de un CID que incluya la actividad de casino de juego impediría una nueva autorización de CID con casino en un plazo de diez años, de conformidad con lo dispuesto en la Ley del Juego de la Comunidad de Madrid.

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