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Que la Justicia haga justicia

jueves 22 de junio de 2017, 11:30h

¿Quién tiene la responsabilidad del calvario que llevan padeciendo durante cinco años los compañeros de UGT, Rubén y Nogales, que se enfrentan a penas de siete años de cárcel por ejercer el derecho a huelga? ¿Quién resarce el suplicio sufrido también en Madrid por los 8 de Airbus, Juanjo, Pedro Galeano, Juan Carlos Asenjo por motivos muy similares, después de haber sido absueltos? La Justicia tiene que hacer justicia.

Todo evidencia que más de trescientos sindicalistas en toda España han sido víctimas de una estrategia digna de los años más oscuros del franquismo. Se repite el modelo de siempre: por un lado una decisión política consistente en poner en marcha el artículo 315.3 del Código Penal y por otro, utilizar la presunción de veracidad de la policía para denunciar y castigar duramente a aquellos que se mueven.

Hay que recordar que es en 2012 cuando se intensifica la ofensiva antisindical que supone el proceso a 300 sindicalistas en todo el Estado, en virtud del artículo 315.3 del Código Penal. En aquellos días, en España y en la Comunidad de Madrid vivíamos una intensa pelea laboral y social. En 2012 llevamos a cabo más de 45.000 movilizaciones, más de 1.200 huelgas, dos huelgas generales, millones de trabajadores luchaban contra las políticas de austeridad de los recortes y… los poderes de siempre tenían que reprimir el movimiento.

Ayer nos manifestamos y exigimos en la puerta de los juzgados justicia para Rubén y Nogales, pero al mismo tiempo no podemos olvidar que el artículo 315.3 del Código Penal no está derogado y que tampoco está derogada la ley mordaza.

El desfase del Código Penal es tal, que se aplica sólo la parte que afecta a los trabajadores. Es decir, no se aplican ni los artículos 315.1, ni 315.2, por los que se puede condenar a los empresarios “que atentan contra el derecho fundamental de huelga”. Los juzgados no son nada eficaces al perseguir este delito. La evidencia es que la señora Daurella, o sea Coca Cola, fue condenada por esquirolaje empresarial, pero no se le aplica ninguno de los artículos mencionados del Código Penal.

Ayer volvimos a exigir a la Justicia que haga justicia y que se absuelva a estos compañeros, “los dos de la Lealtad”, como siempre ha ocurrido en la Comunidad de Madrid. Esta absolución es la única manera de poder sentirnos un poco más reconocidos y un poco más orgullosos de la democracia española.

Y es que estamos ante un nuevo caso de vergüenza democrática. El hecho es que el fiscal solicita siete años de cárcel y que además ha contado para ello con la testificación de catorce policías que han mal utilizado su presunción de veracidad contando mentiras en el juicio.

Ayer, como en 300 ocasiones en todo el país, junto a Rubén y Nogales quien se sentó en el banquillo fue el derecho de Huelga, una artimaña de represión que ha hecho el Partido Popular en un intento de reprimirnos, meter miedo y escarmentar a los trabajadores y trabajadoras.

Sí hay que recordar que la lucha sindical da sus frutos y que el pasado16 de mayo, coincidiendo con el debate parlamentario del artículo 315 del Código Penal, CCOO y UGT registramos en el Congreso de los Diputados una propuesta dirigida a los grupos parlamentarios para derogar los artículos 315.3 y 172 del citado Código.

La iniciativa contó con una disposición favorable del grupo parlamentario socialista, de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, de Compromís, de Esquerra Republicana de Cataluña y de PdCat. Finalmente se votó mayoritariamente la toma en consideración de la proposición presentada por Unidos Podemos para la derogación del artículo 315.3, que es el que da soporte a las condenas y sanciones contra los sindicalistas, criminalizando la acción sindical y el derecho de huelga.

Indudablemente esta fue una buena noticia. La cuestión es… ¿quién es responsable de cada tragedia personal vivida por los sindicalistas procesados?

Jaime Cedrún
Secretario general de CCOO de Madrid

Jaime Cedrún

Secretario general de CCOO Madrid

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