Sin agua no hay vida. El derecho al agua es básico y universal, por eso la vergüenza y la indignación se incrementa con lo ocurrido en Madrid con uno de sus buques insignia: el Canal de Isabel II. La desviación de fondos, el saqueo y la corrupción la han pagado los consumidores, la plantilla y fundamentalmente la propia empresa. Una empresa que era orgullo de Madrid y que tiene que volver a ser un servicio público esencial. Ante la innumerable lista de desmanes, CCOO de Madrid ha optado por presentarse como acusación particular en el caso Lezo, protagonizado por el expresidente del Gobierno regional, Ignacio González.
La primera controversia en el Canal surgió en los años 2000-2001, bajo la presidencia de Alberto Ruiz-Gallardón, quien inició el proceso de internacionalización. Fue ese el banderazo de salida a un proceso incontrolado bajo el reino de la opacidad.
Posteriormente, durante la presidencia de Esperanza Aguirre y, después de Ignacio González, el deterioro llegó a niveles inimaginables. Desapareció toda información, incluso la que se remitía al Consejo Económico y Social de Madrid.
A la par que se deterioraba la situación, aumentaba la agresión a la plantilla, que organizada en los sindicatos, comenzó a denunciar asuntos, cuanto menos, sospechosos. Tal es el caso del campo de golf o la Operación Colombia, en la que vimos a Ignacio González cargando unas bolsas de plástico que, en su opinión, eran toallas. Desde el primer momento, CCOO de Madrid participó activamente en la Plataforma en Defensa del Agua.
Ante nuestras permanentes denuncias, la respuesta del Gobierno y los entonces gestores del Canal fue la agresión. Una agresión no exenta de chulería que llevó, en 2011, a la apertura de expediente con sanción disciplinaria para un compañero y una compañera del sindicato. Su delito, calificar a Ignacio González de lo que ahora se está evidenciando. Llegados a este punto, y como el tiempo suele poner a cada uno en su sitio, exigimos que se anulen esas sanciones y que se pida disculpas a trabajadores y sindicato.
Ya en 2012, con la creación de la empresa “Canal Gestión”, se produce un impulso más intenso a la apropiación de recursos, como aparece en los sumarios de esta supuesta organización criminal. La hoja de ruta del saqueo incluía el deterioro de las condiciones laborales y de una plantilla de 2.400 personas, 800 puestos de trabajo serán de rotación permanente, con salarios un 50 por ciento inferiores a la plantilla fija.
En esos mismos momentos caen las inversiones. Los beneficios de la empresa se convierten en un botín a repartir sin que se mejoren las condiciones laborales. Las inversiones se realizarán sobre el incremento de la deuda, que asciende a 1.100 millones de euros.
Así las cosas, este atraco del que hemos sido víctimas trabajadores y consumidores, se sustanció en el empeoramiento de las condiciones de trabajo, en criminalizar a los sindicatos y en generar dudas sobre un futuro oscuro.
A día de hoy no podemos negar que, con la nueva correlación de fuerzas surgida de las elecciones autonómicas de 2015 y la llegada de nuevos gestores, se comienzan a corregir situaciones, incluida la negociación colectiva. El Canal, por tanto, tiene solución, y CCOO de Madrid va a colaborar activamente para desenmascarar a los saqueadores, tanto judicialmente siendo acusación particular, como poniéndonos a disposición de las investigaciones que se lleven a cabo desde de la Asamblea de Madrid.
Esa solución de la que hablo pasa inevitablemente por que el Canal de Isabel II deje de ser una empresa mercantil para volver a ser un ente público en el que la transparencia sea su seña de identidad. Y para reconstruir esas paredes de cristal abogamos por la creación de un observatorio del agua con representantes de trabajadores y consumidores.
Nadie puede privatizar la lluvia. El agua es un derecho universal. El agua es la vida y no podemos permitir que se convierta en un barrizal de corrupción.
Jaime Cedrún
Secretario general de CCOO de Madrid
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