En la misiva, CSIF exigía a los responsables de Justicia de la Comunidad que adoptaran "cuantas acciones técnicas sean necesarias para que no se refleje la identidad en los actos de comunicación realizados a través de GPRO y LexNET o cualquier otra herramienta informática, garantizando así la protección de los datos de carácter personal y en consecuencia la seguridad".
La Subdirección General de Servicios y Gestión de Aplicaciones respondió a CSIF y aseguró que aceptaban "algunos de los argumentos expuestos por CSIF" y reconocían que el artículo 11 de la Ley 59/2003 de Firma Electrónica recogía la "posibilidad de identificar al firmante a través de seudónimo que lo identifique de manera inequívoca". Además, aseguraron que estaban "trabajando en una modificación del proceso de notificaciones para evitar que los datos personales del funcionario sean visibles por el profesional que recibe la notificación". Modificación que "estará operativa a lo largo del mes de mayo".