Agentes de la Policía Nacional han detenido a 25 personas: funcionarios de los servicios de empleo público, empleados de la banca y gestores administrativos, entre otros. Así han desarticulado una organización que presuntamente defraudó a la Seguridad Social más de cuatro millones de euros mediante la capitalización de prestaciones de desempleo, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid. La cifra de expedientes ilícitos identificados supera los 400, formalizados entre los años 2020 y 2024, y entre los arrestados se encuentran cuatro empleados públicos y cuatro trabajadores de entidades bancarias.
La investigación comenzó en el mes de diciembre de 2022, tras detectar irregularidades en la actividad de diversos empleados dedicados a la tramitación de prestaciones de desempleo. Los arrestos se han llevado a cabo en distintas localidades de Madrid por integrar esta red dedicada a cometer fraudes al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
El análisis informático detectó el acceso injustificado a múltiples expedientes, en su mayor parte relativos a operaciones de capitalización de la prestación por desempleo, una medida dirigida a fomentar el autoempleo y que permite que los perceptores de la ayuda contributiva puedan destinar la totalidad de la prestación que tienen pendiente por percibir para sufragar los gastos necesarios para constituirse como trabajadores por cuenta propia.
La organización contaba con dos hombres que desempeñaban el rol de dirección y captación de clientes, los empleados públicos detenidos (uno de ellos perteneciente al SEPE y tres a la Dirección General del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid) que hacían seguimiento de expedientes y asesoramiento y los empleados de las entidades bancarias que controlaban a los beneficiarios y los pagos.
Denuncia en Madrid
Fuentes de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo han detallado a Europa Press que en octubre de 2022 la Dirección General del Servicio Público de Empleo puso en conocimiento del SEPE una incidencia de seguridad informática y solicitó una auditoría sobre el uso de información por parte de una empleada que estaba en ese momento de baja laboral.
Según la Comunidad, las actuaciones que realizaba se hacían de forma remota y reiterada. Además, el 89% de estas gestiones estaban vinculadas a perceptores de algún tipo de prestación o se les ha reconocido ese derecho tras los movimientos realizados por la trabajadora. Tras la auditoría y recabar la información pertinente, en diciembre de 2022 la Comunidad de Madrid interpuso una denuncia contra dicha trabajadora, haciéndose cargo de la investigación la sección de ciberseguridad de la Policía Nacional. Más tarde, el SEPE se sumó a la denuncia.
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