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23-F: Cortar los fascismos es defender la democracia

jueves 18 de febrero de 2021, 08:19h

El 23 de febrero es fecha de infaustos recuerdos golpistas en este país. Aquel intento de hedor fascista fracasó por la negativa rotunda de toda la sociedad, que empezaba a saborear el color de la libertad. Fracasó porque los partidos políticos, las organizaciones sociales, las instituciones que nacían o renacían a la democracia fueron responsables e impidieron, cediendo por todas partes, el retorno al blanco y negro del franquismo. El golpe de Tejero terminó sirviendo para lo contrario de lo que fue concebido y como subtitula el catedrático de Historia Contemporánea, Juan Francisco Fuentes, en su ensayo sobre la fecha, fue “el golpe que acabó con todos los golpes”.

La Constitución supuso una ruptura con las “leyes” franquistas. La democracia en nuestro país empezó a caminar con renovadas libertades, derechos y deberes. La paradoja es que esa transición política que se empujó por la inmensa mayoría de España tenía una pata coja.

Recientemente el periodista Lucas Marco se hacía eco del libro del historiador Glicerio Sánchez Recio, “El estigma republicano de la magistratura. La depuración franquista de los jueces”, editado por la Universidad de Alicante, donde analiza el inicio del nuevo sistema judicial franquista “inspirado en la Alemania nazi”. Resulta especialmente relevante la depuración franquista de los magistrados del Tribunal Supremo. De los 16 jueces del TS, 11 estaban incluidos en una sentencia dictada por un Consejo de Guerra en Madrid el 1 de diciembre de 1939 y contra los cinco restantes se abrieron procesos sumarísimos y expedientes de depuración de forma individual. Los magistrados tenían antecedentes como personas conservadoras por lo que, a pesar de la petición del fiscal, ninguno fue condenado a penas de prisión sino a inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos.

Bajo el franquismo España no tuvo, ni siquiera, jueces conservadores. La “Justicia” siguió su camino. Ahí tenemos infinidad de casos: Agustín Rueda, Arturo Ruiz, los asesinatos de Atocha, el caso Papus, Enrique Ruano, José Arregui, Yolanda González, los atentados de la calle del Correo, a los que se refieren Carlos Jiménez Villarejo y Antonio Doñate en su libro “Jueces pero parciales”.

El propio Carlos Jiménez Villarejo, que fue fiscal general, recordaba en un artículo hace poco más de un año que cuando el Tribunal Supremo emprendió la persecución penal del juez Garzón, por su activo compromiso en la investigación de los crímenes de la dictadura, entendió que estaba justificado afirmar que ese Tribunal había dado “un golpe brutal a la democracia”, constituyendo un “instrumento al servicio de la actual expresión del fascismo español”. Estas afirmaciones tuvieron como consecuencia un proceso penal, finalmente archivado.

También se refería Villarejo a aquel bochornoso momento en que la Justicia deniega la exhumación de los restos del genocida y criminal Francisco Franco, “jefe de Estado” desde el 1 de octubre de 2019 y así calificado también por sala 4 del Tribunal Supremo para denegar la exhumación del dictador.

No olvidemos que el Tribunal de Orden Público (TOP) se estrenó en 1963, que aplicó 3.797 sentencias hasta su disolución en 1977. Estos jueces que aplicaban las normas franquistas, herederas del modelo nazi no fueron apartados como se hizo con los jueces que ejercieron durante la República, incluidos los conservadores. De hecho, 10 de los 16 jueces que tuvieron plaza en el TOP ascendieron en democracia al Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional.

Las Comisiones Obreras hemos vivido en primera persona muchas decisiones judiciales increíbles. La última ha sido la excarcelación del pistolero fascista Carlos García Juliá, que participó directamente en los asesinatos a los abogados de Atocha el 24 de enero de 1977. La costra ultra pervive año tras año en la carrera judicial y es muy complicado levantarla. A la carrera judicial se llega tras haberse licenciado en Derecho. A partir de ese momento son necesarios, al menos, tres años para presentarse a una oposición y aprobar para ser un juez “de carrera”. Ni que decir tiene que para ser magistrado o magistrado del Tribunal Supremo se requiere más tiempo y demostrada experiencia, salvo contados casos, como Manuela Carmena, que accedió a través del “cuarto turno”. Se trata de juristas de prestigio a los que se les exige una experiencia mínima de 10 años y superar un curso en la Escuela Jurídica.

Es decir, para ingresar en la judicatura hay que tener bien cubiertas las espaldas, pues es prácticamente imposible estudiar y trabajar a un tiempo. Un mundo endogámico, poco oreado, inaccesible para hijos o hijas de trabajadores. La fórmula para que se ventile la judicatura es promocionar la profesión y facilitar el acceso a los estudios mediante becas. Si no, ahí van a estar siempre los mismos herederos de tiempos pasados.

Personajes que ahora se dedican a ser tertulianos y que como el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), José Luis Concepción, consideran que “la democracia de un país se pone en solfa desde que el Partido Comunista forma parte del Gobierno”. Jueces que siguen oliendo al TOP.

Hace sólo cinco años, el 23-F de 2017 actitudes judiciales en connivencia con policiales, nos devolvían a aquellos tiempos de persecución sindical amparada en leyes con hedor a viejos tiempos. Aquella fecha tuvo lugar el juicio montaje contra el compañero de Coca Cola, Juan Carlos Asenjo, en aquellos tiempos en que fueron procesados más de 300 sindicalistas de CCOO y UGT.

Esté donde esté, el fascismo debe ser cortado de raíz porque el mundo sabe de lo que es capaz. Estos días, en Madrid, nos hemos encontrado con la anual conmemoración de la batalla de “Krasny Bor”, que libró la Alemania nazi junto a la División Azul contra la Unión Soviética. La marcha, convocada por Juventud Patriota de Madrid, concluyó con un “acto homenaje a los caídos” en el Cementerio de la Almudena. La voz cantante del acto era una joven que proclamaba: “el enemigo siempre va a ser el mismo, aunque con distintas máscaras: el judío”. La nazi continúa afirmando: “Porque nada más certero que esta afirmación: el judío es el culpable, el judío es el culpable y la División Azul luchó por ello”.

Además, el acto contó con un oficio religioso ante el monolito que recuerda a la División Azul en el Cementerio de la Almudena, durante el cual un sacerdote aseguró que “el marxismo, igual que ayer (...) sigue intentando turbar la paz de la sociedad, turbar la paz de los espíritus y, sobre todo, quitar al que es el príncipe de la paz, nuestro señor Jesucristo”.

Propagar, difundir mentiras, bulos, injurias, calumnias…, alentar el nazismo no es libertad de expresión, es atacar la democracia como bien sabemos en Europa y particularmente en España.

Jaime Cedrún

Secretario general de CCOO Madrid

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